Nación rescindió las concesiones de dos corredores viales claves en la región

El gobierno nacional rescindió la concesión de dos corredores viales que habían sido asignados a operadoras privadas durante el gobierno de Mauricio Macri bajo el esquema de Participación Público Privada (PPP). La decisión involucra a las principales rutas nacionales que pasan por Santa Fe. El Ministerio de Obras Públicas argumentó el incumplimiento de los contratos, la parálisis de las obras y el alto costo que representaban. Los trabajos serán realizados ahora por Vialidad Nacional.

Las rescisiones comprenden al Corredor E, que abarca la autopista Rosario - Campana; las rutas 11 y 34, la circunvalación de Rosario (A-008) y la A012. El otro contrato que se rescinde es el del Corredor F, que comprende a la autopista Rosario-Córdoba y la ruta 33.

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, explicó que el “esquema público-privado que impuso el macrismo fue un fracaso y era ruinoso para el Estado”. Agregó que “el costo de las obras iba a ser el triple del que correspondía y esos contratos en dólares representaban un gigantesco negocio para unos pocos”.

El Ministerio comunicó que llegó a un acuerdo con la contratista PPP conformada por Helport, Panedile, Eleprint y Copasa (España), a cargo de los corredores E y F. Fue en el marco de un proceso de extinción de los contratos que comenzó en mayo con la intimación a las empresas concesionarias de seis corredores viales.

Así, a dos años de la fallida implementación del controvertido esquema de financiación de obra pública diseñado en la gestión del expresidente Macri, se inició un proceso de rescisión.

El actual gobierno consideró que hubo “irregularidades e incumplimientos”. Por eso, el 27 de mayo pasado intimó a las operadores los seis corredores viales a cumplir con el incremento de las garantías bajo apercibimiento de extinción de los contratos. El 31 de agosto se les otorgó la posibilidad de rescindir los contratos de común acuerdo hasta el 30 de noviembre.

En julio de 2018 se concesionaron seis corredores viales bajo la modalidad PPP y los contratos implicaban que el financiamiento, la realización de las obras, la concesión del mantenimiento y la explotación comercial quedaban a cargo del sector privado. “En todo este período, las obras de fondo no han avanzado y las empresas no han conseguido el financiamiento, las inversiones mínimas y la ejecución física del plan de obras principales llega en promedio solo al 2%”, explicaron desde Obras Públicas.

En ese aspecto, recordaron que esos contratos debían impactar en el programa Rutas Seguras que prometía la realización de 4.000 km, pero sólo hicieron seis kilómetros.

Katopodis señaló que Vialidad Nacional, como organismo rector en la planificación vial, “va a realizar las obras que no se hicieron en estos dos años”.

En conjunto, los seis proyectos comprometían una inversión de u$s 5.400 millones en cinco años para la construcción de 3.400 kilómetros de autopistas y rutas. Sin embargo -puntualizaron las fuentes-, el costo total era bastante más elevado, ya que incluía el costo del financiamiento a 10 años de plazo: entre u$s 10.000 millones y u$s 13.000 millones”.

Los contratos incluían, además, la concesión gratuita de la explotación de las áreas comerciales (fundamentalmente estaciones de servicio). De acuerdo con el Ministerio, los contratistas estuvieron “percibiendo los beneficios producto de las concesiones desde agosto de 2018”.

Al respecto, apuntaron que en julio de 2019, el gobierno anterior suscribió una adenda de los contratos PPP, que tuvo como objetivo “condonar el incumplimiento de las condiciones básicas de los contratos, fundamentalmente la falta del financiamiento”.

Desde la cartera explicaron que ese cronograma tampoco se cumplió.