Mañana, a partir de las 17, familiares de las víctimas muertas por balas de agentes de fuerzas de seguridad marcharán pidiendo justicia por la saga de casos sin resolver y así se sumarán a la movida que a nivel nacional organiza la Multisectorial contra la Violencia Institucional. Estarán acompañados por organizaciones sociales, políticas, académicas, sindicales, culturales y de Derechos Humanos con las cuales unirán los Tribunales provinciales y la sede local de la Gobernación.
El evento se registrará a sólo tres días de que la ciudad recordara con impotencia y bronca el primer año de la masiva marcha "Rosario sangra" y que reclamó justicia, el 25 de agosto de 2016, por la saga de homicidios no esclarecidos por los investigadores, los mismos que tienen en sus escritorios los expedientes con víctimas caídas a manos de uniformados.
En un documento dado a conocer ayer por la Multisectorial contra la Violencia Institucional, se sostiene que "sumarán las voces, desde distintas ciudades del país, para exigirle al Estado que deje de detener arbitrariamente, de hostigar, de requisar, de humillar, de golpear, de manosear, de maltratar, de armar causas, de torturar en cárceles y comisarías, de ejecutar y desaparecer a jóvenes".
En ese marco recuerdan que en Rosario "la historia reciente muestra la profundización de estas prácticas", y que desde el año 2013, cuando se registró un récord de homicidios, "se intensificaron los casos de gatillo fácil". Y por eso piden "visibilizar y construir justicia por Franco Casco, Gerardo «Pichón» Escobar, Jonatan Herrera, Carlos Godoy, Jonatan Ojeda, Brandon Cardoso, Alejandro Ponce, Maximiliano Zamudio, David Campos, Emanuel Medina, María de los Ángeles Paris, Alexis Berti, Michel Campero y tantos otras víctimas de la violencia institucional".
Según la Multisectorial, "cada 25 horas el Estado mata a un pibe", y dice que esa práctica "no trata de casos aislados sino que son prácticas sistemáticas, extendidas en el tiempo y focalizadas hacia los y las jóvenes de sectores populares realizadas por las policías, el Servicio Penitenciario y las fuerzas de seguridad nacional; todo eso permitido, avalado y/o generado por los responsables políticos de los diferentes niveles de gobierno".
Al mismo tiempo, dicen los convocantes a la marcha, "esas prácticas son sistemáticamente negadas. Prácticamente ningún área estatal produce información sobre el tema ni implementa políticas adecuadas para su prevención, detección y sanción, así como para garantizar el acceso a la Justicia a las víctimas y sus familiares, lo que involucra a los tres poderes del Estado tanto a nivel nacional, provincial como local".
Responsabilidades
La Multisectorial no duda en sostener que "el Poder Ejecutivo es responsable por la actuación de la policía, del Servicio Penitenciario y de las fuerzas de seguridad y sus prácticas abusivas; y por la sobrecriminalización, especialmente, de jóvenes de sectores populares. Asimismo, por no contar con políticas adecuadas para su detección, prevención y sanción".
Así remarcan que "el gobierno de Santa Fe es responsable de la creación de una fuerza de choque como la Policía de Acción Táctica (PAT) que tuvo su bautismo de fuego con el fusilamiento de Jonatan Herrera (el 4 de enero de 2015 en bulevar Seguí y Ayacucho) y que ejecutó dos años después a David Campos y Emanuel Medina (tras una persecución que terminó en Callao al 5700)".
"Los sucesivos ministros de Seguridad avalaron las versiones policiales, dieron por vivo a Franco Casco, por ejemplo, cuando ya había sido asesinado y arrojado al río Paraná (en agosto de 2015) y justificaron el accionar de las fuerzas a su cargo".
A su vez, sostienen que "el Poder Judicial es responsable por la inadecuada e insuficiente respuesta de los jueces y de los fiscales en la investigación y sanción de estos graves delitos ya que en casi todos los casos avalan el relato policial y permiten que los uniformados involucrados realicen las primes actuaciones posibilitando la alternación del escenario de los hechos, como plantar armas, esconder pruebas y amedrentar testigos tal lo ocurrido en la reciente ejecución de David Campos y Emanuel Medina".
Para la Multisectorial, los poderes estatales "focalizan sus esfuerzos en investigar a las víctimas y sus familias en vez de a los victimarios; otras investigaciones directamente no se trabajan, como ha quedado en evidencia con los pedidos de archivo de las causas de Maximiliano Zamudio, Alejandro Ponce y Carlos Godoy, impedidos por la lucha de sus allegados. En otras se incumplen las reglas básicas para la adecuada investigación, como en el caso de María de los Ángeles Paris, que no fue investigada como una muerte en custodia".
Sobre el poder Legislativo los convocantes a la marcha sostienen que "es responsable por la producción y sanción de leyes que permiten el avance de la llamada «mano dura» y por la no creación de mecanismos de prevención como el Mecanismo Provincial Contra la Tortura".
Finalmente, la Multisectorial expresa que "la violencia estatal, que es una de las deudas más importantes de nuestra democracia, se recrudece actualmente en un contexto político, social y cultural que avala y habilita cada vez más decididamente estas prácticas represivas y violatorias de los Derechos Humanos". Y apunta al gobierno nacional por "reprimir la protesta social, intentar dejar en libertad a los represores de la última dictadura cívico-militar, implementar políticas de seguridad más punitivas ante el fuerte consenso represivo extendido y consolidado socialmente que legitima el accionar del Estado y genera umbrales de tolerancia social de la violencia cada vez más altos".
