A principios de la década del noventa, en pleno apogeo de la fascinación menemista, cuando la mayoría del país parecía adorar a un presidente farandulero y corrupto, todos los funcionarios públicos de tres ministerios que intervenían en los expedientes de las ventas ilegales de armas firmaron sus dictámenes favorables. Todos menos uno. En soledad, y con la simpleza de quien solo piensa en hacer lo correcto, el director general de Seguridad Internacional y Asuntos Nucleares y Espaciales de la Cancillería emitió la nota "DIGAN 11.177/90" en la que advertía sin eufemismos que la venta de armas ómnibus que se pretendía autorizar por decreto del Ejecutivo nacional no era aconsejable porque no permitía verificar el destino final de dicho armamento. A 23 años de ese acto de honradez republicana y respeto por la ley, en este día en que la Justicia dictó su condena, mi más valiosa herencia sigue siendo el apellido de ese funcionario, mi padre, Enrique José Alejandro Candioti.
