Un albañil de 33 años fue condenado a 3 años de prisión condicional en un juicio abreviado en el cual aceptó los cargos de asociación ilícita, robo calificado por el uso de arma de fuego y privación ilegítima de la libertad en dos hechos, todos ellos en concuro real y en calidad de partícipe secundario, golpes cometidos por la banda integrada por al menos cinco policías y seis civiles (algunos de los cuales siguen prófugos) desbaratada en octubre pasado y que supuestamente comandaba quien era jefe de la subcomisaría 26ª de Villa Gobernador Gálvez.
La pena homologada por el juez Gustavo Pérez de Urrechu recayó en David Alberto Berlari, quien de esta manera se convirtió en el primer condenado de la gavilla. En tanto los otros acusados que irán a juicio son el ex titular de la sub 26ª, Maximiliano Maldonado, de 43 años; su secretario, Juan Carlos Morgan, de 39; y los policías Fernando Rubín Acosta, de 33 años (en el fallo de ayer fue beneficiado con la prisión domiciliaria); y Nara Lucía Rodaz, de 28 años, que estaba embarazada de 7 meses al momento de ser detenida en octubre pasado. También está inculpado el cabo de la subcomisaría 13ª de General Lagos, Javier Lanero, de 39 años; y los civiles Humberto Ismael "El viejo" o "Pachín" Aguirre, de 51; y el condenado David Berlari.
La pesquisa está a cargo de la fiscal Viviana O'Connell, quien en su momento le achacó a la banda al menos nueve hechos con diferentes actores. En principio, señaló dos asociaciones ilícitas: la de los policías y la de los civiles, que "tenían como modus operandi una organización con puntos de contacto para la comisión de hechos delictivos".
El hecho más resonante de los atribuídos a la banda ocurrió en mayo de este año en General Lagos, donde coparon la subcomisaría 13ª, robaron las armas del arsenal y un móvil policial y minutos después asaltaron el banco Credicoop de esa localidad llevándose 143 mil pesos además de cheques y tarjetas de crédito.
Las llamadas. Una situación de descontrol que habría imperado durante meses en la subcomisaría 26ª desembocó a mediados de octubre en 16 allanamientos. Así se desbarató la banda mixta de policías y civiles a la que la Justicia le achaca varios delitos y que en un primer momento fueron imputados de integrar una asociación ilícita cuya actividad se remonta a por lo "seis meses", según la fiscal O'Connell.
De las intervenciones a los teléfonos de Morgan y Maldonado se pudo constatar el vínculo cercano que tenían con El Viejo, Berlari, o con los prófugos "Damián", "Rastrero" y "Camuchi". Incluso, en algunas conversaciones que trascendieron tras el procesamiento se advierte la planificación previa y cómo se marcaban lugares a robar, lo cual corría por cuenta los uniformados. Y luego se trataba de "limpiar" sitios que serían allanados por los investigadores en busca de evidencia. Además, la imputación desmenuza una supuesta protección a quioscos de venta de drogas.
Los hechos. Los fiscales O'Connell, Gisela Paolicelli y Karina Bartocci vincularon cada golpes con los protagonistas. Así, atribuyeron a la banda el copamiento a la subcomisaría 13ª y el robo al banco Credicoop de General Lagos el 13 de mayo pasado. Recordaron que ese día Lanero y Rodas debían custodiar la seccional, pero "se fueron antes de cumplir su horario", y dejaron a cargo a la sargento Claudia A. Casi en simultáneo seis delincuentes llegaron al lugar, redujeron y ataron a la policía y se apoderaron de una ametralladora FMK3, dos escopetas calibre 12.70, tres chalecos antibalas y la pistola de la agente.
Los maleantes huyeron en el patrullero que estaba en la puerta. En esa maniobra está sospechado Lanero como un engranaje de la banda al dejar sola y desprotegida a su compañera. Es que no hay coincidencia entre el horario registrado en las cámaras del banco robado y el cotejo del GPS del ómnibus que Lanero dijo abordar.
