El presidente catalán Artur Mas fue imputado ayer por organizar en 2014 una consulta simbólica sobre la independencia, una decisión denunciada como un "juicio político" por los independentistas que quieren emprender la secesión de España tras su victoria electoral. "Estamos ante un juicio político", dijo la portavoz de su gobierno regional, Neus Munté, en una rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo en Barcelona. "Hay enorme anomalía democrática en la fiscalía general del Estado y el gobierno español para querellarse contra un presidente escogido democráticamente (...) por haber puesto las urnas y escuchar la voz del pueblo", denunció.
Mas tendrá que declarar en el Tribunal Superior de Cataluña (TSJC) el 15 de octubre. Si la causa sigue adelante, se enfrenta a penas de suspensión e inhabilitación de hasta 10 años. El ministro de Justicia español, Rafael Catalá, desveló que el TSJC decidió imputar a Mas antes, pero el anuncio se postergó hasta ahora para no interferir en las elecciones catalanas del domingo.
Usurpación de funciones. La fiscalía se querelló contra Mas por desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones en la organización de la consulta sin valor legal del 9 de noviembre pasado, en la que participaron 2,3 millones de catalanes, de los que casi 1,9 millón votó por la independencia. Ayer, el juez instructor fijó para el 15 de octubre la declaración de Mas, que podría ser inhabilitado en caso de condena.
En las elecciones regionales del domingo último, presentadas como un plebiscito a favor o en contra de la independencia de la región, los partidos independentistas consiguieron la mayoría absoluta del Parlamento regional (72 sobre 135 escaños) aunque no alcanzaron el 50 por ciento de los votos (47,8 por ciento).
Aun así, se consideran legitimados para emprender el proceso que llevara a constituir en 2017 una república independiente en esta rica región del noreste de España con 7,5 millones de habitantes.
Esta imputación "es la mejor demostración de porqué tenemos que ser un país independiente", aseguró el líder del partido independentista ERC (izquierda), Oriol Junqueras. Esta formación, junto al partido conservador de Mas (CDC), forman la coalición Junts pel Sí, vencedora de las elecciones del domingo. La querella se dirige también contra dos miembros de su antiguo ejecutivo implicados en la organización de esta consulta, en la que se invirtieron medios públicos.
"Estado demofóbico". Su ejecutivo, que desde 2012 pedía la organización de un referéndum de autodeterminación denegada por el gobierno español de Mariano Rajoy, impulsó esta votación, a pesar de que el Tribunal Constitucional la había prohibido de forma cautelar para estudiar su legalidad, cuestionada por el Ejecutivo central. En junio, esta corte certificó su ilegalidad argumentando que un gobierno regional no puede organizar cualquier tipo de consulta sobre cuestiones que superen sus competencias como la integridad territorial del país.
Al no poder organizar un referéndum legal, Mas anticipó las elecciones regionales del último domingo para convertirlas en una especie de plebiscito a su plan para separar Cataluña del resto de España en 2017.
Su coalición obtuvo 62 escaños, por debajo de la mayoría absoluta del Parlamento regional (68), por lo que necesitarán del apoyo del partido de izquierda radical independentista CUP, que consiguió diez diputados. Esta dependencia puso en peligro la continuidad de Artur Mas como presidente, dado que la CUP se mostró contraria a darle su apoyo por las políticas de austeridad aplicadas por su Ejecutivo durante la crisis. Esta pequeña formación mostró su solidaridad. "Estamos ante un nuevo ataque contra las instituciones de un país por parte de un Estado demofóbico", dijo el partido en un comunicado, advirtiendo que "la desobediencia vivida el 9 de noviembre será una práctica habitual de ahora en adelante".
Crucial votación. Las negociaciones entre ambas formaciones deberían empezar en las próximas horas en vistas a escoger un presidente regional en la primera sesión de votación, programada como máximo en treinta días hábiles después de las elecciones. Mariano Rajoy repitió insistentemente que defenderá la "legalidad" y no permitirá la ruptura del país. Para ello, su formación, el Partido Popular (conservador), con mayoría absoluta, presentó una controvertida reforma urgente del Tribunal Constitucional.
La ley, que se debatirá mañana en el Parlamento nacional, permitiría al tribunal suspender a cualquier autoridad pública que desobedeciera y, en "caso de incumplimiento notorio", encomendar al gobierno central sustituirla en sus funciones.
