Diputados convirtió en ley la polémica emergencia en seguridad

La crisis política desatada por la detención del ex jefe de policía provincial Hugo Tognoli permitió a la oposición colar una ley que sumó una nueva disyuntiva a la shockeada administración del socialismo: la de promulgar o vetar, en todo o parcialmente, la normativa que declara la seguridad pública de la provincia en emergencia, a la que ayer dieran sanción definitiva los diputados del PRO y del peronismo.

"Les hemos dado una herramienta importante para afrontar la peor crisis que ha sorprendido a este gobierno y tiene muy preocupada no sólo a toda la dirigencia sino a la propia ciudadanía, que advierte que el narcotráfico crece y se expande peligrosamente. Por eso, confiamos en que el gobernador (Antonio) Bonfatti no la vete", dijo la diputada del PRO Alejandra Vucasovich, quien pidiera oportunamente la preferencia que ayer le permitió votar a libro cerrado el texto que el 30 de agosto pasado tuvo media sanción por el voto de los senadores peronistas.

"Nos vienen a decir que nos tienden las manos, pero esas manos vienen con los puños cerrados. Nos exigen autocrítica y el ministro dijo que no controlaba la policía, lo criticaron ferozmente, le exigen interpelarlo. Eso que dijo no es, acaso, una autocrítica. ¿Qué quieren? ¿Que venga y se arrodille ante ustedes? Vieron la posibilidad de hacer política y no la han desaprovechado porque quieren desgastarlo a Binner", es el pensamiento profundo del oficialismo que ayer reveló en el fragor de los cruces verbales del debate el radical Santiago Mascheroni.

No obstante, anoche el ministro de Gobierno, Rubén Galassi, respondió que el Ejecutivo "analizará la ley concienzudamente y entonces se resolverá en consecuencia" a la consulta de este diario en cuanto a si promulgarían o vetarían la norma. No obstante, le pidió "prudencia" a los legisladores del peronismo y les recordó "que hoy hacen todo lo que sistemáticamente negaron durante los 24 años en que fueron oficialismo".

La ley que en las próximas horas le llegará a Bonfatti declara en su extenso primer artículo la "Emergencia en materia de seguridad pública" en todo el territorio de Santa Fe por el término de 18 meses con la finalidad de lograr y garantizar la protección integral de la vida y los bienes de las personas. La prórroga de la vigencia de esta ley podrá fijarse por idéntico período", debiendo ser la misma establecida por una norma análoga a la presente para lo que se tendrá en consideración un análisis exhaustivo y pormenorizado de la situación en tal materia, a saber:

"a) Los aspectos organizativos, funcionales y operativos del sistema de seguridad pública de la provincia y sus componentes;

"b) El desarrollo y la implementación de programas de asistencia individual, familiar y social para atacar las causas de la delincuencia y la violencia;

"c) La implementación de programas de vinculación y coordinación institucional con los municipios y comunas, con organismos estatales descentralizados y autárquicos, en relación a sus competencias propias y que influyen en el fortalecimiento de la seguridad pública;

"d) El desarrollo de estrategias y canales de participación comunitaria, a través de tareas coordinadas con las organizaciones de la sociedad civil;

"e) La realización y sostenimiento de la protección integral y efectiva para los niños, niñas y adolescentes sin desatender el sostenimiento de la sociedad en su conjunto como potencial víctima de la inseguridad;

"f) La creación e implementación en los Juzgados Comunales y Oficinas del Registro Civil de centros de recepción de denuncias de todo tipo, que no se trate de un delito penal, las que una vez evaluadas serán elevadas a la autoridad que corresponda, manteniéndose la vigencia de presentación de denuncias en sede policial y fiscalía".

Lo que en el discurso unificado de la oposición configuran "herramientas" para que el Ejecutivo avance en la capacitación de las fuerzas policiales, la adquisición de elementos e incorporación de tecnología para la prevención del delito; tales como fondos para dotar de mayor cantidad de cámaras de seguridad a ciudades y poblaciones de la provincia, criterios para la redistribución de los agentes de las unidades y secciones policiales, etcétera, para otras opiniones es "casi un programa de gobierno" o una intromisión peligrosa de un poder en la esfera de otro diciéndole qué y cómo debe ejecutar políticas en materia de seguridad.

Quienes así piensan señalan el carácter imperativo de los artículos 2, 3 y 4. "El Ministerio de Seguridad "deberá" llevar adelante las siguientes acciones" ordena el 2 para luego mencionar esas acciones en una extensa enumeración de incisos que van de la A a la V. En el 3 la fórmula repite la exigencia al Ministerio de Justicia y en el 4 la extiende al Ejecutivo al que le impone políticas interministeriales. Los restantes 13 artículos tienen una tónica parecida.