Cuando aún no está afirmada la hipótesis de un delito ningún autor y ningún motivo pueden ser descartados. Pero no todos los ataques son iguales, ni todas las personas son capaces de acciones de inusual temeridad. En este sentido el atentado criminal a la casa del gobernador Antonio Bonfatti es incomparable. Distinto a cualquier otro por su gravedad e imposible de ser concretado por delincuentes promedio. Y aunque nada puede decirse de manera definitiva, por las características del hecho y por la circunstancia histórica en que ocurre, irrumpe la idea de que se trata de una acción con el sello de alguna de las bandas narcocriminales, que encuentran desde este año algo a lo que nunca estuvieron habituadas: un intento de freno a sus dinámicas de funcionamiento y una persistente exposición pública.
Las acciones para frenar a los grupos criminales en Rosario son una construcción nueva. Como toda novedad es una zona experimental, llena de tropiezos y ambigüedades. Deriva del aprendizaje de que durante años el visible avance de esos grupos estuvo al margen de la agenda estatal. Su consolidación fue posible merced al desdén de los poderes del Estado y la colaboración activa y notoria de sectores policiales, lo que proporcionó a consistentes bandas criminales prosperidad e impunidad. Réditos que no se explican el uno sin el otro y que sus beneficiarios no desean ver terminados.
Frente a una violencia inédita, perturbadora y visible fue imprescindible impulsar un cambio. Empezó un esquema de persecución a los grupos que es bienvenida y apoyada, pero que se hace en una desventajosa transición: con una policía en vías de reforma pero sin transformar, con una base de información criminal muy rudimentaria y en ausencia de una tradición de cooperación entre los distintos actores del sistema penal: funcionarios judiciales y del Ejecutivo de todas las jurisdicciones estatales y de sus agencias de información.
Es en esta compleja arena de cambios y fricciones que sobreviene el atentado a la casa del gobernador. En la más alta esfera del gobierno provincial campea la idea de que proviene de un núcleo de traficantes de la zona norte de Rosario que no fue desbaratado, pero que se sabe apuntado. La semana pasada a uno de los enlaces de este jefe le fue secuestrado un vehículo de alta gama. En el gobierno estiman que eso fue para el grupo la alarma que los hizo saberse mirados. De allí la advertencia que fue la brutalidad que provino como respuesta.
Alguien que hace algo así se juega el todo por el todo. Pero sólo unos pocos se atreven a un ataque semejante. ¿Tiene la policía una nómina de hombres capaces de hacer eso en Rosario?
Desde que la muerte de Claudio Pájaro Cantero el 26 de mayo generó una avance sobre los grupos narcocriminales hubo una secuencia de intimidaciones graves. Las más conocidas tuvieron como blanco al juez Juan Carlos Vienna, a cargo de una de las principales causas, y al ministro de Seguridad Raúl Lamberto. Pero hubo otras, algunas no denunciadas. Seguimientos al colegio de hijos de policías que trabajan contra los grupos narco, por ejemplo.
Pero ya hubo varios hechos en los que las amenazas van más allá de las acciones mediatas. Entre las denunciadas hubo una de extrema agudeza. Porque demuestra que los grupos se acercan a los que buscan ponerles límite tocando el ámbito íntimo con la ancestral estrategia de partirlos emotivamente.
El pasado 5 de septiembre el secretario de Seguridad, Matías Drivet, recibió en su celular un mensaje oscuro pero claramente intimidatorio que denunció ante el juez de Instrucción 13 Gustavo Pérez de Urrechu. El texto dejaba en claro conocer pormenores de la intimidad del ministro Lamberto, del jefe de policía provincial, Omar Odriozola, y su subjefe, Raúl Ardiles, describiendo composiciones de los grupos familiares y circunstancias de sus vidas con coherencia. Pero había una referencia muy significativa.
Decía esto: “Al rati que le agarramo en casa con la mujer lloraba y le perdonamo”. Esa alusión conectaba con un incidente vivido por un empleado policial que acompañó a Ardiles cuando éste estuvo como jefe interino de la Unidad Regional II en Rosario este año. Este policía y su esposa sufrieron la violenta visita de personas que lo amedrentaron sin robarles nada. El hecho no se denunció para no exponer a la mujer que atravesaba, en ese momento, un tratamiento de fertilidad. “Se metieron con nuestra familia y nuestra gente, ya agarramos a un gil en la casa y sepan que así de fácil nos vamos a cobrar una por una”, señalaba el texto que recibió Drivet.
El 12 de marzo pasado el comisario inspector José Luis Bengochea encabezó la detención de cinco personas a bordo de un Peugeot 504 blanco con cocaína, marihuana y tres revólveres en Circunvalación y Urquiza. Tres días después el frente de la casa de este oficial fue acribillado a balazos. El operativo antidroga terminó anulado por sus defectos de origen. Pero aunque eso sea inobjetable el hecho inusual del atentado a la casa de un policía no pierde gravedad.
Enfrentar la narcocriminalidad y su violencia derivada no es inocuo ni gratuito. No hacerlo, está visto, tampoco lo es. En esta fase inicial el ataque a la casa de Antonio Bonfatti es todo un emblema de lo que los criminales harán para mantenerse en los espacios que han conseguido. Y es también un signo de lo que hay en juego. Ayer a mediodía Bonfatti dijo que no tomaba lo ocurrido como algo personal sino como un desafío a la investidura del gobernador. Y en ese sentido como un ataque a la democracia. Podrá haber diferencias políticas. Pero no hubo en ese comentario un pelo de exageración. Hacerle frente a los que resisten su beneficio sectorial contra la vida comunitaria no es un camino sin costos. Pero es algo que la comunidad exige. Y que le reconocerá con su compañía al que, con todas las dificultades y sinsabores que implica, se atreva a recorrerlo. Sea del color que sea.
