El gobierno nacional elevó la presión para que la Legislatura santafesina avale el pacto fiscal firmado en 2017, al condicionar a esa aprobación el pago de la deuda histórica que mantiene con la provincia por la detracción indebida de la coparticipación.
El encargado de transmitir el mensaje fue el diputado provincial Federico Angelini, en declaraciones a "Zysman 830". El titular de Unión PRO en Santa Fe sostuvo que "a partir del 31 de marzo, el gobierno nacional se comprometió a establecer los mecanismos de pago de la deuda que tiene la Nación con la provincia de Santa Fe".
Pero advirtió que "está faltando un pequeño detalle", que es la adhesión de la Legislatura al acuerdo fiscal que el gobernador Miguel Lifschitz firmó en noviembre pasado, junto a la mayoría de sus colegas, con la Nación. El tratamiento de ese tema fue postergado a fines del año pasado, entre otras cosas por las diferencias que surgieron dentro del propio Frente Progresista.
Angelini puso el dedo en la interna al "lamentar" que, por "las diferencias que tiene en el Frente Progresista", el gobernador "no puede avanzar en ese tema".
En rigor, la provincia de Santa Fe cuenta con un fallo a favor de su reclamo, por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En 2015, cuando el máximo tribunal le dio la razón al planteo formulado en 2009 por el ex gobernador Hermes Binner, no sólo ordenó cesar detracciones indebidas sino a devolver al Estado santafesino los fondos descontados en los años que transcurrieron entre la demanda y la sentencia.
En ese fallo, la Corte ordena al gobierno nacional pagar esa deuda, aunque insta a las dos administraciones a ponerse de acuerdo en el monto y la forma de pago. Aunque hubo promesas desde el Estado nacional, esa propuesta no apareció en los dos años transcurridos desde el fallo. Por eso, meses antes del pacto fiscal, Santa Fe presentó una propuesta propia de cobro ante el máximo tribunal. Sobre deuda original fue estimada en 23 mil millones de pesos, pasó una cuenta actualizada de 53 mil millones de pesos.
Luego, en noviembre, los gobernadores firmaron el acuerdo fiscal. Aunque aclaró que la provincia cuenta con un fallo a favor, Lifschitz consideró una victoria el compromiso nacional de discutir la cancelación de la deuda antes del 31 de marzo.
Lo mismo dijo del acuerdo para que la Ansés transfiera automáticamente los fondos para financiar las cajas de jubilaciones provinciales no transferidas. Esa obligación, acordada por los pactos fiscales de los 90, fue ratificada en la ley de blanqueo de capitales y reparación histórica. Pero había conflictos en el cumplimiento.
El martes, Lifschitz se quejó por Twitter de a demora en la transferencia de fondos para ese fin, de parte de la Ansés.
Otra planta láctea cierra en Santa Fe
La láctea Williner decidió cerrar su planta en la localidad santafesina de Suardi, con la intención de concentrar sus actividades en Bella Italia. La movida, que obedece a la persistencia de la crisis en el sector lácteo, implicará la reubicación de parte del plantel de 69 trabajadores que tiene la firma en esa localidad, pero también desvinculaciones a través de retiros voluntarios.
El intendente de esa localidad, Hugo Boscarol, explicó que la firma planea concentrar su producción en las plantas más grandes y dotadas con mayor tecnología, como Bella Italia y Arrufó, donde procesa un millón y medio de litros de leche por día.
El sector lácteo no logra recuperarse de la crisis sectorial y de los problemas climáticos que tuvo en 2016 y principios de 2017, año en el que volvió a cerrar con caída de la producción.
El gobierno provincial ya inició 92 proyectos a partir de un estudio sobre el atraso en infraestructura para lidiar con la lluvia y prevenir inundaciones
Por Lucas Ameriso
Por Carina Bazzoni
Por Facundo Borrego
