Referentes de distintos espacios opositores cuestionaron ayer el requisito que establece la reforma del Consejo de la Magistratura para presentar candidatos a ese cuerpo en frentes electorales, al considerar que es una "maniobra para profundizar la fragmentación y dificultar su organización".
Dirigentes del PRO, la UCR, el peronismo disidente y la Coalición Cívica se quejaron de la norma que obliga a todos los partidos que quieran compartir candidatos al Consejo a integrar un frente electoral exactamente igual en al menos 18 de los 24 distritos del país.
Este proyecto de ley, uno de los seis que conforman el paquete de reforma judicial impulsado por la Casa Rosada, establece que la cantidad de miembros del Consejo de la Magistratura —el órgano encargado de seleccionar y nombrar jueces— pasará de 13 a 19 y, además, que estos pasarán a ser elegidos por el voto popular directo, cada cuatro años, en elecciones nacionales.
De ser aprobada la ley en el Congreso, según varios dirigentes consultados, causaría complicaciones a la oposición porque hay partidos que integran frentes en algunas provincias con agrupaciones a las que enfrentan en otros distritos.
El PRO, por ejemplo, en Tucumán integra una coalición con el radicalismo y en Santa Fe lo enfrenta, porque en la provincia la UCR conforma el Frente Cívico y Social con el socialismo, que no incluye al macrismo.
"El PRO tiene personería nacional, porque tiene representación en 21 de los 24 distritos. Pero al margen de eso esta ley desde el punto de vista político nos parece una maniobra para impedir que la oposición se organice", aseguró Humberto Schiavoni, apoderado del partido de Mauricio Macri.
"Estamos en contra de todas las maniobras o artilugios que tiendan a consolidar el proyecto hegemónico del oficialismo", definió el representante partidario.
El radicalismo también cuestionó el proyecto de ley y estimó que el objetivo del oficialismo es impedir que la oposición presente candidatos consensuados a consejeros.
"Esta exigencia es un beneficio para el oficialismo, que de esta manera impide que la oposición presente una lista única con candidatos consensuados a consejeros, como juristas de prestigio indiscutidos que aglutinen el aval de toda la oposición", sostuvo el senador radical José Cano.
Contradicciones. El legislador tucumano planteó que "es contradictorio que hablen de democratizar la Justicia y, a la vez, impongan cláusulas restrictivas como esta".
A la vez, sostuvo que, pese a que el radicalismo es una fuerza nacional, integra frentes y también sufrirá dificultades para presentar candidatos a consejeros.
"Se trata de garantizar la participación en la elección de la mayor cantidad de actores posibles, no de restringirla", subrayó Cano.
Los dirigentes consultados, de todas maneras, sostuvieron que la ley, una vez vigente, correrá el riesgo de ser impugnada judicialmente porque, según señalan, el Consejo de la Magistratura es un instituto que figura en la Constitución nacional, que establece la forma de elección de sus integrantes: los representantes del Congreso, designados por los propios diputados y senadores, y los de los estamentos de abogados, jueces y académicos.
"Seguramente va a haber muchas presentaciones (judiciales) y en algunas de ellas quizás participemos", anticipó el diputado denarvaísta Gustavo Ferrari.
A su turno, el legislador porteño de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez, señaló: "Esta ley determina la elección por voto popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura y, por lo tanto, es violatoria de la Constitución, que establece específicamente la forma de elección de sus miembros".
"Además, es una maniobra vulgar del kirchnerismo para poder elegir quiénes serán sus adversarios", señaló Sánchez, en alusión a que la iniciativa supuestamente beneficia a los dos partidos mayoritarios, el PJ y la UCR, que tienen representación en los 24 distritos.
"Vamos a presentar acciones judiciales. Estamos estudiándolo con constitucionalistas", advirtió el legislador de la ciudad de Buenos Aires y afirmó que la ley supone un "cierre de las ofertas electorales".
En el Frente Amplio Progresista (FAP), el gobernador de Santa Fe, el socialista Antonio Bonfatti, se quejó y sostuvo que "hay un solo partido que podrá presentar candidatos a consejeros, que es el PJ".
"(El FAP) no puede hacerlo porque cuenta con otras denominaciones en el resto del país", planteó el mandatario en una entrevista a LaCapital.
El plazo para la presentación de los frentes electorales que competirán en la elección de octubre vence el 10 de junio.
Por Matías Petisce