Los lunes al sol: una crónica de desempleo y crisis en la región

Desde diciembre de 2015 una tormenta perfecta azota al tejido productivo santafesino. Con la apertura de importaciones, la suba de tarifas y la caída del consumo por la devaluación y la inflación, los agentes económicos que dependen del mercado interno se aferran a lo que pueden y aguantan, varios se ahogan en el intento y sólo se mantienen a flote aquellos vinculados al agro. El Estado provincial auxilia, pero si no cambia el clima no habrá salvavidas para todos.

En este marco, dirigentes empresarios y gremiales describen las consecuencias del modelo en sus sectores, mientras que el ministro de Producción de Santa Fe, Luis Contigiani, el de Trabajo, Julio Genesini, y el diputado provincial Carlos del Frade apuntan los cañones hacia el gobierno nacional: cuestionan lo que definen como "darwinismo industrial", la primacía de lo financiero sobre lo productivo y el avance del desempleo y la flexibilización laboral.

El primer cimbronazo se registró en Fray Luis Beltrán. El grupo Glencore, con sede en Suiza, interpretó la primera ola de despidos en el sector público como una luz verde para el ajuste, y en febrero de 2016 cerró la fábrica de Ar-Zinc, la primera y única productora de zinc electrolítico del país.

La empresa argumentó que no tenía fondos para reparar uno de los hornos principales de la fábrica. En aquel entonces el titular del Sindicato Unico de Trabajadores Químicos y Petroquímicos (Sutraqyp), Daniel Santillán, planteó que el cierre era previsible, ya que la empresa había dejado de invertir tres años atrás.

Con el cierre de la ex Sulfacid unos 460 trabajadores perdieron su empleo. En marzo del año pasado, en el marco de un festival solidario realizado en la puerta de la planta, un operario de Ar-Zinc tomó la palabra y anticipó un sentimiento cada vez más extendido en el mundo del trabajo: "Estuve 20 años acá adentro, salí de la colimba y entré. Pero me echaron como a un perro, amenazándome, diciéndome que si renunciaba me daban hoy el 100% y mañana el 50%", relató. Y reconoció: "Tomemos conciencia de lo que nos está pasando con este gobierno, que lamentablemente yo lo voté, voté por el cambio, pero no creí que me iba a hacer esto. Me dolía el impuesto a las ganancias, me dolía mucho, hoy me duele más que quedé sin laburo, gracias a Macri".

Luego se encendieron luces amarillas en la industria de electrodomésticos. Debido a la caída del consumo y la apertura de importaciones entre junio y septiembre de 2016 Gafa Electrolux suspendió a 360 trabajadores y Bambi a 450. Se trata de un dato particularmente sensible para Rosario, ya que en esta región se ubica el polo de fabricación de heladeras más grandes del país. Según describen desde el Ministerio de Producción de la provincia entre 2010 y 2015 la producción de heladeras alcanzó una nacionalización casi total. En 2015 se vendieron 1.100.000, de las cuales el 97% eran de producción nacional. En 2016 se vendieron 780 mil, y la importación trepó al 15%.

La avalancha de productos del exterior sigue su curso: de acuerdo a datos del Observatorio de Importaciones de Santa Fe en la comparativa del periodo enero-mayo de 2015, 2016 y 2017 se constata que en dos años la importación de planchas a vapor aumentó un 82 por ciento; de licuadoras, 607%; y de heladeras, 225%.

Otro sector jaqueado por la caída del poder adquisitivo y la apertura importadora es el calzado. En septiembre de 2016 los empleados de la firma Wyler's, ubicada en Alcorta, mandaron una carta al presidente Macri: le pedían un freno a las importaciones. Nunca les contestaron.

En 2016 las compras al exterior de este tipo de artículos crecieron un 20,8 por ciento con respecto a 2015 y un 86 por ciento en los primeros cinco meses de 2017 con relación al mismo período de dos años atrás. Según cálculos del dueño de Wyler's, Gerardo Cucco, el consumo del mercado interno cayó un 50 por ciento y la baja de un 75 por ciento de los clientes. En el caso de la empresa de Alcorta, el 80 por ciento de su producción la captaba un importador, otro compraba un 10 por ciento y el resto se distribuía entre 70 clientes del mercado local. Hoy los dos primeros sólo demandan un 20 por ciento de lo que compraban a raíz del doble fenómeno de la caída del consumo y el aumento de las importaciones.

