Por La Capital he tomado conocimiento de que en virtud de la persistencia de la protesta y lucha de sectores sociales postergados en la búsqueda de reinvindicar sus derechos sociales básicos, que hacen a la supervivencia, una fiscal de la Justicia provincial manda al organismo de Seguridad a garantizar el ingreso del personal de la Ansés (que tiene acceso sin restricciones) e identificar mediante fotografías y filmaciones a los acampantes. Aparte de judicializar la protesta social, la señora fiscal (de ser ciertas las medidas ordenadas) no sólo pretende intimidar a quienes luchan por lo que les corresponde y que es responsabilidad del mismo Estado garantizarles, sino que con su inocencia o desconocimiento no ha advertido que los servicios de inteligencia nunca fueron desactivados en nuestro país y ni siquiera han abierto los archivos históricos para las organizaciones de derechos humanos, a pesar de las promesas del gobierno "nacional y popular", y que dichas fotografías y filmaciones pasarán a integrar los archivos de dichos organismos, que tarde o temprano podrían ser utilizados por grupos de tareas u organizaciones que siempre están listos para ofrecer sus servicios a los entregadores y saqueadores de la soberanía nacional. Nuestra historia es testigo de un pasado en que, ante el avance de los pueblos, se implementaron aniquilamientos y genocidios de los dirigentes y luchadores más notorios. Es por ello que le pido a la fiscal que desista y revise dicha medida, e intime a los que deben resolver la situación de indigencia de la población para que tomen en forma inmediata las medidas conducentes, bajo apercibimiento de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
