Vicentin: imputaron por asociación ilícita a doce directivos y tres miembros de la sindicatura

El fiscal de delitos económicos Miguel Moreno imputó a doce directivos de Vicentin y a tres miembros de la sindicatura por integrar una asociación ilícita destinada a defraudar y estafar a quienes hoy son los acreedores de la cerealera.

En un escrito de más de 230 páginas, describió las maniobras y los roles en el marco de esa organización y apuntó contra cuatro altos ejecutivos de la compañía como jefes de esa organización. Se trata de Daniel Buyatti, Alberto Julián Macua, Roberto Alejandro Gazze y Omar Adolfo Scarel.

El encuadre de la maniobra adjudicada a los directivos de la compañía se asemeja en buena medida al que acompañó la denuncia que dio origen a la causa penal en agosto de 2020, impulsada por el abogado Gustavo Feldman.

El punto de vista del fiscal es que los encargados “operaron como grupo, de manera concertada, siguiendo un plan, con división de roles, durante un período alongado de tiempo” para realizar una serie de ilícitos. Para ello, aprovecharon de sus cargos societarios, aunque en la dinámica interna de la compañía no respetaran un estricto organigrama.

Y acusó a esta asociación de poner en marcha una “planificación” orientada a “simular” el bienestar financiero y contable de Vicentin, ocultando su pasivo para “conseguir las líneas crédito, obtener desembolsos de los bancos y continuar con la captación y recepción de granos”. Eso ocurrió al mismo tiempo que se comenzó a “administrar infielmente el capital de Vicentin”, fugando recursos a través del entramado de empresas vinculadas.

En una breve audiencia en sede fiscal, aunque físicamente se desarrolló en una sala de audiencia del Centro de Justicia Penal, la fiscalía imputó por este delito a Daniel Buyatti (ex presidente), Alberto Macua (ex vicepresidente), y a los ex directores titularesd e Vicentin Saic: Roberto Gazze, Máximo Padoan, Cristián Padoan, Martín Colombo, Sergio Vicentin, Pedro Vicentin, Roberto Vicentin y Yanina Boschi. El cargo también alcanzó al síndico de dicha firma OmarScarel, junto con Javier Gazze y Miguel Vallaza.

Según Moreno, esta asociación comenzó a operar en 2017, año en el que la empresa empezó a manifestar problemas económicos que no se exteriorizaron a proveedores y prestamistas. El fiscal señaló Buyatti, Macua, Roberto Gazze y Scarel como jefes de la organización, ya que “demostraron tener autoridad sobre otros miembros”.

Los delitos que se le imputan son los siguentes:

