"Mirá, hay cien lucas para cerrar todo". Con esa frase, un atrevido abogado del foro rosarino habría intentado sobornar al sumariante de un juzgado para que favoreciera a dos acusados de un homicidio. Tras ser denunciado por el funcionario de Tribunales, el letrado fue procesado por el delito de "cohecho en grado de tentativa" (resolución que hace pocos días confirmó la Cámara Penal) y quedó expuesto a un juicio en el que deberá rendir cuentas por su conducta.
Aunque en los pasillos de los Tribunales provinciales en más de una oportunidad se escuchan historias similares para direccionar investigaciones, la desfachatez de José G., de 69 años y con cierta trayectoria en el fuero penal, llegó a un límite insospechado.
A media mañana del 28 de febrero de 2012, el hombre del derecho se acercó a la mesa de entradas del Juzgado de Instrucción Nº 9 y preguntó por el empleado Pablo Socca, sumariante a cargo de una causa en la que dos clientes del letrado aparecían imputados de un homicidio (ver aparte).
Socca lo atendió mostrador mediante, pero ante la requisitoria del profesional salió del despacho hacia un pasillo. Fue en ese momento cuando José G. habría lanzado, sin miramientos, la propuesta: "Te voy a comentar algo, pero te pido que lo mantengas en absoluta reserva. Mirá, hay cien lucas para cerrar todo". Y completó el ofrecimiento diciendo que la familia (de los acusados) "estaba dispuesta a poner cien mil pesos para ver de qué manera se ponía punto final al caso".
Sorprendido, el sumariante le recriminó al profesional su posición, aclarándole que en el juzgado "no se manejaban de esa forma" y que "no se le ocurra decirles al secretario y al juez, porque "lo cagarían a trompadas". Pero G. no acusó recibo y respondió que el comentario se lo quería hacer "directamente al secretario", por Miguel Moreno.
Sin más que conversar, el empleado dio media vuelta y, de inmediato, le comunicó lo ocurrido al juez Javier Beltramone y a su secretario.
El hecho parecía destinado a formar parte del anecdotario que nutre la actividad judicial. Pero no fue así. Decididos a llevar el caso hasta las últimas consecuencias, el secretario (nombrado por G. como el que debía escuchar la disparatada propuesta) directamente radicó la denuncia ante la Jueza de Instrucción Nº 6, Raquel Cosgaya.
La magistrada convocó a la empleada de mesa de entradas que fue testigo de la situación, al sumariante objeto del intento de soborno, al secretario y al propio juez para que aportaran su versión de los hechos.
"Existe coincidencia entre lo expresado por Moreno y Beltramone respecto de la forma en que Socca los anotició del suceso. Y que tal comentario ocurrió inmediatamente después de que finalizó la conversación entre el abogado y el empleado", refirió Cosgaya en su resolución de procesamiento.
Luego indicó: "La actitud asumida por Socca ante el hecho ilícito, situación anómala que lo descolocó emocionalmente, fue imponer de forma urgente a sus superiores de lo ocurrido. Es por ello que, ante la inmediatez del hecho, Beltramone notó al empleado visiblemente nervioso".
En un careo entre el abogado y el empleado ambos se mantuvieron firmes en sus dichos y Socca aclaró no tener ningún problema personal con G.
Tras determinar que el empleado judicial está calificado como un funcionario público, y que su labor en una investigación tiene independencia de criterios y de trabajo, razonó que el bien jurídico "fe pública" fue puesto en peligro por el abogado con el ofrecimiento de la coima.
"La jurisprudencia ha dicho que la figura del cohecho activo se consuma cuando el ofrecimiento llega a conocimiento del funcionario, siendo irrelevante que éste la acepte o la rechace", indicó la jueza sobre la configuración del delito que se le imputó al abogado.
En ese camino, Cosgaya finalmente concluyó que el accionar desplegado por G. "encuadra en los preceptos del cohecho activo en calidad de autor, toda vez que realizó el ofrecimiento de cien mil pesos para «cerrar todo», en relación a la causa donde estaban imputados sus clientes, Ramona Casco y Daniel Fernández".
Hace pocos meses la magistrada dictó el procesamiento del acusado por la presunta comisión, en carácter de autor, del delito de cohecho activo y le mandó a trabar un embargo hasta cubrir 5 mil pesos.
La resolución fue confirmada la semana pasada por la Cámara Penal, por lo que el letrado ahora será sometido a un juicio.
Para favorecer a los homicidas
Meir Romano tenía 87 años y fue hallado muerto a golpes en la cabeza el 27 de noviembre de 2011 en su departamento del 4º piso de Salta 1499, donde vivía solo.
El hecho lo investigó el juez de Instrucción Javier Beltramone, quien imputó a la ex concubina, de 56 años, Ramona Casco, y un inquilino de ésta llamado Daniel Fernández, de 36.
Beltramone procesó a ambos, aunque la mujer aceptó un proceso abreviado en el que reconoció su participación y fue condenada a 15 años por robo seguido de homicidio.
El hombre, en tanto, atravesó un juicio oral y en mayo pasado fue hallado penalmente responsable de los delitos de robo en grado de tentativa y robo calificado por homicidio, por lo que fue condenado a 18 años de prisión.
Al inicio de la causa, el abogado José G. patrocinó a ambos y fue quien intentó sobornar al sumariante del Juzgado de Instrucción para que torciera el destino de sus clientes, que ante el fracaso de la espuria negociación le revocaron el poder.
Por Lucas Ameriso
Por Lucas Ameriso
Por Aníbal Fucaraccio