Un tercer integrante de la banda que robó las oficinas de la empresa Rosario Bus en abril pasado, de donde se alzaron con un botín de 600 mil pesos, quedó ayer en prisión preventiva imputado como coautor de robo calificado. Al hombre lo detuvieron el miércoles luego de que, según la acusación, una ex pareja ofreciera datos sobre su paradero y lo vinculara con el hecho. El acusado dijo desconocer que estaba sospechado y que lo buscaba la Justicia, porque de lo contrario se hubiera presentado espontáneamente. En la causa ya hay dos hermanos condenados.
Un hombre de 33 años identificado como Ezequiel Aníbal R., de profesión chapista de autos, transitó ayer por una audiencia donde el fiscal de la Unidad de Investigación y Juicio Fernando Dalmau lo acusó de integrar la gavilla que el 24 de abril concretó un audaz y violento robo en las oficinas que la empresa de transporte Rosario Bus posee en Villa Gobernador Gálvez.
Aunque el acusado negó tener sobrenombre o apodo alguno, según el fiscal a Ezequiel R. lo apodarían "Kelo". Describió que fue mencionado en registros de escuchas telefónicas ordenados al entorno de la banda y, aunque restan pericias técnicas para identificarlo, sería una de los tres ladrones que el día del atraco quedó filmado en las cámaras de vigilancia de las oficinas de Rosario Bus.
Además de las "tareas investigativas de calle" que ya lo tenían señalado como sospechoso, la suerte de Kelo quedó sellada cuando una mujer realizó el lunes pasado un llamado anónimo al 911 para aportar datos precisos de su paradero, y lo vinculó con el atraco.
Se trata de una ex pareja del acusado, con quien tiene un hijo en común, y que además tiene relación con los hermanos Emanuel y Maximiliano Olivera, acusados de concretar el robo y que a mediados de octubre fueron condenados en un juicio abreviado a 3 años de prisión efectiva y en suspenso respectivamente.
En la red. Para sustentar su imputación y el vínculo con el resto de la banda, el fiscal pesquisó las redes sociales (Facebook) de los condenados y su entorno. Y reseñó que uno de los hermanos Olivera publicó una foto con Kelo donde posteó un comentario donde se lee: "Alta foto con mi cumpa".
El imputado hizo uso de la palabra y negó tener el sobrenombre que le asignó Dalmau, y un perfil de Facebook, aunque reconoció su relación con los hermanos Olivera. "Desconozco el hecho que me imputan. Tengo una vida normal, de trabajo", dijo tranquilo.
Por una cuestión de economía procesal, el fiscal propuso a la jueza Marcela Canavesio una medida de reconocimiento de fotos de la captura de pantalla de las filmaciones de robo. Los abogados Mariano Scaglia y Hernán Tasada se opusieron, pero la jueza lo autorizó.
Cuando el fiscal abrió el expediente y se arrimó al estrado para exhibirle la foto, el imputado no se reconoció en el registro. Igualmente, el funcionario lo acusó como coautor de robo doblemente calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no se pudo acreditar, por haberlo cometido en poblado y en banda, y solicitó la prisión preventiva.
La defensa. A su turno, los defensores se opusieron a los argumentos del Ministerio Público. Scaglia remarcó que, en tren de conjeturas, no hay elementos para vincular a Ezequiel con el hecho. "Son escuchas de terceros que mencionan a nuestro cliente. Nunca lo notificron de que era requerido por la Justicia, sino se hubiera presentado espontáneamente".
El abogado pidió que se profundice la investigación porque muestra "insuficiencia de elementos probatorios". Y recalcó que no tiene antecedentes penales ni condenas. "Tiene su trabajo y una familia" dijo el abogado, tras lo cual solicitó la morigeración de la medida cautelar por un arresto domiciliario.
Sin embargo la jueza le dio crédito a la hipótesis fiscal y a la calificación legal quLe dan se escogió. Tras rechazar el pedido de la defensa ordenó la prisión preventiva sin plazos de Ezequiel Aníbal R.
"La evidencia sustenta la apariencia de responsabilidad, algo que la defensa no logró contradecir", evaluó Canavesio al considerar que se trató de un hecho "violentísimo y gravísimo".
En el caso hay otras dos personas imputadas, pero sobre las cuales aún no hubo resolución judicial. Se trata de Juan Carlos C., un remisero de 40 años; y Guido H., empleado de una panadería, de 27 años.