Su diagnóstico marcaba que había que ajustar por algún lado. En mayo de este año Cucco planteó a los empleados tres opciones: "Terminamos con el trabajo que nos queda y cerramos, echamos el 50% de la gente y seguimos, o aguantamos todos juntos".

Finalmente los trabajadores de Wyler's aceptaron reducir su jornada laboral a la mitad y cobrar el 50 por ciento de sus haberes. Luego de los 40 retiros voluntarios del año pasado hoy Wyler's emplea a 108 trabajadores.

En el sector lácteo además de la anemia de ingresos de la población y la entrada de productos del exterior se suma la crisis hídrica.

En marzo cerró la fábrica de quesos Magnasco, ubicada en la localidad de Santa Isabel, y 26 operarios se quedaron sin trabajo. Lo mismo había sucedido dos meses antes en Chateaubriand, una planta de la localidad de Carmen que desde 1997 fabricó leche fluida y en 2001 se volcó a la producción de quesos. Lo cierto es que Chateaubriand bajó la persiana y dejó sin empleo a 17 obreros. Los trabajadores apuntan al dueño de la compañía, Aldo Muscolini, un empresario de Venado Tuerto dedicado a la distribución de bebidas y alimentos y al que acusan de vaciar la empresa.

Desde hace ocho meses diez de los trabajadores sostienen un piquete frente a la planta y los siete restantes iniciaron acciones legales.

No obstante, la crisis de la industria láctea no sólo tensiona a las pymes sino también a los peso pesado del sector.

Mastellone Hermanos anunció el cierre de su planta clasificadora de Rufino a partir del 31 de julio debido a "la caída en el recibo de materia prima" y la imposibilidad de la compañía de "procesar la cantidad mínima de leche para ser sustentable operativamente".

La propietaria de la firma La Serenísima remarcó "la competencia con empresas que operan en la marginalidad, que impacta negativamente en el recibo de leche de la compañía, y la adversidad climática significativa, que redujo la cantidad de tambos remitentes".

En efecto, el presidente de la Mesa Provincial de Lechería de Santa Fe, Marcelo Aimaro, resalta que entre abril de 2016 y la actualidad desaparecieron entre 400 y 500 tambos y la producción provincial de leche bajó de 9 millones de litros diarios a 5 millones y medio.

En este marco, la crisis también golpeó las puertas de Sancor. En medio de una profunda crisis financiera estructural la cooperativa con sede en Sunchales paralizó sus plantas paralizó en marzo de este año cuatro plantas: Brinkmann y Coronel Moldes, en Córdoba; Charlone, en Buenos Aires, y Centeno, en Santa Fe.

Después de un tire y afloje que tensionó a las 4 mil familias, 1.500 productores y decenas de localidades que dependen de esta industria el gobierno nacional cumplió su objetivo. En mayo, la asamblea de Sancor aprobó un plan de ajuste, la creación de un fideicomiso de administración y la búsqueda de un socio estratégico, que podría ser la neocelandesa Fonterra, el mayor exportador de lácteos del mundo.

Al igual que hiciera con el yacimiento Vaca Muerta y el gremio petrolero, la administración nacional utilizó la crisis de Sancor y de la industria láctea como laboratorio para redefinir las relaciones laborales. En este caso, forzó al sindicato Atilra a reducir el monto de un aporte patronal que cobra desde 2009 y discutir la flexibilización del convenio laboral para toda la actividad.

A cambio, el gobierno se comprometió a otorgar un crédito de 450 millones de pesos para el fideicomiso de Sancor. Sin embargo, sólo transfirió 200 millones. A mediados de julio el vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui, afirmó que "no hay fecha" para que el gobierno ponga los 250 millones restantes.

También en el rubro alimentación impactó la decisión de la empresa austríaca Agrana Fruit, principal procesadora de frutillas de Coronda, de trasladar su producción a Corrientes. De esta forma, la planta de la ciudad santafesina sólo será un puesto de acopio y congelamiento.

En cierta forma, la situación de Agrana Fruit tiene puntos de contacto con el caso de Mefro Wheels. En ambas situaciones, empresas europeas deciden a distancia reorganizar sus negocios y aprovechan un gobierno nacional que eleva como línea de política pública el "siga, siga".

La pelea de Mefro

En el caso de Mefro la orden bajó desde Alemania. El grupo inversor que había comprado la ex Cimetal decidió aprovechar el nuevo escenario e importar directamente las llantas desde otras filiales. Desde el 2 de enero, cuando llegaron a la fábrica de Ovidio Lagos al 4400 y no tenían materia prima para trabajar, los obreros lanzaron una lucha para mantener en pie una fábrica viable técnicamente y rentable.