• 6 hechos de estafa, en concurso real, cometidos entre el año 2017 y 2019, donde resultaron víctimas los bancos internacionales, con un perjuicio patrimonial asciende a u$s 500 millones.
• 37 hechos de estafa cometidos entre el mes de enero 2017 y diciembre de 2019, en concurso real, contra productores, vendedores de granos, acopios, cooperativas y corredores. La Fiscalía atribuyó a los imputados un plan para mostrar a Vicentin como empresa solvente y confiable de Vicentin, para generar confianza y lograr que le entregaran granos con precio a fijar, fijo y en depósito sin contrato, “con el pleno conocimiento de los directores y síndicos de la imposibilidad de cumplir las obligaciones asumidas”.
• Un hecho de estafa del que resultó víctima el Banco Macro, a través de la entrega de documentación con información contable falsa.
• Un hecho de Administración fraudulenta cometido en fecha 3 de diciembre de 2019 por el órgano de dirección, junto a Javier Gazze y Miguel Vallazza. Refiere a la orden para concluir la venta y transferencia a Renaico BV de las acciones que Vicentin Saic (Sucursal Uruguay) tenía sobre la empresa Renova, representativas del 16.67% de su capital social y voto. Esta operación, que involucró a la joya del grupo, se gestionó a pocas horas de la declaración pública de estrés financiero y tuvo como fin el desprendimiento por parte de Vicentin de uno de sus activos más importantes. “La negociación se caracterizó por la falta de transparencia y por no tender a conservar o mejorar la situación patrimonial de la empresa”, señaló el Ministerio Público. Por el contrario, agregó, “afectó el patrimonio y perjudicó la posibilidad de negociación con los eventuales acreedores que se presentarían a verificar sus créditos en el concurso preventivo”.
• Un hecho de administración fraudulenta. El órgano de dirección de Vicentin entregó a Roberto o Gazze la suma de u$s 1.000.000 para que realice un aporte irrevocable en "El Liquidambar SAS", una sociedad que constituyó el 5 de julio de 2019.
• Un hecho de administración fraudulenta cometido el 6 de diciembre de 2019, 48 horas después de que se hiciera pública la comunicación de su cesación de pagos y 18 días hábiles antes de presentarse en concurso preventivo. Ese día los integrantes del directorio aprobaron la venta de las acciones de Tastil SA en favor de la sociedad “Losagor SA”, procurando “un lucro indebido en favor de esta última por la suma de u$s 1.600.000 y perjudicando la posibilidad de negociación con los eventuales acreedores”.
• Un hecho de administración fraudulenta cometido por el órgano de dirección de Vicentin, al realizar un aporte irrevocable a cuenta de futuros aumentos de capital en favor de Emulgrain. “Fueron u$s 37.500 en favor de su sociedad controlada, que atravesaba dificultades económicas desde al menos el 2015”, señaló el fiscal.
• Un hecho de administración fraudulenta cometido el 26 de octubre de 2018, cuando el directorio aprobó el aporte irrevocable por la suma de u$s 786.793,25 “a cuenta de futuras emisiones de acciones” a favor de Playa Puerto SA, “sin indicar cuál sería la contraprestación. La sociedad beneficiada exponía, al 31 de marzo de 2019 “un capital de trabajo negativo de $ 75.780.612,16”.
• Un hecho de administración fraudulenta cometido por el directorio al momento de presentar la nómina de acreedores de Vicentin en el proceso concursal. Asumieron una deuda ajena de u$s 12.900.366,40 (equivalente a 30.218.613 kilos de soja) que originalmente correspondía a Renova. en virtud de entregas de soja que Vicentin supo hacer en esa firma en carácter de depósito unos meses antes.
• Un hecho de administración fraudulenta en perjuicio de Commodities, en virtud de las 55.608.090 kg. de soja, depositadas en las instalaciones de Renova entre el 31 de mayo y el 11 de noviembre de 2019.

La presentación de Fiscalía incluyó pruebas documentales y testimoniales. Fueron reseñados informes de veedores y auditores, de declaraciones de damnificados y mails y conversaciones telefónicas entre los imputados. Todos en apoyo de la hipótesis de que hubo un plan para ocultar dificultades económicas, a la vez que el dinero que recibían por la operatoria comercial, préstamos y disposición de activos se perdían en el entramado de sociedades vinculadas. Especial foco realiza, en ese sentido, sobre los “aportes irrevocables” a estas firma satélite y a la venta del 16,6% de las acciones de Renova su socia Viterra, pocos días antes del default.

El foco en la sindicatura

La imputación también alcanzó a los titulares de la sindicatura concursal (Ernesto García, Diego Telesco y Carlos Amut) por emitir dictámenes en beneficio del órgano de dirección y fiscalización de Vicentin Saic, pese a las advertencias efectuadas por la auditoría forense.

“La sindicatura concursal encubrió el proceder del órgano de dirección y fiscalización de Vicentin Saic, que confeccionó, aprobó y utilizó los balances anuales con cierre a octubre de 2017 y octubre 2018 que contenían información financiera falsa, consistente en la ocultación del verdadero pasivo de la empresa”, señaló el fiscal.

Entre otros incumplimientos, les imputaron “no solicitar directamente informes a entidades públicas y privadas a fin de obtener información suficiente para contrastar con la entregada por Vicentin y KPMG”. Tampoco efectuaron “las peticiones necesarias para la averiguación de la situación patrimonial del concursado”.

El fiscal también les cuestionó a los síndicos que en su informe general sobre el concurso reprodujeron “las razones inverosímiles dadas por el deudor para explicar las causales de su crisis”. Estas van desde el resultado de las Paso en 2019 hasta la tensión comercial entre Estados Unidos y China.