La Cámara Federal confirmó el procesamiento de cinco personas como miembros de una red narco desbaratada en junio pasado con el hallazgo de casi 400 kilos de cocaína de máxima pureza en el baúl de un auto en una cochera de Villa Gobernador Gálvez. La Sala A conformada por Fernando Barbará, Elida Vidal y Aníbal Pineda respaldó recientemente la resolución del juez Marcelo Bailaque, quien “relacionó debidamente a los imputados entre sí, con los hechos que mencionó y la disponibilidad de la sustancia hallada”, evidencias suficientemente acreditadas para confirmar la probable responsabilidad de los imputados en los delitos atribuidos. Así, confirmaron la prisión preventiva para tres de ellos que además afrontan una imputación por lavado de activos.
La investigación de esta banda rastreó el periplo de una carga de droga desde que entró al país proveniente de Paraguay en una avioneta que aterrizó en un campo santafesino cerca de San Justo. La mercadería podría tener destino europeo pero en parte quedaba para un mercado local con llegada a Santa Fe, Córdoba, provincia de Buenos Aires y la Caba. Escuchas y otras tareas de inteligencia confluyeron el 18 de junio en once allanamientos ejecutados por la Policía Federal en Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Arroyo Seco, General Lagos y Albarellos.
Así se hallaron 369 panes de cocaína en un flamante BMW X5 de uno de los acusados como organizador. También secuestraron elementos que sustentan la acusación por lavado: unos 30 vehículos de alta gama y documentos de inmuebles comprados con dinero presuntamente generado por la venta de droga.
Un mes después Bailaque, como suplente del Juzgado Federal de Santa Fe, procesó al camionero de 48 años Gustavo Daniel Núñez y al mecánico de 46 Sebastián Osvaldo Romera como organizadores del delito de almacenamiento de estupefacientes y lavado de activos agravado por la habitualidad. Como coautora de esos delitos fue procesada la gestora Jorgelina Verónica Galligani, de 50. Y como coautores de almacenamiento fueron imputados el herrero Matías Ezequiel Tomei, de 23 años y María José Núñez, empleada doméstica de 36.
Descargos
El fallo fue apelado por las defensas. El abogado de Romera dijo que no hay pruebas sobre los supuestos vuelos de traslado de drogas o viajes a otras provincias donde operaría la red. Cuestionó los indicios basados en escuchas y la imputación por lavado, ya que no se acreditó un delito previo que origine esos fondos.
Por su parte, al cuestionar la acusación por lavado el abogado de Núñez negó que su empresa de transporte no genere ganancias suficientes para acreditar el origen del dinero con el cual compró los bienes. Y sobre María José Núñez —hermana de Gustavo— y Tomei alegó que no está acreditada la tenencia de drogas que les achacan y no hay evidencias sobre su conocimiento respecto del lugar acopio. Al respecto argumentó que “el estado de pobreza en el que viven” denota que no obtuvieron rédito económico.
La defensa de Galligani también afirmó que no hay pruebas de la disponibilidad que se le endilgó sobre a la droga y que las escuchas no permiten aseverar que ella fuera miembro de una red criminal —a lo sumo la podrían acusar por encubrimiento— ni que haya hecho un aporte de patrimonio, logística o planificación. De la acusación por lavado advirtió que tiene actividades remuneradas como gestora, docente y transportista que le permitieron adquirir parte de sus bienes, además de otros que obtuvo al divorciarse.
Por su parte la fiscalía pidió la confirmación del procesamiento ya que, a su entender, los cuestionamientos de las defensas a las pruebas y figuras legales aplicadas tienen que desplegarse en el juicio oral y no ahora. Además requirió mantener la prisión preventiva
Aciertos
El primer voto de la Cámara fue del juez Barbará, que consideró “acertadas” las apreciaciones de Bailaque. Por ejemplo al situar a Núñez y Romera como “líderes con poder de decisión”. También citó escuchas entre éstos y Galligani para organizar la recepción, traslado y acopio de droga en un galpón de General Lagos. Otro hecho aludido es un viaje a la provincia de Buenos Aires “cuya finalidad habría sido buscar una flota de vehículos que luego serían guardados para uso personal y otros para la venta”.
También expuso como fundamental el hallazgo de los casi 400 kilos de cocaína en el auto de Romera guardado en Villa Gobernador Gálvez. En ese sentido recordó que en el BMW también había un certificado de trabajador esencial a nombre de Romera, figurando como empleador Núñez y un talón de pago del seguro a nombre de Galligani, lo que “permite presumir el poder de disposición de ellos sobre el vehículo y la droga hallada”.
Barbará respondió la crítica de los defensores sobre la interpretación de los diálogos captados. “Su contenido debe ser y fue valorado en su conjunto con todos los elementos de la causa” dijo el camarista, para quien “es obvio” que los sospechados no hagan referencias directas a la droga cuando hablan por teléfono sino que usen “frases equívocas y un lenguaje particular”.
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Más allá de interpretaciones, la prueba de las escuchas se vio “robustecida con el secuestro de 369 panes de cocaína” y con otros elementos secuestrados, como “una importante cantidad de dinero en efectivo de nacional y extranjero, armas y municiones, una balanza de precisión, equipos de comunicación, un dispositivo satelital, un drone”, detalles que para Barbará dan cuenta del rédito económico y la importante cantidad de droga que habría manejado la organización.
En cuanto a María Núñez y Tomei, consideró relevante la escucha sobre una charla entre ambos que “permitió a los investigadores identificar de manera precisa la cochera” donde se halló el auto con la droga.
Lavado y vehículos de alta gama
Un aspecto que las defensas cuestionaron sobre la acusación a Núñez, Romera y Galligani por lavado de activos alega que el procesamiento delimita ese delito desde octubre de 2017, antes de que comience la investigación por la cual fueron detenidos. La referencia tiene que ver con un hallazgo de casi 25 kilos de cocaína que no es parte de esta causa en un camión a nombre de una empresa vinculada con Núñez. Quien en 2019 hizo cruces fronterizos en un vehículo a nombre de la misma firma que además fue visto en el campo donde aterrizó la avioneta con droga que originó la causa.
En ese marco se incluyeron unos 30 vehículos que los imputados compraron desde de septiembre de 2018 como un Toyota Land Cruiser VX, seis Toyota Hilux, un Mercedes Benz Sedan 5 puertas, dos BMW X-5 (en uno de ellos se halló la droga), un Ford Focus 5 puertas, un Audi A4, un Peugeot 208, dos Ford Ranger, dos Toyota Corolla, dos tractores Mercedes Benz, tres VW Amarok, un Fiat Palio, un semirremolque Hermann, una moto Honda XRE300, un Chevrolet Classic, un furgón Citroën Berlingo, un camión Renault, un semirremolque Ombú, un camión Mercedes Benz Tracker y un Renault Master.
El juez Marcelo Bailaque citó informes de Afip por los cuales los ingresos lícitos de los procesados no les permitirían invertir en tamaña flota. Por otra parte, que muchos de esos bienes hayan sido vendidos poco tiempo después de adquiridos abona a la hipótesis de que así se apuntó a “desvanecer los rastros de ilicitud y legitimar las acreencias”.
Por eso, y aunque las defensas alegaron que hay vehículos de terceros que los adquirieron de buena fe, la Cámara Federal confirmó la imputación por lavado de activos.
