Desde sus indagaciones teóricas sobre la Justicia Penal, Alberto Binder fue advirtiendo los
negocios ocultos tras los problemas de inseguridad, estudiando las raíces de la delincuencia y
especializándose en las gestiones de las fuerzas de seguridad. A instancias del escándalo tras el
crimen de José Luis Cabezas, fue coautor del plan de reforma policial de Buenos Aires en 1998. Y
ahora es asesor técnico del gobierno santafesino para la reforma procesal penal.
—¿Cuándo es eficiente una política de seguridad?
—Cuando funciona la prevención y mantiene la violencia en niveles
lógicos. Lo ilógico es que no haya violencia en ciudades complejas. Pareciera que los problemas que
tenemos provienen de una especie de mal moral de gente mala a la que se corrige dándole duro. Pero
la política de seguridad no es lucha contra el mal sino contra los negocios ilícitos. No puede ser
que tengamos políticas tan erráticas con negocios tan claros como el robo de autos. Acá se ven en
forma paradigmática las variables de una gran hipocresía: en vez de decir vamos a dejar de comprar
repuestos baratos porque esto mata a la gente elegimos desplegar una moralina del mal de los
criminales. Hay decenas de mercados ilícitos que producen violencia. Si tuvimos en Buenos Aires una
seguidilla de homicidios en robo de autos, si hay jueces diciendo que la policía contrata chicos,
si un ministro tardíamente reconoce esto y además la sociedad está enojada, bien, es el momento de
hacer una campaña donde vayamos a fondo contra los desarmaderos truchos. ¿Por qué no se hace?
Porque se quiere hacer política de seguridad sin que el negocio deje de funcionar. Y eso es
imposible.
—Desde amplias franjas de opinión se promueve una visión que
plantea como eficaz sólo los discursos de dureza con el delito y todo lo demás se ve como
charlatanería.
—Todavía no tenemos una dirigencia claramente preparada y hay
niveles altos de improvisación. En parte porque en todos lados éste es un espacio de gestión nuevo:
hace diez años los ministerios de seguridad no existían. Pero hay un problema de entendimiento
político: ni los países más desarrollados evitan que se produzca un homicidio alarmante o una
violación terrible. En ciertas condiciones de la vida moderna y de la violencia estructural hay que
asumir que eso existirá siempre. Pero hoy se produce un triple crimen y eso puede voltear al
ministro más idóneo. Hay que lograr un consenso que defina que un hecho lamentable no puede tirar
abajo una política. Una cosa es la bronca en el discurso de las víctimas. Otra la madurez política
necesaria para que un trabajo que requiere esfuerzo de años pueda hacerse.
—A veces hasta los gobiernos progresistas se tientan con
soluciones restauradoras, como convocar una figura con fama de duro, ante la primera embestida de
alarma mediática.
—Es que el tema de la seguridad forma parte de la retórica
demagógica del momento. Por eso se requiere una maduración de oficialismo y oposición: como los
gobiernos rotan, la dirigencia deberá aprender lo conveniente de dejar de estar cautivos de esa
demagogia. En la medida que se van haciendo planteles más o menos profesionalizados en seguridad
esto podrá superarse.
—Cuando se propone una política de manejo civil en seguridad hay
sectores policiales que se sienten subestimados.
—La policía no tiene que manejar ni hacer política de seguridad.
Pero a veces no tenemos planteles de civiles aptos para hacer esto. Hay ministros de seguridad que
quieren actuar como jefes de policía. Y esa no es su función. En Buenos Aires Carlos Stornelli va a
la escena del crimen, se abraza con las víctimas o concentra el manejo policial. No está para eso.
—También tienen una sobrecarga de funciones que la desnaturaliza
sin que la policía sea culpable de ello.
—Sí lo es en parte: la policía tuvo una estrategia de crecimiento
y manejo de poder que consistió en no hacerle asco a nada. No obstante es muy cierto que nuestros
policías corren por un accidente de tránsito, para custodiar un ministro o para cuidar un preso.
Una variedad de funciones enorme y muy mal pagada. En las ciudades modernas los policías deben ser
profesionales calificados, bien formados, bien pagados y seguir una planificación. Estamos lejos de
esto y con esta lógica de cajón de sastre, donde recargamos en el baúl de la policía todo lo que
precisamos, nos alejamos más.
—¿Por qué tantas reformas policiales no se concretaron?
—Porque la dirigencia política no se jugó. Ni transfirió recursos
ni profesionalizó a la policía. ¿Por qué? Porque una fuerza en esas condiciones no participaría de
negocios. Por su actual sistema de financiamiento las fuerzas de seguridad están vinculadas con los
asuntos criminales y esto a la vez está ligado al financiamiento espurio de la política. No es un
problema policial sino de conducción política. Las reformas de los 90, incluida la de Santa Fe,
quedaron a mitad de camino. ¿Las razones? El caso de Buenos Aires es el más notorio: no se quiso
acabar con los negocios, la trama político-policial es muy extendida y se rechazó hacer una
inversión que es mucho más que poner unos patrulleros cada tanto.
—¿Cómo vislumbra que debe ser la policía en relación al trabajo en
las ciudades?
—En un país como el nuestro tenemos que ir hacia policías
descentralizadas y municipales. Hay un nivel de la policía que forma parte central de la
planificación urbana y que tiene que estar manejada por los intendentes. No estoy hablando de crear
guardias urbanas que ayudan un poco. Es crear policías que conozcan el terreno. Cuando hay
intendentes sanos con control social de gestión se pueden dar respuestas eficientes. En el caso del
Gran Buenos Aires, con intendentes que participan de actos de corrupción, el único modo de acabar
con eso es entregarles la responsabilidad directamente, de forma que el control social de
ciudadanos atentos los haga responsables si tienen negocios sucios. El modelo que a mi me gusta es
con policía municipal, con jefatura municipal elegida por el intendente, con policía provincial que
intervenga en crisis mayores. Y una policía de investigaciones que trabaje los casos separada de
las otras dos. Es un modelo fraccionado donde las partes se controlan y que habilitan una nueva
conducción política.
