Con retraso, la Cámara de Diputados se puso en marcha para tratar proyectos por fuera del tema estrella del verano: la ley de acuerdo con el FMI. Este martes se concretó uno de los primeros entendimientos políticos parlamentarios entre el oficialismo (sin divisiones internas) y la oposición del año; la constitución de la comisión de Legislación general que ya aprobó una agenda para discutir una reforma a la novedosa ley de alquileres de 2020, que fuera aprobada con 191 votos en Diputados, y luego con 41 en el Senado. Pero que, según la oposición, “no dio los resultados buscados para los propietarios, ni tampoco para los inquilinos”.
La duración temporal mínima de tres años del contrato y el ajuste anual (no por períodos de tiempo inferior) mediante un índice de inflación que estable el Estado, son los dos puntos clave de la ley vigente que las cámaras de propietarios e intermediarios quieren derogar. Para eso cuentan con el apoyo político pleno de los bloques opositores y con el sistema de medios de comunicación que habitualmente acompaña sus posiciones políticas. En el FdT, la posición dominante es evitar se alteren estos dos puntos sensibles, aunque prefieren, por ahora, escuchar a todos los interesados antes de pronunciarse de manera taxativa.
Algunos sectores del Frente de Todos (FdT), al cabo la fuerza política que aprobó la ley actual en el Senado (en soledad), también abonan la hipótesis de que “la ley no dio los resultados esperados” y que debe modificarse. Aunque, muy probablemente, el FdT impulse cambios en sentidos diferentes a la pretensión de reforma del principal bloque opositor, Juntos por el Cambio (JxC).
Por tres semanas, se sucederán reuniones informativas y federales en la comisión que preside Cecilia Moreau, pudiendo anotarse todas las asociaciones de inquilinos del país interesadas en hacer escuchar sus puntos de vista; de igual modo, podrán hacerlo los representantes de los propietarios. En la última semana de abril, se presume, se firmarían los dictámenes (o uno solo, si hubiera acuerdo político entre los distintos bloques, algo de improbable pronóstico al día de hoy), con vistas a que el tratamiento llegue al recinto hacia el mes de mayo.
Con todo, el diputado rosarino Eduardo Toniolli (FdT), integrante de la flamante comisión estratégica de Legislación General, tomó la palabra ayer en la Sala 1 del edificio Anexo de Diputados, y solicitó se “garantice la participación de las distintas asociaciones de inquilinos en la reuniones informativas que desarrolle la comisión”, que se iniciarán el próximo martes 12, y con modalidad mixta: habrá diputados presenciales y también los expositores que lo deseen podrán hacerlo de modo remoto. Toniolli pidió “equilibrio entre el apremio por dictar una nueva ley y la necesidad de escuchar a todos”.
El acuerdo político para constituir la comisión incluyó un tiempo estimado 30 días hábiles de tratamiento para luego llegar a los dictámenes, y el retiro de la oposición de un pedido de sesión especial con la intención de promover la derogación inmediata de la actual norma vigente. La oposición se avino de conformar la comisión de Legislación General de 31 miembros, 16 de los cuales son del oficialismo, así como también la presidencia, a manos de Moreau, que tributa en el partido de Sergio Massa pero que a su vez tiene excelentes vínculos con el kirchnerismo, en especial motorizados por su padre, Leopoldo, también diputado nacional.
Por lo demás, JxC aceptó discutir un largo mes una nueva norma, y desestimó atropellar con la derogación a través del pedido de una sesión especial. Fuentes del FdT confiaron este martes a La Capital, “desistieron porque no tenían el quorum para una sesión especial por la derogación”.
El equilibrio de mayorías y minorías en Diputados, se sabe, es milimétrico: 118 el oficialismo, 116, JxC. En términos numéricos, nadie tiene nada seguro, y en términos futboleros, los goles se celebran sólo luego de que la pelota ingresó en el arco.
La oposición ya presentó una docena de proyectos de ley tendientes a liberalizar los contratos de locación, incluyo desregulando aún más el modelo vigente hasta 2020 (dos años de duración del contrato); el principal argumento de esa visión política se basa en que “la falta de oferta de unidades en alquiler, lo que provoca el aumento de los precios y la creciente desesperación de inquilinos que no consiguen dónde vivir, se explica por las excesivas regulaciones que terminan por retraer a los oferentes que prefieren mantener sus propiedades vacías antes que mal alquilarlas”.
Los proyectos de JxC, con matices, dejan librado al “libre acuerdo” entre las partes respecto del tiempo de duración del contrato, el precio y el modo de indexación.
Entretanto, en el bloque del FdT, por ahora alumbraron dos proyectos de ley, el más respaldado tiene la autoría de José Luis Gioja (San Juan), y mantiene los pilares de la ley vigente, pero a vez pone un tope al monto que puede pretender el propietario al momento de la renovación del contrato, no pudiendo exceder el incremento de un 10 por ciento (por encima del ajuste que corresponda por inflación).
Entre otros aspectos, Gioja propone ofrecer beneficios tributarios a los propietarios que inscriban en la Afip el contrato de locación, inscripción que ya es obligatoria con la ley vigente, pero que tuvo un muy bajo acatamiento; en especial, por la casi absoluta falta de involucramiento de los organismos de control de la órbita del Poder Ejecutivo nacional.