Según las fiscales, y de acuerdo a esa secuencia, el policía debía haber observado todo el movimiento desde la esquina de la seccional. Incluso está sospechado de desconectar la radio del patrullero un día antes para evitar la intervención oficial. Con el camino despejado, la banda hizo cinco cuadras hasta el banco, redujo al custodio y a varias personas para robar 143 mil pesos. En ese hecho las cámaras registraron un Chevrolet Astra blanco que acudió en apoyo de los delincuentes y es propiedad de Miguel Vallejos, aún prófugo.
Entradera. Pero la investigación que desnudó el entramado delictivo de la banda fue una entradera ocurrida el 3 de junio en España al 5500 de Villa Gobernador Gálvez. Allí se identificó a Vallejos por su auto y a El viejo, quien golpeó en la cabeza al dueño de casa. Es más, una de las víctimas reconoció que uno de los maleantes era el ex novio de una empleada suya. El atraco fue denunciado en la subcomisaría 26ª pero, como era de esperar, la investigación no prosperó.
Lo significativo es que según las evidencias que acumula la pesquisa, Morgan y Rodas prestaron colaboración "anterior y ulterior" al hecho, porque al ordenarse un allanamiento a la casa de Vallejos para dar con él, hay testigos que vieron a ambos policías ayudar a la esposa del sospechoso a vaciar la vivienda y cargar objetos en una camioneta, en la que se fueron "juntos". Por ese hecho Morgan dejó su teléfono a la fiscal de turno quien, al sospechar su vínculo con la mujer de Vallejos hizo intervenir la línea y se comenzó a desenmascarar a la banda.
Otro hecho que se atribuye a Berlari y Aguirre es el atraco a un negocio de insumos electrónicos de Villa Gobernador Gálvez donde robaron 28 mil pesos, un Fiat Ducato y un Chevrolet Agile. Y es por este episodio que Berlari fue condenado.
Aquel día, en la casa de El viejo hallaron una campera con escudo policial, una pistola calibre 9 milímetros, un revólver 22 desarmado y teléfonos.
A Morgan, por su parte, le incautaron una camioneta Amarok negra, un Ford Ka, seis teléfonos, packs de víveres que el gobierno destina para la alimentación de los presos y la policía. A Lanero le encontraron en la casa 145 municiones calibre 9 milímetros, vainas servidas de ese calibre y otro tanto calibre 22 además de 5 teléfonos.
Imputaciones. El trabajo de inteligencia de la PDI describió el modus operandi de la banda a partir de filmaciones, fotos, allanamientos, el relato de testigos y el secuestro de elementos utilizados por el grupo, lo que permitió conectar a las sospechosos con los delitos atribuídos. Incluso durante la investigación se pudo contactar a víctimas de varios hechos cuyas denuncias en la subcomisaría de Villa Gobernador Gálvez nunca prosperaron y ni siquiera fueron notificadas a la fiscalía.
En cuanto a las imputaciones sobre los apresados, el juez Gustavo Pérez de Urrechu le endilga a Maldonado la jefatura de la asociación ilícita, dos robos calificados por el uso de arma de fuego (al banco y a la subcomisaría), dos hechos de privación legitima de la libertad, cohecho, falsificación ideológica de instrumento publico e incumplimiento de sus deberes. A Morgan le atribuye el rol de organizador de la asociación ilícita, el hecho de General Lagos, la coautoría de un robo y ser partícipe necesario de la entradera del 3 de junio, además de incumplimiento de sus deberes, falsificación y amenazas.
A los otros uniformados los imputan de integrar la asociación ilícita y participar en distintos delitos. A la suboficial Rodas también le atribuyeron ser partícipe necesario del robo calificado por el uso de arma impropia a una casa.
Reglas de conducta
David Alberto Berlari no sólo deberá purgar los tres años de prisión condicional que le impuso la Justicia por ser el “perejil” de la banda que formaban policías y civiles para concretar una serie de robos, sino que también tendrá que cumplir con ciertas pautas impuestas por el fallo: adoptar una ocupación honesta que será monitoreada por la Dirección Provincial de Control y Asistencia Pospenitenciaria, no acercarse a cualquiera de las personas que de algún modo pudieran haber participado de los hechos delictivos que se juzgan, fijar domicilio y no variarlo sin aviso, y finalizar los estudios primarios.