En aquellos días inciertos, Miguel Valentino, uno de los delegados de Mefro, reconocía que los obreros sentían "dolor, angustia y ansiedad" y cuestionaban la falta de respuestas del presidente Macri y el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca.

Los trabajadores observaban la cara más hostil del mercado laboral: con una industria en caída libre y con muchos obreros que superan los cuarenta años, insertarse en el empleo formal resulta una tarea casi imposible. Por caso, Valentino tiene 61 años; desde hace 19 trabaja en Mefro y hace 42 en el rubro metalúrgico.

Cuando la situación parecía irremontable apareció en escena la autopartista Cirubón, que acordó en abril con la dueña de Mefro alquilar la planta para gestionarla. Sin embargo, a más de tres meses de firmarse el compromiso con los hermanos Ciccarelli la fábrica sigue parada. El abogado de la UOM Rosario, Pablo Cerra, explica que la demora se relaciona con los tiempos de la justicia: todavía se tiene que abrir el concurso para que Cirubón y Mefro puedan arreglar el contrato de locación. Los tiempos son flexibles: podría solucionarse tanto en una semana como en dos meses. "Lo más importante es que todas las partes están al pie del cañón", expresa con optimismo.

No obstante, los obreros de Mefro mantienen todavía dos reclamos con el Estado nacional: denuncian que a diferencia de la provincia no cumple en tiempo y forma con el subsidio pautado y que tampoco avanzó en la reubicación de los 20 trabajadores que quedaron afuera.

Además de Mefro, el gremio metalúrgico también pone el foco en las empresas Bahco y Acindar Navarro.

En noviembre del año pasado la fábrica de herramientas Bahco anunció que suspendería sin goce de haberes a 200 trabajadores de su fábrica de Santo Tomé durante la segunda quincena de diciembre, debido a una caída del 30 por ciento en las ventas y el incremento del ingreso de productos chinos.

No obstante, diez días después representantes de la firma, la UOM y Asimra (Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina) firmaron un acuerdo en el Ministerio de Trabajo de la provincia. La empresa se comprometió a no efectuar despidos hasta el 31 de mayo, a mantener los sueldos de bolsillo, a pagar la totalidad de la obra social, la ART y los aportes sindicales, aunque se redujeron los aportes patronales a los aportes jubilatorios.

El 1º de junio, director general de Bahco, Fernando Montenegro, sostuvo en declaraciones radiales que "renovar el acuerdo sería un parche, estirar los tiempos, un paliativo" y que "la posibilidad de ajustar la mano de obra es en realidad una necesidad".

En Acindar Navarro el conflicto también se desató el año pasado, cuando la empresa anunció que a partir de julio se cerraría un turno en la planta de avenida Godoy al 8000. En ese entonces el secretario general de la UOM Rosario, Antonio , señaló que existe "una decisión política de cerrar la planta" ya que, explicó, la empresa "compró una planta en San Nicolás que es mucho más moderna".

Desde entonces, denuncian desde el gremio, avanzaron los retiros voluntarios, las jubilaciones anticipadas y no se renovaron contratos. En sólo un año la plantilla se redujo de 180 a 60 empleados, que conviven con la incertidumbre acerca de su fuente laboral.

El peor final

En Rioro la situación terminó mal. La historia se remonta a abril del año pasado, cuando el grupo Emepa ofreció a los 150 trabajadores del taller de Pérez un retiro voluntario, debido a la decisión del gobierno nacional de comprar unidades a China.

De esta forma se cortó abruptamente la reactivación que había experimentado la empresa desde mediados de 2014, con encargos de reparación integral de 10 vagones portacontenedores y 28 vagones de carga cubiertos para el Belgrano Cargas.

En ese momento la empresa retiró a 80 empleados. Los últimos dos meses fueron un subibaja emocional para los 73 restantes: el 22 de junio, al llegar a sus puestos laborales, se encontraron con los portones cerrados y dos pequeños carteles donde la empresa anunciaba su decisión de cerrar la planta. El gobierno provincial intervino con la conciliación obligatoria, al mismo tiempo que los titulares de la firma negociaban un posible traspaso con representantes de Ferronaval, una empresa nacional del mismo rubro asociada con capitales mexicanos y chinos.

No obstante, Rioro se mantuvo inflexible. Desgastados por el conflicto,los obreros aceptaron el retiro voluntario, precisa Cerra. El acuerdo implica un 130 por ciento de lo que les correspondería por indemnización más el sueldo bruto de agosto.

