Un agente de la policía santafesina afincado en Esperanza y en disponibilidad desde hace dos años fue denunciado por estafar a varios colegas de la fuerza a los que les cobraba importantes sumas de dinero a cambio de "favores" que nunca se concretaban. El expediente lo lleva adelante la Secretaría de Control de las Fuerzas de Seguridad de la provincia, bajo conocimiento del fiscal santafesino Gustavo Urdiales, y ya se ordenó a la División Judiciales de la Jefatura el inicio de un sumario administrativo y la destitución del uniformado.
La investigación se inició los primeros días de esta semana cuando una agente que trabaja en el destacamento que la Policía Comunitaria tiene en el barrio Toba de avenida Sabín y Juan José Paso se presentó ante la División Personal de la Jefatura para preguntar en qué situación se hallaba su gestión de traslado a la ciudad de Santa Fe, de donde es oriunda y en donde radica su familia. Entonces le dijeron que en esa oficina no había ningún pedido de traslado a su nombre, por lo que la chica contó con lujos de detalles la maniobra de la cual había sido víctima. Ante eso le sugirieron que hiciera la denuncia en la Dirección de Asuntos Internos de la fuerza.
Una oferta. La joven policía relató que días antes había recibido en el destacamento en el cual presta funciones a dos agentes del Comando Radioeléctrico que se acercaron para dar cuenta y dejar asentado que estaban patrullando la zona y que se puso a charlar con uno de ellos contándole de sus deseos de ser trasladada a Santa Fe ya que su padre está enfermo y quería estar cerca de su familia. Ese policía, que ya está identificado, le dijo que ese trámite era "sencillo pero costoso" y que él conocía a un alto jefe al que pagándole 35 mil pesos le gestionaba el cambio de destino rápidamente.
Dos días más tarde la mujer recibió un llamado a su celular de una persona que se identificó como el comisario mayor Raúl Ardiles (quien fuera subjefe de policía de la provincia ya retirado) y le dijo que la iba a llamar de su parte un oficial de apellido Bauman para encargarse de su trámite, pero la condicionó a que "ésto quede en secreto porque sino, en vez de ir a Santa Fe vas a quedar en disponibilidad".
"Indudablemente que todo éstos fueron nombres y apellidos utilizados al azar y que los nombrados nada tienen que ver con la maniobra que se investiga", aseguró en diálogo con La Capital Ignacio Del Vecchio, titular de la Secretaría de Control de las Fuerzas de Seguridad de la provincia.
Así se llegó al viernes de la semana pasada cuando la agente en cuestión, en compañía de un colega en su misma situación y de acuerdo a lo convenido, se reunieron con el supesto agente Bauman en la plaza España de la ciudad de Santa Fe, donde le entregaron "35 mil pesos en efectivo cada uno y las fotocopias de la credenciales policiales" tal lo pedido para el trámite.
Los estafadores, un hombre y una mujer jóvenes, dijo Del Vecchio, "llegaron en un Peugeot 307 negro con vidrios polarizados y la escena fue filmada en forma disimulada por el compañero de la agente estafada por lo que se contó con una primera prueba de lo acontecido, aunque en la grabación no se distingue la cara del presunto policía y la patente del vehículo". Sin embargo, una cámara de videovigilancia de la Municipalidad de Santa Fe instalada en la plaza echó luz sobre esos datos y los investigadores salieron a buscar el Peugeot 307.
En Esperanza. Así se supo que el vehículo estaba registrado en Esperanza, ciudad cuyo prefijo telefónico coincidía con el número desde el cual llamaron a la agente para combinar la forma y el lugar de pago. Entonces una brigada de investigadores se fue a esa ciudad del departamento Castellanos y "tras un breve trabajo de campo" llegaron a la casa del suboficial Juan Marcelo M., de 28 años, donde estaba el Peugeot 307 en el que se movían los estafadores.
Con una orden de allanamiento librada por la Justicia provincial, los pesquisas entraron el jueves a la casa en cuestión y encontraron tres celulares (uno de los cuales fue utilizado para concretar la estafa), 229 mil pesos en efectivo que provendrían de otras maniobras similares y la vestimenta que usaba el policía el día que le cobró los 35 mil pesos a la damnificada.
Según Del Vecchio, el oficial Juan Marcelo M. se encontraba en disponibilidad desde 2013 por un hecho de características similares. Fue después de que lo denunciaran por "cobrar 10 mil pesos a un civil para hacerlo ingresar sin exámenes previos al Instituto de Seguridad Pública de la provincia, donde se estudia para ser policía".
