"Como gobierno estamos convencidos de la pertinencia e importancia de los concursos como mecanismo de selección de jueces, que como toda obra humana es perfectibles, y queremos someterlos para perfeccionarlos pero no para que la selección vuelva a ser a dedo o una negociación entre facciones políticas. No vamos a discutir nombres porque entendemos que el sistema le ha dado una calidad institucional a Santa Fe impresionante". La definición del ministro de Justicia, Juan Lewis, luego de retirar de la Legislatura dos pliegos de postulantes a cargos judiciales y sentar las bases de una nueva relación de la Casa Gris con diputados y senadores peronistas es la demarcación del terreno en que se deberá abonar ese diálogo.
Tras el cimbronazo que produjo el rechazo del pliego del criminólogo Enrique Font pliego, propuesto para el cargo de auditor general de gestión del Ministerio Público de la Acusación, la administración de Antonio Bonfatti se enfrentó al dilema de mantener los pliegos y exponerse al seguro (le fue anticipado) rechazo, lo que le hubiera permitido argumentar que los legisladores peronistas trababan el cubrimiento de vacantes judiciales y ponían en riesgo la reforma penal y el mismo funcionamiento de la Justicia. Acusación que además liberaría toda clase de interpretaciones sobre las razones por las cuáles el PJ rechazaba los pliegos.
Esta opción a la que los justicialistas otorgan verosimilitud y por eso el presidente de la Comisión Bicameral de Acuerdos, el senador Ricardo Kauffmann, sostuvo que el retiro de los pliegos importó "un cambio de actitud del gobierno", que saludó, fue enfáticamente desmentida por el ministro de Justicia en el transcurso de un diálogo con este diario (ver aparte).
"Claro que los retiramos para evitar que fueran rechazados porque sabíamos que el PJ no los aprobaría. Dejarlos para que ese rechazo habilitara una discusión partidista para nosotros no tenía ningún sentido. No se trata de una pulseada por nombres sino de mejorar el servicio de justicia y transparentar la selección de los postulantes mejor calificados para cada juzgado o cargo judicial", responde Lewis, quien el martes se reunió con Kauffmann y diputados de la comisión de Acuerdos para avanzar en un consenso que diera lugar a la era post Font: "Estábamos en esa reunión, se estaba hablando de avanzar en una rediscusión general de los reglamentos, entendimos más prudente no someter estos dos pliegos al análisis para no exponer a los postulados y para facilitar el proceso de diálogo".
—¿Cuál fue el resultado de ese encuentro?
—El resultado es que vamos a tomarnos un tiempo para recibir las sugerencias que tenga para hacernos el Legislativo sobre alguna norma o reglamentación del sistema para y ver si se puede consensuar algún perfil de funcionario judicial.
—¿Sin poner en discusión el sistema mismo de concursos?
—Hacerlo significaría volver al acuerdo secreto o a la selección a dedo. Eso no lo vamos a hacer, aunque tampoco lo quieren los legisladores, y así me lo dijeron. La facultad de designar a los candidatos es del gobernador, y así lo dice la Constitución, pero el gobernador se autolimita para permitir que en el proceso intervengan otros actores sociales, y de ese modo se gane en transparencia, con instancias de participación ciudadana, objeciones, impugnaciones y jurados elegidos por sorteo a partir de las listas que envían los colegios de abogados y de magistrados y las universidades.
—¿A qué alude cuando habla de perfil de funcionario judicial?
—Si estamos usando parámetros objetivos y no fórmulas arbitrarias, caprichosas o que obedezcan a otros intereses, lo que estamos privilegiando son cualidades y no nombres propios. Juan o Pedro nos importan como postulantes en tanto reúnen esos parámetros no porque se traten de Juan o Pedro. Y menos porque Juan o Pedro puedan ser amigos o conocidos de tal o cual. Lo que hace presumir que Juan o Pedro puedan tener un buen desempeño como jueces no es porque se llamen así o sus relaciones sean influyentes sino porque tienen capacidad, formación y alguna experiencia para afrontar la tarea con decencia y solvencia. Cuando uno efectúa una reglamentación de acuerdo a cómo se califiquen ciertos ítems está traduciendo un perfil: se buscan ciertas cualidades, se ponderan mejor que otras algunas características, y eso implica definir un perfil.
—¿Los legisladores plantearon objeciones en ese punto?
—Sí. Nosotros entendimos que no hay inconveniente en repensar las normas y reglamentos siempre con la finalidad de que queden claras y permitan evitar nuevas sorpresas en medio de un proceso de selección.
—¿El PJ cuestiona por sobrecalificado algún ítem?
—Hicieron varias observaciones y quedaron en revisar toda la normativa. A tales fines les estoy enviando la normativa ordenada.
