Organizaciones ambientalistas y políticas rechazan el proyecto de la Hidrovía

Colectivos y organizaciones socioambientales, políticas y activistas se concentran desde este lunes por la mañana frente a las puertas de la sede local de Gobernación para rechazar el proyecto de la Hidrovía Paraná - Paraguay. Los manifestantes sostienen que el proyecto pone en peligro al ecosistema del humedal por el impacto ambiental que genera la iniciativa, cuya concesión finaliza luego de 25 años.

Se trata de una vía navegable que en su tramo argentino va desde el kilómetro 1.238 del río Paraná y el kilómetro 239 del canal de Punta Indio, en el Río de la Plata, y lo que se concesiona son obras para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado y mantenimiento de la vía navegable troncal.

Es por eso que desde el mediodía de este lunes se celebra en Rosario el Consejo Federal Hidrovía (CFH) y estará presidido por el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, y participarán el Ministerio del Interior, de Desarrollo Productivo, y las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe, que fueron integradas al Acuerdo Federal de la Hidrovía, celebrado el pasado 28 de agosto de 2020. También participan organizaciones sindicales, no gubernamentales y cámaras empresarias. El mismo tiene por objeto ser un “espacio asesor de coordinación política y estratégica para la administración de la Hidrovía Paraguay-Paraná”.

Desde la ONG El Paraná No Se Toca apuntaron que "de concretarse un nuevo proyecto, que no solo integraría los ríos Paraná-Paraguay sino también el canal Magdalena, se generarían impactos directos, provocados por las obras y la navegación, que tienen incidencia en la fauna ictícola, la biota acuática, las barrancas y también consecuencias indirectas estrechamente vinculadas a la Hidrovía".

En tanto, aseguraron que "es alarmante la falta de información pública del impacto ambiental real que generaría el proyecto Hidrovía y que carecemos de organismos de control, independientes e integrados por científicos, técnicos y miembros de las organizaciones socioambientales", y que, según denunciaron, "los organismos con tales funciones anteriormente creados, nunca se pusieron en marcha, dejando la tan importante tarea del estudio y fiscalización del impacto a consultoras privadas".

Por otra parte, apuntaron que "tampoco existe claridad sobre qué va a suceder con el Contrato de Concesión celebrado en 1993 y prorrogado desde entonces".