Funes.— La Justicia hizo lugar a un recurso y ordenó al municipio de esta ciudad a desmantelar una antena de telefonía celular, que desde 1996 está funcionando sin habilitación y en infracción a decretos, una ordenanza y a una ley provincial, y pese a vanas intimaciones, sanciones y multas por miles de pesos aplicadas por el gobierno local.
El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de la Tercera Nominación a cargo de Hernán Gonzalo Carrillo, hizo lugar a un recurso contencioso administrativo radicado por Carolina Rolfo contra el municipio de esta ciudad, por el cual éste deberá en el término 30 días desmantelar y remover totalmente la antena de telefonía celular ubicada en calle Minetti 1917, que ha sido objeto de reclamos de vecinos que temen por su salud y de la Asociación La Comuna, que promovió numerosas acciones para su erradicación.
Acciones anteriores.Entre varias acciones para desbaratar la estructura ubicada en el macrocentro en un predio privado, en 2010 la Municipalidad ordenó a la empresa el desmantelamiento y la multó por 50 mil pesos, haciéndose eco del reclamo de los vecinos canalizado a través de la Filial Funes de La Comuna.
El abogado de esta ONG, Fernando Leva, explicó por ese entonces que la antena "incumple todas las normas vigentes", y en particular la ordenanza 196 sancionada en 2000.
"No cuenta con las habilitaciones correspondientes, sus titulares nunca elevaron al municipio los informes periódicos de rigor, y genera contaminación sonora, visual y representa un riesgo porque tiene 75 metros de altura, por lo que supera el predio en el que está asentado y ello está prohibido".
La disposición municipal garantizaba que en caso de que Telecom Personal no acatara la orden de desmantelamiento sería el propio municipio el que lo haría a costa de la empresa. Pero lo que parecía un triunfo para la organización no gubernamental y sus representados cayó en saco roto, ya que a dos años de esta medida, la antena sigue en pie. De allí que, agotada la vía administrativa, los vecinos acudieron a la Justicia para que resuelva al respecto.
Por Facundo Borrego
