Según los datos de las elecciones de las Paso y las encuestas de opinión de las principales consultoras políticas, más del 50% de los ciudadanos está disconforme con la conducción política, económica y social del actual gobierno nacional. A los disconformes que lo expresan públicamente, el gobierno los designa despectivamente “destituyentes”, como si la crítica al gobierno fuera un acto violento y perverso de alteración del orden social y legal. En los últimos cinco años, la crisis en Europa ha cambiado gobiernos de todas las ideologías políticas, sin que se hayan producido quiebres institucionales. Sin duda ha influido en ello la estructura parlamentaria de sus constituciones, disponiendo que el rechazo por el Parlamento de un voto de confianza al primer ministro hace caer al gobierno y designar a su remplazante. Con nuestro deformado y autocrático sistema presidencial “fuerte”, si el voto ciudadano otorga la mayoría legislativa a la oposición, es posible que se produzca una parálisis de dos años en el gobierno nacional por el conflicto político. La actual estructura de la Constitución no tiene mecanismos de defensa contra la aparición de nuevos políticos ansiosos de poder, riquezas y sin valores éticos y morales para conducir la Nación. El solo cambio del titular del Poder Ejecutivo no asegura ningún reordenamiento político del país, ni que se respetará la Constitución, ni las leyes, ni los derechos y garantías de los habitantes. Siempre aparecerán interpretaciones y resquicios legales que permitan violaciones. Soy partidario del reemplazo de la presidenta por falta de idoneidad para el cargo (art. 16 de la Constitución), que ha empobrecido al país y sus habitantes, sin perjuicio de investigar las denuncias de corrupción que tienen abrumado al país. Pero considero como tema prioritario cambiar el sistema presidencial autocrático por el régimen parlamentario, y que en el Congreso estén los representantes del pueblo.