"Ayer estuve con el fiscal y le solicité que más allá de los trámites administrativos que nosostros realizamos al interior de la fuerza y que apostamos lleve a su destitución, se secuestre el vehículo de este hombre, se tome declaración testimonial a quien le vendió el Peugeot 307 y a la concubina del mismo, quien presta servicios en la comisaría 6ª de Rosario". Además, explicó el funcionario, "el policía todavía no está imputado pero la acusación será la de estafa", y adelantó que "una vez que el hecho tomó estado público se presentaron al menos otras cinco denuncias similares que ahora están siendo investigadas".
Absolvieron en juicio oral a tres acusados de un crimen
Un matrimonio y un vecino que fueron sometidos a juicio oral por el crimen de Daniel Casas fueron absueltos por decisión unánime del tribunal. Si bien los tres acusados llegaron al debate como coautores de un crimen ejecutado en un "plan conjunto", al final la fiscalía retiró la acusación a la pareja, que sólo quedó implicada de lesionar a un amigo de la víctima en la misma pelea con trágico final. En su fallo los magistrados consideraron que ese delito no quedó demostrado y, además, desligaron al único acusado del homicidio por el beneficio de la duda. De esa manera los tres recuperaron la libertad.
Fiesta, pelea y muerte. El fallo fue dado a conocer ayer por los jueces Carlos Leiva, Héctor Núñez Cartelle y Alejandro Negroni en el final del juicio que se inició el 2 de noviembre contra tres vecinos del humilde barrio La Paloma, frente al Parque Regional Sur. El 7 de julio de 2014, en una casilla de Batlle y Ordóñez y Hungría, fue asesinado de un disparo Daniel Casas, de 28 años. Fue después de una discusión en una fiesta de cumpleaños que, según la acusación, continuó en su casa cuando los acusados irrumpieron con palos y un arma de fuego.
Mariano Enrique, un tatuador profesional; su pareja Maira Ojeda, ama de casa y diseñadora de dibujos; y su vecino Germán Ponce, llegaron a juicio como coautores de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con lesiones a un amigo de la víctima. Si bien la fiscalía consideraba a Ponce como el autor del disparo, acusó a todos de cometer un "plan conjunto".
En los alegatos iniciales los fiscales Adrián Spelta y Ademar Bianchini pidieron 20 años de prisión para Ponce, 18 para Enrique y 15 para Ojeda debido a los elementos usados por cada uno de ellos en la agresión: un arma de fuego, los puños y un palo, respectivamente. Pero en los alegatos de cierre del juicio, en virtud de la prueba producida, modificaron los pedidos respecto del matrimonio: un año y medio de prisión efectiva para Ojeda y 2 de prisión efectiva para Enrique por lesiones; mientras que sostuvieron la solicitud de 20 años para Ponce.
Los defensores de la pareja, Rodrigo Mazzuchini y José Ferrara, pidieron la absolución de sus clientes. En tanto el abogado de Ponce, Pablo Tojo, cuestionó el monto de la pena y la figura legal requeridos.
El fallo. Finalmente, en forma unánime los jueces absolvieron a Ojeda y Enrique por el delito de lesiones "por falta de acreditación de los presupuestos formales y materiales de la figura endilgada". En cuanto a Ponce, por el mismo motivo quedó desligado de las lesiones mientras que fue absuelto del homicidio "por estricta aplicación del principio de in dubio pro reo (la duda favorece al reo)". Y dispusieron la "inmediata libertad" de los tres.
En el juicio la fiscalía planteó que el crimen fue el desenlace de una discusión iniciada más temprano. Aquel 7 de julio la víctima acompañó a su amigo Javier Enrique (hermano de uno de los acusados) al cumpleaños del padre de éste, en Villa Gobernador Gálvez. En tanto, Mariano había ido a la reunión con su esposa y los dos hijos de la pareja, de 3 y 8 años.
Quienes asistieron a la fiesta y también la pareja imputada contaron que el nene más chiquito cometió una travesura y quemó con un palo la campera del invitado, lo que provocó una indignada reacción de los dos amigos que estaban "borrachos". Los hermanos Enrique ya arrastraban problemas de relación y esa noche tuvieron una fuerte discusión que terminó cuando Javier y su amigo se retiraron de la casa.
En cambio Maira y Mariano se quedaron hasta las 23. Antes de volver a su casa dejaron a sus hijos con una abuela porque temían volver con ellos al barrio, donde sabían que se encontrarían con Javier ya que vivían en casillas vecinas. En el camino Enrique se encontró con su vecino Germán Ponce y le pidió que lo acompañara.
Según la acusación, al llegar al barrio los tres entraron a la casilla donde dormía Casas "para darle muerte. Lo golpearon y después le dispararon con un arma de fuego, los tres en conjunto". La víctima recibió un disparo a muy corta distancia y quedó tendida en un patio. Su amigo Javier contó que al escuchar los gritos salió y se encontró a Maira, Mariano y Germán alrededor del cuerpo, éste último con un arma en la mano y ella con un palo. Pero ese testimonio y otras pruebas no bastaron y el juicio terminó con los tres implicados absueltos.
