Políticas públicas: el empleo se posiciona en el centro de la agenda

El mundo del trabajo supo reconstruir durante los últimos diez años un nivel de institucionalidad perdido en el agujero negro que fue la década de los 90, entre cuyos elementos centrales se destacan las negociaciones paritarias y una batería de legislación diseñada para defender los puestos de trabajo ante la caída de la actividad como prioridad pública número uno.

Las mejoras en los niveles de empleo atadas al crecimiento de la economía nacional que marcaron la última década, con eje en la reactivación del entramado industrial, ayudaron a construir un escenario donde las demandas de los trabajadores pudieron dar un salto cualitativo para pasar de reclamar un trabajo, a pedir por más y mejores derechos laborales para franjas cada vez más amplias.

En la columna del debe, las altas tasas de informalidad que todavía caracterizan a muchos sectores de actividad aparecen como la gran cuenta pendiente de los últimos gobiernos, que a pesar de haber generado nuevas leyes para atacar ese fenómeno no lograron que el trabajo en negro deje de ser, también, una marca del proceso de desarrollo de la post convertibilidad.

Sin embargo, existe consenso entre gremios, funcionarios y representantes de algunos sectores empresariales respecto al hecho que sólo se puede discutir sobre mejoras laborales a partir de una evidencia: en Argentina, hay trabajo.

Así lo expresaron actores sociales, políticos y económicos de extracciones muy diferentes durante la jornada "Hacia una nueva agenda de trabajo decente: los desafíos de la formalización laboral", organizada por el gobierno de Santa Fe la semana pasada en la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Dirigentes gremiales tanto de los asalariados como de las empresas coincidieron en señalar que, en ese marco general de defensa del empleo "bajado" desde la Nación, el ministerio de Trabajo de Santa Fe se ubicó desde lo político siempre "del lado de los trabajadores".

Esta orientación fue complementada por muchas herramienta legales provinciales que enriquecieron los derechos laborales como los convenios firmados con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la creación de los comités mixtos de salud y seguridad, la mejora en la cantidad y calidad de las inspecciones, y la multiplicación de los espacios de capacitación.

Consenso social. La defensa de esta reencontrada institucionalidad del mundo del trabajo aparece como una bandera que reivindican hoy tanto gremios como las empresas y diferentes niveles del Estado, más allá de los colores políticos con los que se identifica cada uno.

Así lo evalúa el ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, Julio Genesini, cuya continuidad en el cargo fue ratificada por el gobernador electo Miguel Lifschitz hace pocas semanas atrás.

"Tenemos que acostumbrarnos en Argentina a la continuidad de las políticas que dan resultado: si hubo crecimiento del empleo y del consumo, y si esa mejora del empleo trajo más derechos para los trabajadores y más poder adquisitivo en general, que eso continúe no debe depender sólo de un gobierno, toda la sociedad debe salir a defender esa conquistas", argumentó.

Para ilustrar esa nueva conciencia social, tomó el ejemplo de lo que pasó a principios del año 2014, cuando a la devaluación y la suba de tasas se sumaron las complicaciones con los fondos buitres: "hubo una retracción de la economía pero desde Nación y Provincia se defendió el empleo, y logramos que apenas se perdiera medio punto".

"Hay una decisión de la sociedad, de los empleadores, de los sindicatos y de los gobiernos de utilizar todas la herramienta para capear las crisis sin pérdida de puestos de trabajo, es una nueva conciencia que se está extendiendo y que marca una diferencia con otras etapas, creo que hay un consenso que no será abandonado y tengo la convicción y la esperanza de que así sea", marcó el ministro.

Walter Andreozzi, de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), agregó la visión de los industriales de la región respecto a esto: "en estos años el gobierno nacional ayudó a través de los Repro y del gobierno provincial, que colaboró en una buena gestión interrelacionada". También planteó la necesidad de contar con un ministerio "muy activo" para tratar de anticipar eventuales conflictos, en referencia al impacto que puede tener la crisis global.

La pata trabajadora. Por el lado de los trabajadores, los representantes gremiales de sectores como los bancarios, los mercantiles y los metalúrgicos coincidieron con la idea de no abandonar la mejoras conseguidas de cara a la nueva etapa política que tendrá el país.

Matías Layús, de la Bancaria,subrayó que desde ese espacio "militan con la expectativa de que haya continuidad" del actual modelo: "no queremos retroceder y volver a los 90", dijo. Para el gremialista los asalariados "están parados en lo que se consiguió", una lista donde entran las paritarias, la reestatización del sistema de jubilaciones y de empresas como Correos o Aerolíneas, la recuperación de derechos de la ley de contratos de trabajo que habían sido cercenados por la dictadura.

Aún así reconoció que "faltan cosas", pero aclaró que "prefieren seguir discutiendo Ganancias, reforma tributaria y reestatización del Banco Hipotecario antes que volver a discutir privatizaciones y cesantías".

Desde Empleados de Comercio coincidieron en el diagnóstico: "tenemos que ir por una mejora de lo hecho estos últimos doce años, no queremos volver a padecer los años 90, está en juego la estabilidad de la gente y lo conseguido", señaló Juan Gómez.

Por su parte Pablo Serra, de la Unión Obrera Metalúrgica, subrayó el hecho de que toda la discusión de la jornada se apoyaba en una premisa básica: "hay empleo". "No es algo menor, ya que al haber empleo, podemos discutir sobre lo que falta mejorar".

Para Serra existen algunas leyes nacionales fundamentales para la defensa de los asalariados, como la del registro de empleadores con sanciones laborales.

"Estamos avanzando hacia un cambio cultural, como poder armar un consenso respecto a la necesidad de resolver los problemas de informalidad laboral", sintetizó.

Agenda nueva. Respecto a la jornada, Genesini la calificó como un evento "muy importante" ya que permitió presentar el trabajo hecho el año pasado junto a la OIT con la idea de sentar las bases para un salto cualitativo que vaya desde el combate al trabajo informal, a la detección de sus causas en los circuitos de la economía en negro.

"Existen núcleos duros de informalidad en áreas puntuales del ámbito rural donde se utiliza mano de obra intensiva, también vemos formas informalizadas de la economía en la gastronomía y la construcción, y hacia allí hay que apuntar la mirada".

Otros nichos son los emprendimientos de cuentapropistas y las microempresas.

"No se trata sólo de fiscalizar, también hay que acercarse con asesoramiento, porque hay instrumentos muy importantes que son desconocidos incluso a veces por los profesionales".

Por eso, el objetivo del trabajo presentado es poder discutir con sindicatos, trabajadores y organizaciones respecto a esa nueva agenda: "la informalidad conspira contra los trabajadores, pero también contra las empresas que hacen bien las cosas y contra el propio Estado".

El director de la oficina en Buenos Aires de la OIT, Pedro Furtado de Olivera, destacó el caso santafesino y señaló que "Santa Fe está adelante respecto de otros países donde no se pudieron bajar a los estados subnacionales las políticas de este tipo". Durante el encuentro se presentó el documento "Fortalecimiento de la institucionalidad laboral para el trabajo decente en Santa Fe", elaborado de manera conjunta entre el gobierno provincial y el organismo internacional, donde se analizan las políticas públicas.