La falta de mérito dictaminada por el fiscal de la causa por la balacera que culminó, en enero pasado, con tres militantes del Movimiento Evita baleados en Nuevo Alberdi originó un cruce mediático entre representantes del Frente Amplio Progresista (FAP) y Procuraduría de Narcocriminalidad de la Nación (Procunar). Primero dos diputadas provinciales por el mencionado frente afirmaron que "la Justicia Federal obstruye el trabajo de los jueces santafesinos" mediante un comunicado de prensa que la Procunar respondió de inmediato manifestando su respaldo a los fiscales federales de Rosario e insistiendo en su pedido de que los casos vinculados con el narcotráfico se tramiten y acumulen en los juzgados federales.
El 10 de enero, cerca de las 20.30, hombres en moto a quienes se vincula con la venta de drogas desataron una balacera en Somoza y Luzuriaga. Como saldo fueron heridos los hermanos Ariel y Carlos Ferreyra, así como Gastón Arregui. Un día después la familia Ferreyra sufrió amenazas y, a partir de gestiones del Movimiento Evita, abandonó Nuevo Alberdi para ingresar al Programa Nacional de Protección de Testigos y radicarse lejos de Rosario.
Días después fueron arrestados los hermanos Gastón y Hernán Romero, sindicados como los tiradores. Pero la semana pasada el fiscal Nº 3 de los Tribunales provinciales, Carlos Covani, admitió que no tiene pruebas para procesarlos y se quejó de no haber podido contar con el testimonio de las víctimas. Entre las razones que arguyó, además de una "investigación policial pobremente iniciada", se quejó de que la Justicia federal "ocultó a los principales testigos", ya que "no colaboró" para que, tomando las medidas necesarias para resguardar su seguridad, pudieran declarar.
Interferencia. Conocida esa noticia, las diputadas provinciales del FAP Alicia Gutiérrez e Inés Bertero exigieron explicaciones sobre por qué "peligra la trascendente investigación judicial del ataque a tiros a los militantes del Movimiento Evita" que "conmocionó a Nuevo Alberdi".
Las legisladoras sostuvieron que "la Nación, a través de sus representantes locales del Poder Judicial, vuelve a interferir en la normal convivencia de la sociedad rosarina. En su tenaz afán de entorpecer el desarrollo de las instituciones locales, tanto los titulares de la Fiscalía Nº 2 como el juez Federal Nº 4 obstruyen deliberadamente la actuación de la Justicia mediante dos acciones reprobables: resistiendo los pedidos de colaboración y, aún más grave, ocultando pruebas necesarias para el avance de la investigación penal".
"Justo en momentos —añade el comunicado de las diputadas— que la señora Cristina Ferná ndez de Kirchner proclama democratización judicial y la publicidad de los actos judiciales nos encontramos con la paradoja del ocultamiento de información criminal útil tanto en relación a sus pares, como respecto al sociedad toda que volverá a ver a los hermanos Romero caminar tranquilamente por Nuevo Alberdi. Todo gracias al eficaz obstáculo creado".
En este sentido, las diputadas pidieron "a los funcionarios judiciales federales que revean esta postura y brinden la colaboración y asistencia oportuna que ayude al esclarecimiento de esta gravísima causa donde hubo tres baleados a plena luz del día y a la vista de parte del vecindario".
Aval. Rápidamente llegó a los medios una respuesta de la Procunar al comunicado de las legisladoras del FAP. La procuraduría resaltó la "rápida actuación" de los fiscales federales Juan Murray y Federico Reynares Solari "durante la feria judicial de enero para poner fuera de riesgo a las víctimas bajo la tutela del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados".
En ese sentido, el organismo respaldó "el criterio de los fiscales, avalado por esta procuraduría, respecto de la reserva de la identidad y residencia del denunciante y testigos, que debe primar para garantizar la protección de sus vidas y de sus familias".
Respecto de las "pertinentes explicaciones" pedidas por Gutiérrez y Bertero, la Procunar respondió que "la complejidad de las actuaciones y el objetivo de avanzar hacia estamentos mas elevados de organizaciones criminales que podrían encontrarse cubiertas por el accionar de agencias estatales o integrantes de las mismas justifican la reserva que los fiscales han dispuesto sobre el contenido de la causa y no requiere de mayores explicaciones".
"Además —agrega el comunicado de la Procunar— los fiscales federales han dado respuesta acorde a derecho a cada uno de los requerimientos realizados por la Justicia provincial que estaban bajo la esfera de su competencia y han cursado aquellos que no lo estaban al juez Federal Nº 4 de Rosario, interponiendo los recursos pertinentes contra las resoluciones dictadas por el mismo que entendieron no se encontraban ajustadas a derecho".
Uno solo. En este contexto, la Procunar insistió en que los hechos "estrechamente vinculados con la narcocriminalidad deben ser investigados por un solo juez o fiscal instructor, y el único habilitado para hacerlo conjuntamente es la Justicia federal".
