A menos de un mes del secuestro de 400 kilos de cocaína de máxima pureza considerado “el decomiso más grande de la última década” en la provincia, los cinco acusados fueron procesados por intervenir con distintos grados en actividades de almacenamiento de estupefacientes y lavado de activos. El juez federal Marcelo Bailaque dictó la prisión preventiva de los acusados y dispuso embargos sobre sus bienes hasta cubrir unos diez millones y medio de pesos. La resolución destaca que se trata de una organización de “trafico internacional”, ya que droga fue remitida en una avioneta desde Paraguay y parte de la carga podría haber tenido como destino el mercado europeo.
La resolución fue dictada este lunes por Bailaque en suplencia de un juzgado federal de Santa Fe. Gustavo Daniel Núñez, un camionero de 48 años, y el mecánico Sebastián Osvaldo Romera, de 46, fueron procesados como organizadores del delito de almacenamiento de estupefacientes, actividad que se considera agravado por la intervención organizada de tres o más personas. A esto se suma el lavado de activos agravado por la habitualidad. A ambos se les atribuye un rol de liderazgo y poder de decisión sobre los demás eslabones.
La gestora Jorgelina Verónica Galligani, de 50 años, fue procesada por los mismos delitos en carácter de coautora. En tanto que el herrero Matías Ezequiel Tomei, de 23 años y María José Núñez, una empleada doméstica de 36 años, fueron considerados coautores del almacenamiento. Los cinco quedaron en prisión preventiva a la espera del juicio. El juez trabó un embargo sobre los tres primeros hasta cubrir la suma de diez millones de pesos y por 400 mil pesos a los dos últimos.
El secuestro se produjo la madrugada del viernes 18 de junio en el marco de once allanamientos en Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Arroyo Seco, General Lagos y Albarellos. Los 369 panes de cocaína estaban acopiados en un flamante BMW X5 que estaba en una cochera de Villa Gobernador Gálvez. La droga se encontraba oculta dentro de bolsas plásticas de residuos. También se secuestraron armas de fuego, balanzas de precisión, unos treinta vehículos de alta gama, inmuebles comprados con dinero proveniente de la comercialización de la droga y documentación.
El operativo realizado por la División Antidrogas de la Policía Federal fue el desenlace de dos investigaciones que en forma paralela habían puesto su mirada sobre un mismo grupo delictivo. Una de las pesquisas se había iniciado en la ciudad de Santa Fe y estaba a cargo del fiscal federal Walter Rodríguez, mientras que en Rosario era realizada por su par Adriana Saccone. Al cruzar información entre ellos y detectar que trabajaban sobre un mismo clan se unificaron los expedientes y los allanamientos se llevaron a cabo con órdenes emitidas por el juez federal Bailaque.
La investigación determinó que la droga había llegado a Santa Fe en una avioneta que despegó de Paraguay y aterrizó en un campo de Larrechea, en el departamento San Jerónimo del centro provincial y a unos 90 kilómetros al norte de Rosario. Desde allí fue transportada en auto hasta Rosario, donde parte de la carga quedó para ser distribuida entre bandas que operan en la región, y el resto iba a ser trasladada hacia el Gran Buenos Aires. Tampoco se descarta que parte del cargamento tuviese un destino europeo a través de barcos que salen desde el puerto de Zárate-Campana ya que en operaciones anteriores el grupo lo había hecho.
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En el marco de las “tareas de campo” simultáneas a quince intervenciones telefónicas bajo la modalidad de escuchas directas, personal de la Policía Federal alquiló una cochera en el garaje de Garay al 2100, en la esquina de Juan Domingo Perón de Villa Gobernador Gálvez. Esto les permitió comprobaron que el BMW vinculado a Romera, cubierto de tierra, estaba en el lugar. Entonces se tramitaron las órdenes de allanamiento que derivaron en el secuestro de la droga y las detenciones. En las escuchas se detectó que Romera había realizado cruces fronterizos con el mismo vehículo y, según la resolución, el auto iba a emprender un viaje el mismo día. El peso total de la sustancia contenida en los panes fue de 391,920 kilos.
El texto del procesamiento destaca “la gravedad del delito, la magnitud económica de la maniobra desplegada, la importante cantidad de material estupefaciente secuestrado y los intereses comprometidos”. Indica que se trata de “una organización dedicada al tráfico internacional de estupefaciente”. El grupo desplegó sus acciones al menos entre septiembre de 2019 y el 18 de junio de 2021 en un radio que abarcó las provincias de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Un aspecto en el que se centra la resolución tiene que ver con las actividades de lavado. La conversión de dinero de fuente ilícita se constató en la adquisición de unos quince vehículos, diez motos, inmuebles, un campo en General Lagos comprado en abril de 2021, un tractor y viviendas en Villa Gobernador Gálvez y Alvear que se encuentran en construcción. Un mecanismo usual era “la venta de muchos de los rodados enumerados poco tiempo después de su adquisición” y la inscripción de los bienes a nombre de testaferros. Esto da cuenta de un poder económico que según el juez es “incompatible” con el perfil patrimonial de Núñez y Romera si se consideran sus ingresos legítimos.
En cuanto al traslado de la cocaína, la logística consistía en “la gestión de vehículos utilizados para la búsqueda inicial de la droga, el acondicionamiento de lugares para su enfriamiento y la posterior distribución”. En las escuchas se detectaron conversaciones entre los imputados en las que alguno era encargado de “barrer la ruta” y alertar sobre la presencia de un móvil o retén policial, para que que en ese caso el otro vehículo con la carga pudiera desviar su recorrido.
Asimismo se detectó que en agosto de 2020, por indicaciones de Romera, Galligani había sido la encargada de adquirir una camioneta Ford Ranger, una lona para su resguardo y elevadores de octanaje, elementos estos últimos que servirían para potenciar el combustible y volverlo apto para su uso en avionetas.
