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Capturan a policía bonaerense que estuvo prófugo 20 años por la "masacre de Wilde"

Estaba viviendo con su familia en La Falda, donde tenía un mercadito. No se había cambiado el nombre y cayó luego de burlar durante 20 años a las fuerzas que lo buscaban por pagar una multa.

Viernes 19 de Septiembre de 2014

Un policía acusado de participar en la llamada "masacre de Wilde" fue detenido en Córdoba, luego de burlar durante 20 años a las fuerzas que lo buscaban. La pista que condujo al ex cabo de la policía bonaerense Marcos Rodríguez fue un plan de pagos de una serie de multas de tránsito en la ciudad de La Falda, en Córdoba, donde vivía con su familia.

Rodríguez estaba tan cómodo con su impunidad que ni siquiera había cambiado el nombre, a pesar de que había una recompensa de cien mil pesos por cualquier dato sobre su paradero.

El ex cabo, de 50 años y que se había escapado caminando de una comisaría, fue detenido el martes en su minimercado de La Falda por detectives de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Esa fuerza colabora con el juez Gabriel Vitale, quien en abril pasado se hizo cargo de la causa después de que la Suprema Corte de Justicia provincial revocara los sobreseimientos de ocho integrantes de la policía bonaerense.

El ex policía fue ubicado hace tres meses por los investigadores. Es más, el día anterior a su captura, un jefe de la PSA se apersonó de incógnito en el mercadito de La Falda y corroboró que era el hombre que estaban buscando.

"Vivía, con su mujer y sus tres hijos, cerca de su comercio. Pudimos llegar hasta él después de hacer una investigación de su entorno. Descubrimos un vehículo que podía ser de su mujer y que tenía multas de tránsito de la Municipalidad de La Falda, y el plan de pagos había sido firmado por una persona llamada Marcos Rodríguez. Después comprobamos que era el sospechoso buscado", sostuvo una fuente de la investigación.

Un caso de "gatillo fácil". La denominada "masacre de Wilde", un emblemático caso de "gatillo fácil" de la policía bonaerense, ocurrió el 10 de enero de 1994, cuando cuatro personas fueron asesinadas a balazos por integrantes de lo que en ese momento era la Brigada de Investigaciones de Lanús, cuyo subjefe era el comisario Juan José Ribelli, quien fue detenido, procesado y luego absuelto por el atentado a la Amia. En la escena del crimen se relevaron 270 disparos.

La masacre ocurrió cuando policías de investigaciones persiguieron a los ocupantes de dos autos "al confundirlos con los delincuentes" y los asesinaron a balazos. Las víctimas fueron el remisero Norberto Corbo y sus pasajeros, Claudio Mendoza y Héctor Bielsa, quienes viajaban a bordo de un Peugeot 505, y el vendedor de libros Edgardo Cicutín, que se trasladaba en un Dodge 1500, conducido por Claudio Díaz, que logró sobrevivir.

Durante más de 20 años se habló de numerosas hipótesis sobre las causas de la masacre. "Nunca se pudo comprobar nada, pero se dijo que los presuntos delincuentes que la policía perseguía se habían quedado con cinco kilos de droga o con un dinero de algún botín", sostuvo un investigador de los hechos.

El magistrado a cargo del Juzgado de Garantías Nº-8 de Lomas de Zamora, había hecho lugar el martes al requerimiento de elevación a juicio firmado por el fiscal Sebastián Scalera sobre otros ocho acusados: el comisario inspector Eduardo Gómez, el comisario Roberto Mantel, el comisario Hugo Reyes, el capitán Osvaldo Lorenzón, los subtenientes Marciano González y Pablo Dudek, y los ex policías Julio Gatto (ahora empleado) y Marcelo Valenga (hoy comerciante).

Además de los ocho policías que llegan a juicio y del ex cabo Rodríguez, hubo otros dos acusados que fallecieron: se trata de los ex policías César Córdoba y Carlos Saladino.

Los oficiales involucrados quedaron libres a los 10 meses y fueron sobreseídos en distintas instancias. Pero en noviembre del año pasado la Suprema Corte bonaerense dio vuelta el caso. Los magistrados remarcaron que hubo un "intento de ocultamiento y búsqueda de impunidad" en la que "intervinieron funcionarios del gobierno provincial" con la connivencia "de los órganos judiciales".

Cuando el juez Vitale recibió la causa, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, dispuso que la PSA buscara a Rodríguez. Al poco tiempo tuvieron una falsa alarma, a partir de que el Ministerio de Seguridad bonaerense ofrecía una recompensa de 100 mil pesos por él.

La búsqueda del cabo (que había sido exonerado de la Bonaerense no por haberse profugado sino por "ausentarse de su trabajo") tuvo muchos obstáculos. Su legajo policial estaba adulterado y habían arrancado su foto.

En 1995 fueron sobreseídos provisoriamente; tras apelaciones de familiares de las víctimas, en 2003, volvieron a ser beneficiados por la misma medida y en 2007 les convirtieron el beneficio en definitivo.

En noviembre pasado, la Suprema Corte bonaerense revocó los sobreseimientos definitivos de Gatto y Dudek al entender que "aun cuando se considerase que el cuádruple homicidio investigado no configura un delito de lesa humanidad, es indudable que sí constituyó una gravísima violación de los derechos humanos", lo cual permitió que la causa retomara impulso.

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