El diputado provincial Eduardo Toniolli (PJ-Movimiento Evita) expresó su discrepancia con el rumbo de la investigación que los fiscales del nuevo sistema penal imprimen a la causa que busca establecer la circunstancias de la apertura de la computadora portátil de Luis Medina, el hombre con vínculos con el narcotráfico asesinado en la zona sur de Rosario junto a su novia el 29 de diciembre de 2013.
"Desde el inicio de la causa encontramos un rechazo sistemático de los fiscales a hacerse cargo de la acción penal ya que estuvieron un año y medio dando vueltas hasta que no les quedo mas remedio que hacerlo", alegó el legislador. "Ademas advertimos animosidad porque discutieron nuestro rol hasta que fuimos aceptados como querellantes. Trataron de desacreditar la actuación de nuestro representante legal, Rubén Chiavaza, diciendo que se llevo tres audios de las entrevistas a los policías que fueron informales. Las entrevistas no tienen valor en sí mismo. Convocaron a más de 15 policías, que en muchos casos no tienen nada que ver con el tema de la Mac. Cumplieron una función lateral en la investigación de la muerte de Medina, pero no participaron en el tema de la Mac. Chiavazza participó de esas entrevistas", adujo Toniolli.
Los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos Sebastián Narvaja y Adrián Mac Cormack convocaron a más de una docena de policías para determinar si hubo delitos en la apertura de la Mac Ultrabook de Medina. Junto a Toniolli, sus colegas de bancada Gerardo Rico y Mariana Robustelli consideran que los funcionarios Javier Echaniz y Martín Degrati, de la secretaría de Tecnología para la Gestión, dependiente del Ministerio de Gobierno, deberían ser imputados. "Advertimos una demora adrede de los fiscales para llegar a una audiencia imputativa. Con relación al fondo de la cuestión dicen que no hay delito porque la computadora fue enviada a Santa Fe para ser peritada por una orden judicial, pero nosotros no hablamos de ese momento. Nos referimos a cuando dos funcionarios intervinieron en la Mac. Una pericia demostró que se metieron y se quedaron con claves de mail, captura de pantalla y copia de informacion sin autorización", sostuvo Toniolli.
El diputado señaló que "quedó reflejado que se metieron adentro de la computadora en el inicio de la sesión y que tuvieron acceso a la información antes que hubiera una orden judicial que los habilitara. Hubo una orden de allanamiento del juez Gustavo Pérez de Urrechu para allanar el hotel del City Center. Entonces se remitió la Mac a la Jefatura, fue precintada y quedó en el deposito judicial, pero a la tarde se presentaron los dos funcionarios y comenzaron a trabajar en la computadora. Despues llegó la fiscal María Iribarren y planteó que se mandara a Santa Fe. Lo que respondieron los fiscales no tiene nada que ver con la denuncia que presentamos. Responden por un horario posterior al que se cruzaron estos funcionarios sin orden judicial".
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