"Es necesario fortalecer los instrumentos de acceso a la información pública ambiental y de participación ciudadana para afianzar el paradigma de la sustentabilidad que garantice el derecho ambiental", destacó Anselmo Sella, titular de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Desde no hace más de 30 años comenzó a preocupar el deterioro del planeta, víctima de las políticas extractivas y consumistas. A los ecologistas se les sumaron organizaciones sociales y entidades del Estado para proteger y controlar el desarrollo, pero articulando factores biológicos, económicos y sociales, en políticas sustentables.
Sella indicó a La Capital que trabajan en "el plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo y la del Salí-Dulce, los reclamos para reclasificar los agrotóxicos, la aplicación de la ley nacional de bosques y la defensa de usuarios afectados por precarios servicios públicos, entre otros".
Señaló: "En el artículo 86 de la Constitución se indica que la Defensoría es un órgano independiente, autónomo, y que el defensor es designado por el Congreso Nacional. Sólo por el tema presupuesto y por los informes anuales que elevamos estamos en el ámbito del Congreso. La figura del ombudsman nació en el derecho sueco para evitar los abusos e ilegalidades cometidas por el Estado".
Resaltó que el artículo 41 de la Constitución consagra el derecho a un ambiente y desarrollo sano: "Hay que preservar el ambiente para las actuales y las futuras generaciones". El abogado remarcó que los bienes colectivos y los derechos al patrimonio cultural "tienen una dimensión económica y social. Investigamos el uso de agrotóxicos y el impacto de la minera La Alumbrera".
Legitimidad procesal. Para cumplir con su función, resalta "la Defensoría tiene legitimación procesal, está habilita para iniciar acciones judiciales y que sea reparado un daño".
Sella explica que intervienen en "conflictos por discriminación, maltrato, condiciones de detención en prisiones y derechos a la identidad de bebés dados por sus padres, la temática previsional, pensiones, obras sociales, hospitales, Pami, prepagas, servicios públicos y los derechos de los usuarios".
En tanto, el jueves último Sella remarcó las obligaciones de los Estados para garantizar los derechos de los pueblos originarios al participar en un seminario organizado en Resistencia, junto a miembros de comunidades ancestrales.
La Defensoría cuenta con 230 empleados en todo el país, de los cuales 190 trabajan en Buenos Aires. "Hay biólogos, ingenieros, abogados, ambientalistas, médicos, asistentes sociales y especialistas en información. También se realizan convenios con universidades, organizaciones sociales e institutos, y promovemos la participación de la comunidad para enfrentar los conflictos", sostiene Sella.
