El Tribunal Constitucional español propinó un nuevo golpe al proceso secesionista catalán, a menos de dos semanas para las elecciones, al suspender un artículo de la ley tributaria catalana por un recurso presentado por el Estado español. La norma, reformada recientemente por el gobierno de Artur Mas para impulsar una Hacienda propia, abría la puerta a los funcionarios del Estado español a “integrarse” en la administración catalana. A la vez, tanto la coalición de Mas como el primer ministro español, Mariano Rajoy, hicieron fuertes declaraciones de cara a las elecciones del 27 de septiembre, que el gobernante catalán y su frente independentista han planteado como un referendo sobre la soberanía de Cataluña.
Sobre el fallo del Constitucional, el gobierno español consideraba inconstitucional la norma catalana, al entender que vulneraba el derecho de los españoles a la función pública en condiciones de igualdad. La decisión del alto tribunal llega cuando están muy cerca las elecciones catalanas del 27 de septiembre, concebidas por Mas como un plebiscito sobre la independencia de España, y afecta a la Hacienda catalana, uno de los organismos clave del gobierno en su desafío soberanista. Esta entra dentro del plan de “crear estructuras de Estado” para Cataluña, tal y como lo denomina el gobierno catalán, en el que actualmente se trabaja con la vista puesta en una secesión.
El gobierno de Mas vio en la suspensión “una clara voluntad recentralizadora” y de “asfixia” por parte del Ejecutivo español, según dijo la número dos del gobierno reginal, Neus Munté. La vicepresidenta catalana advirtió que el proceso para dotar de más personal calificado a la Hacienda catalana “no se bloqueará ni se interrumpirá”, aunque reconoció que la suspensión puede imponer “trabas” en la selección.
La decisión del Constitucional supone la paralización de la ley durante cinco meses, mientras se resuelve el fondo del asunto. El alto tribunal admitió también a trámite otro recurso del Ejecutivo español contra la ley catalana que impone un impuesto a las comunicaciones electrónicas y que quedó suspendida de forma cautelar.
El gobierno de Rajoy, que rechaza de manera tajante la salida de Cataluña de España, ha recurrido ante el Constitucional en los últimos meses varias decisiones del jefe del Ejecutivo catalán para iniciar un proceso hacia la independencia. Rajoy insistió en que una hipotética salida de Cataluña de España supondría para los ciudadanos de esa región “una pérdida de los derechos que tienen como europeos y como españoles. La secesión supone abandonar Europa y una pérdida de progreso, bienestar y riqueza”, dijo tras una reunión con miembros de su Partido Popular (PP).
Réplica. Del otro lado no tardaron en contestar la medida del tribunal español. “En estos años, muchos hemos llegado a la conclusión de que tenemos un Estado en contra”, dijo de visita en Madrid Raúl Romeva, cabeza de lista de la lista unitaria independentista auspiciada por Mas, “Junts pel Sí” (Juntos por el Sí). Romeva aseguró que el motivo que llevó a miles de personas a pedir en las calles la secesión se resume en un punto: “Se nos acabó la paciencia”, expresó. El ex “ecosocialista” hizo un repaso a la situación en Cataluña en el último lustro, desde que el Tribunal Constitucional anuló en 2010 varios puntos del nuevo Estatuto de Autonomía que había sido votado en referéndum y definía a Cataluña como “nación”. “Ahí surge la percepción de que la vía federalista ha quedado eliminada del tablero porque, simplemente, en el resto de España no había nadie que la defendiera. Eso ha hecho que mucha gente en Cataluña haya buscado otra cosa”, explicó el jefe de lista catalán.
El pasado noviembre, el gobierno español impugnó la convocatoria de un referéndum independentista, que finalmente se celebró, pero como una consulta no oficial ni vinculante y que meses más tarde fue además declarada inconstitucional. La consulta tampoco se consideró un éxito en términos de convocatoria electoral. Ante la intención del jefe del Ejecutivo catalán de iniciar los trámites para la separación de Cataluña de España si ganan los secesionistas en las urnas el próximo 27 de septiembre, el PP registró a principios de este mes una propuesta de ley urgente que da capacidad punitiva al Tribunal Constitucional cuando sus sentencias se incumplan. La idea es aumentar el poder disuasivo del Estado español de frente a un desafío catalán que claramente viole las leyes y la Constitución vigentes.
