Javier Saucedo, el operario que murió el martes en el incendio de una fábrica de colchones en el barrio Ludueña, no era un trabajador registrado y carecía de cobertura de obra social y estaba inscripto en una ART. El dato, que ya había sido anticipado ese día a La Capital por familiares del muchacho, fue ratificado ayer por la esposa de la víctima. Este miércoles también se conoció un pedido de informes realizado hace un año por el Concejo a la Municipalidad sobre la situación legal de esa planta industrial. El autor de esa iniciativa, Jorge Boasso, reveló que el Ejecutivo jamás respondió al pedido.
"Mi marido trabajaba en negro. Ahora está muerto y yo no tengo nada", dijo la esposa de Saucedo frente a uno de los portones de la fábrica donde se produjo el siniestro.
Según la mujer, el operario había entrado a trabajar en la fábrica Productos Industriales hace un año y nunca fue anotado. Tampoco tenía obra social ni ART, y mucho menos un seguro de vida.
"Ganaba mil pesos por semana y con eso vivíamos. Ahora no sé cómo voy a hacer", se preguntó amargamente la viuda ante un periodista de Canal 5.
Saucedo tenía 24 años y dos hijas, de 3 y 5 años. Además tenía 10 hermanos y uno de sus tíos también trabaja en Productos Industriales. Fue este hombre quien avisó a la familia que había muerto en el incendio que se inició el martes, alrededor de las 13.30, en la planta de República Dominicana 435.
El siniestro recordó a otro similar en el mismo lugar ocurrido el 28 de junio del año pasado. Aquella vez fue más importante y provocó más destrucción, pero no produjo víctimas. En esta ocasión, en cambio, se cobró la vida de Saucedo.
Las pericias que intentarán revelar las causas del trágico incendio están a cargo de los Bomberos Zapadores de Rosario, pero los resultados no se conocerán hasta dentro de varios días. Lo que se sabe es que Saucedo tenía alrededor del 50 por ciento del cuerpo quemado y que en el momento en que se inició el fuego estaba en un sector donde había bolsas con poliuretano, un elemento altamente tóxico cuando entra en contacto con las llamas.
Sin respuestas. En el Concejo Municipal, en tanto, hay un decreto (el 37.770 del 5 de julio de 2012) en el que se pide al Ejecutivo un amplio informe sobre la situación de Productos Industriales. El cuerpo lo aprobó después del incendio del 28 de junio de 2012 y, entre otras cosas, preguntaba si la fábrica estaba habilitada y en qué rubro. Sugestivamente, también indagaba si ese rubro había cambiado una vez que la empresa obtuvo la habilitación.
"El Ejecutivo tenía 15 días de plazo para responder y jamás lo hizo", contó ayer el concejal Boasso, autor de aquella iniciativa.
Tras el incidente de este martes el edil volvió a plantear dudas sobre las condiciones con las que opera esa fábrica y sobre los controles que hace el municipio. "¿Hubo inspecciones, la clausuraron alguna vez?", se preguntó el radical.
Esos interrogantes ya habían sido formulados al Ejecutivo en la resolución del Concejo hace 14 meses.
El martes, después del incendio en el que perdió la vida el operario, voceros municipales dijeron a este diario que la fábrica estaba habilitada y que cumplía con todos los requisitos de seguridad.