El metalúrgico es uno de los sectores más castigados en la etapa abierta en diciembre de 2015: según el relevamiento del Observatorio Laboral de la UOM en los últimos dos años cerraron en la ciudad 72 pymes del sector, que emplean en promedio a 10 personas. Incluso, calculan que salieron de circulación muchas más empresas, ya que la mayoría no informa el cierre al gremio.

Esos datos están en sintonía con la situación nacional. A fines de julio, el secretario general de la UOM, Antonio Caló, calculó que desde el 2015 unos 30 mil obreros metalúrgicos se quedaron sin trabajo.

Una doble "selección" opera bajo el paraguas de la reconversión industrial. Las pymes que caen como moscas en la carrera por escala y los trabajadores expulsados de las grandes compañías. En el sector automotriz, el conflicto por la suspensión de 350 operarios, en General Motors, también le sumó tensión al mercado laboral.

Darwinismo industrial

Más allá de las particularidades de cada empresa y sector, para funcionarios y referentes sindicales y políticos de la provincia el deshilachamiento del tejido productivo no es casual. Y tiene responsables concretos.

Según el ministro de Producción de Santa Fe, Luis Contigiani, el gobierno nacional genera un "darwinismo industrial", basado en un criterio de "competitividad bajo desigualdad de oportunidades". Así, el pez gordo se come al chico, y el extranjero al nacional.

De acuerdo al funcionario, el macrismo desempolva un recetario en desuso en el mundo y que ya fracasó en Argentina. En su opinión, sus premisas son "el endeudamiento para cubrir el déficit fiscal; una estrategia monetarista para enfrentar la inflación, cuando el mundo enfrenta el fenómeno inflacionario a partir de un conjunto de herramientas mucho mas sistémicas; la apertura de la economía y un enfriamiento del mercado interno, que pone en una situación muy complicada a las pymes y los laburantes".

"Viene a generar una timba financiera y un negocio para muy pocos: grandes empresas financieras, exportadores, que hacen grandes diferencias en esas burbujas, mientras la mayoría de las pymes y los laburantes la están pasando muy mal", agrega.

En una sintonía similar, el diputado provincial Carlos del Frade caracteriza al momento actual como "la tercera etapa del gobierno de los bancos en los últimos 50 años". Y explica: "La primera fue entre 1976 y 1983, la segunda en los 90 -incluido de la Rúa- y esta es la tercera. Los bancos son el vector que marca la política económica, y cuando se impone lo financiero sobre lo productivo se genera desprecio de la mano de obra, retroceso en las condiciones laborales, despidos y desocupación".

En este marco, se repite una pregunta: ¿El macrismo fogonea el desempleo para terciar en la pulseada capital-trabajo? ¿O es la desocupación un daño colateral del modelo?

El ministro de Trabajo de la provincia, Julio Genesini, considera que la política económica nacional "va seleccionando un esquema de desarrollo con sectores beneficiados y sectores perjudicados, vinculados al mercado interno. La política laboral apunta a ir flexibilizando condiciones de trabajo, o buscando competitividad sobre la base de bajar costos resignando ciertos derechos por parte de los trabajadores".

Para Del Frade, en cambio, el engrosamiento de las filas de los desocupados es una meta concreta. "La producción de un ejército de desocupados tiene como objetivo la reducción salarial y la precarización de las condiciones laborales; es un objetivo buscado por las grandes patronales", sostiene.

Pueblo chico, ajuste grande

En este marco, la crisis pega particularmente duro en las comunidades y ciudades chicas. Por caso, el jefe comunal de Acebal, Daniel Siliano, destaca que "el 60% de la actividad económica del pueblo está vinculada al calzado" y la caída de la producción repercute en la actividad comercial y en las finanzas públicas.

Todos los días, relata Siliano, recibe a "gente que no llega a pagar el alquiler, a cubrir la comida del mes". "Se sufre mucho", reconoce.

En Centeno, estima el jefe comunal Juan Gufi, el cierre de la planta de Sancor sacó de circulación entre 2,5 y 3 millones de pesos al mes.

En Fray Luis Beltrán se presenta una situación similar: según cálculos de la intendenta Liliana Canut Ar-Zinc –la única empresa grande de la ciudad- tributaba 480 mil pesos a la ciudad, que representan la cuarta parte de la masa salarial municipal.

Corto y mediano plazo

Ante cada foco de conflicto, el gobierno nacional parece convalidar el tradicional relato sobre la falta de competitividad y productividad de la industria local; un supuesto entramado frágil, defendido por una muralla de regulaciones. ¿En qué medida la crisis trasciende la coyuntura y expresa déficits de mediano plazo?

Para Donello y Siliano la debacle empezó en diciembre de 2015. Incluso, el jefe comunal de Acebal desmiente el relato aperturista: destaca que la mayoría de los fabricantes de calzado durante la posconvertibilidad "crecieron y se tecnificaron para competir y trabajar".

En contraste, Aimaro opina que los problemas en la industria láctea "no vienen de hoy". "No hay un sistema que ordene la cadena, le dé previsibilidad y que cada uno se lleve lo que corresponde: el sector industrial y el comercial se llevan una porción mucho más grande que el productor", indica.

Contigiani remarca que, más allá de la coyuntura, asoman debates de fondo: "No tenemos un modelo de acumulación que permita plantear una política de reindustrialización de Argentina, que es el único camino para resolver los tres problemas estructurales que nos dejó la etapa iniciada en 1976: la pobreza estructural, el desempleo estructural, y una distribución regional marcada por el centralismo".

El rol de la provincia

En estos 19 meses el gobierno provincial manoteó el extintor: volcó recursos en el territorio y ensayó dispositivos de articulación entre empresarios y sindicatos.

Contigiani reivindica estas políticas de concertación: "Tenemos el Consejo Económico y Social donde dialogamos con todos los sectores, donde tomamos el pulso del momento y corregimos lo que haga falta". Y agrega: "Hemos demostrado que podemos trabajar en la cadena de valor donde el más chico pueda cooperar con el mediano y el mediano con el chico".

Por su lado, Genesini subraya que "en Santa Fe se desarrollaron políticas proactivas en materia de contención de puestos de trabajo" y destaca el plan de infraestructura, la entrega de fondos rotatorios y créditos blandos a tasas subsidiadas.

Además, resalta los procedimientos preventivos de crisis que, afirma, "en general se resolvieron sin pérdida de puestos de trabajo", aunque reconoce que sí se registraron suspensiones y rebajas salariales.

Según datos del Ministerio de Trabajo provincial el año pasado se iniciaron unos 175 procedimientos preventivos de crisis, que involucraron a más de 10 mil trabajadores. En lo que va de 2017 se abrieron unos 80 procedimientos, que se suman a 34 que quedaron pendientes del año pasado. Esto implica unos 15.500 trabajadores, de los cuales alrededor de 13 mil pertenecen a Rosario y el sur provincial y unos 2 mil al norte.

Sin cambios a la vista

Por lo pronto, las perspectivas micro y macro de los distintos actores oscilan entre la moderación y el pesimismo.

Para Siliano los subsidios para los operarios del calzado y las fábricas familiares son sólo "un paliativo". La ayuda oficial representa unos 6 mil pesos por mes, y el salario promedio se ubica entre los 15 mil y los 17 mil pesos. Si no se abordan las causas de la crisis del sector, subraya, a fin de año la situación recrudecerá: "En estos seis meses hay que atacar la importación, y lo principal es que suba el consumo. Sino en diciembre o enero nos tenemos que sentar a charlar a ver cómo sigue la cosa".

En la industria láctea Aimaro no avizora grandes cambios: "Hablan de futuro, pero los tambos siguen cerrando. Si no acotamos los la ganancia de algunos eslabones de la cadena vamos en caída libre". Según sus cálculos, los productores tienen que vender 50 litros de leche para comprar un kilo de queso. "Es una locura", sostiene, y admite que resulta tentador "dejar la actividad y volcarse a la soja". "Trabajás un mes al año respecto a lo que es el tambo", dice.

Por su lado, desde el sindicalismo prevén una ofensiva aún más intensa. Donello –también precandidato a concejal en Rosario- considera que la organización gremial es "la única barrera" que le queda por vencer al gobierno.

Desde el Estado el panorama no luce más alentador. Genesini no observa cambios sobre el funcionamiento de la economía, que reviertan las tendencias en cuanto a crecimiento y creación de puestos de trabajo. Sí ponen la lupa sobre la industria, sobre todo en ramas como bienes durables, línea blanca, calzado, carroceras, muebles y alimentación.

Al igual que su par de Trabajo, Contigiani asegura que persistirán con las políticas a contracorriente: "Nos están dando buenos resultados". Sin embargo, advierte los estados subnacionales tienen un margen de maniobra limitado: "Dada la ausencia de un federalismo real, las provincias no definen el modelo. No vamos a poder generar un modelo de industrialización si las provincias no recuperan autonomía. Todo lo que hacemos nosotros tiene un techo".