Los límites sociales y políticos del ajuste de Milei

“¿Hasta cuándo se sostiene el actual régimen de gobierno? ¿Hacia dónde va este programa de transición? ¿Las alternativas son sostenibles?”, se preguntaron los economistas del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso) en su último informe de coyuntura que interroga sobre cuál es la licencia social y los límites políticos que la gestión de Javier Milei tiene de cara al futuro, en el marco de un progresivo “deterioro de las condiciones de vida”.

La semana que finaliza fue reveladora respecto de los movimientos de un gobierno que llegó con muchos votos pero escasas alianzas parlamentarias al poder. Cuando todo hacía pensar que esta debilidad lo empujaría a tejer alianzas rápidamente, la caída del tratamiento de la ley ómnibus y la sobrerreacción del presidente Milei podando fuertemente los fondos a las provincias - no sin chicanas directas y duras hacia los gobernadores- muestran otro escenario de aquí en adelante.

“El nuevo gobierno libertario, en alianza con sectores del establishment económico que fueron parte del gobierno macrista, comenzó su mandato con un típico ajuste ortodoxo: fuerte ajuste fiscal y monetario, desregulación de las finanzas y paulatina apertura comercial, fuerte cambio de precios relativos en donde los salarios pierden en función de otras variables como las tarifas y el tipo de cambio, y un “combate” discursivo frente a una inflación creciente que en la práctica, y dado el paquete de medidas tomadas, parece totalmente buscada”, indicó el informe de Ceso.

A diferencia de la gestión macrista, sostuvo el cepo porque entendió que liberarlo era “un suicidio” por el bajo nivel de reservas. Y, “no solo mantuvo las tasas de interés muy por debajo de la inflación sino que las bajó en términos nominales” para “licuar los stocks de pesos dando indicios de que el plan de dolarización sigue vigente”.

Ante esto, desde Ceso alertaron sobre la sostenibilidad del programa económico, que si bien le permitió al BCRA acumular aproximadamente u$s 6.000 millones de reservas, eso se dio “en el marco de fuerte caída de actividad e ingresos reales, y de posponer importaciones”.

Esta semana el Indec informó que la actividad industrial en diciembre cayó 12,8% interanual, el peor registro desde la pandemia y la construcción se derrumbó 12,2%. Los salarios aumentaron en diciembre 8,3% (Ripte) contra una inflación del 25,5%, lo que provocó un desplome de 17,2 puntos en el primer mes de gobierno de Milei.

Aunque se esperan los dólares de la cosecha a fin del primer trimestre, “la aceleración inflacionaria de los últimos meses iniciada por el shock devaluatorio de diciembre, combinada con el crawling peg del 2% mensual, vienen erosionando rápidamente el nuevo nivel de tipo de cambio real, lo que podría generar un nuevo pedido de devaluación de parte de los agroexportadores para comenzar las liquidaciones”, dijo Ceso.

El analista de Universidad Austral, Dante Romano, alertó sobre las “grandes dudas” que está generando entre los productores el dólar exportación 80/20 y “el nivel de la brecha cambiaria”. Ante ese escenario “se dificulta la toma de decisiones”, dijo.

Para Ceso un nuevo salto cambiario podría ayudar con la acumulación de reservas más por el ajuste de cantidades vía reducción de importaciones y menos por el ajuste de precios vía aumento de exportaciones, pero recordó que en Argentina, “además de contractivas, las devaluaciones suelen ser procíclicas”, es decir generan rápidamente una aceleración inflacionaria que provoca que el tipo de cambio real vuelva a su nivel anterior y fuerce una nueva devaluación.

La licencia social

Pero esto tiene un límite concreto y preciso que es la “licencia social” para seguir llevándolo adelante. “Este régimen de transición viene provocando un fuerte cambio en los precios relativos, donde salarios y jubilaciones caen en función de otros precios de la economía como son las tarifas y el tipo de cambio”.

Esta semana el gobierno dispuso un aumento de hasta 124,8% en el precio mayorista de la energía eléctrica para industrias, comercios y residenciales de altos ingresos sin subsidio. En Santa Fe la Empresa Provincial de la Energía (EPE) pidió un aumento de $7.800 mensuales a partir de marzo para consumos residenciales de 400 kW. También subió el transporte de pasajeros en Caba, Amba y el resto del país y los combustibles aumentaron al punto tal que el gobierno dijo están cerca del precio de referencia de paridad de importación.

“El deterioro en las condiciones de vida generado a partir de la caída de ingresos, de actividad y el aún incipiente aumento del desempleo, podría ser un primer escollo que enfrente el gobierno. ¿Hasta dónde llega la licencia social otorgada por una parte de la población que les dio su voto confiando en que el ajuste recaería sobre la casta y no sobre ellos?”, preguntó Ceso.

Con una clase trabajadora que viene perdiendo hace años frente a la inflación y que no logró recuperar la fuerte caída de los salarios reales generada en el macrismo, “el margen parece escaso”, afirmó.

Límite político

Finalmente, “el otro límite potencial que enfrenta el gobierno en este programa económico de transición es el político”, indicaron los economistas de Ceso. Y recordaron que hasta el momento mostró poca cintura para lograr los consensos en el Congreso para aplicar las transformaciones estructurales. Esto quedó demostrado esta semana con el fracaso de la ley ómnibus.

Antes de eso, habían eliminado el capítulo fiscal, algo que “no es trivial”, indicó Ceso porque es el que en gran medida respaldaba el prometido equilibrio fiscal, una de las principales banderas de Milei.

El déficit financiero de 6,1% del PBI en 2023 iba a ser compensado en parte por muchas modificaciones impositivas como retenciones, reversión del impuesto a las ganancias, el blanqueo y la modificación de la movilidad jubilatoria.

Esta semana el ministro Luis Caputo se jactó de que en enero se logró un equilibrio fiscal y algunos economistas le recordaron que se trata de un mes donde esta variable es bastante común _de hecho se repitió durante años_ pero no es una foto clara de lo que puede ser el resultado anual. Igual, distintos sectores del gobierno salieron a remarcar que el equilibrio fiscal no corría peligro, y que para compensar lo anterior recaería sobre las provincias un mayor ajuste.

A priori, “las transferencias nacionales discrecionales a provincias y Caba cayeron un 98% interanual real en enero de 2024, lo que implica una virtual desaparición de fondos”, aseveró el economista y titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), Nadin Argañaráz. Según indicó “en 13 jurisdicciones el dinero enviado fue cero”.

Pero como agravante, a mitad de semana el gobierno decidió eliminar el Fondo Compensador del Interior, a partir del cual se subsidiaba a las empresas de colectivos urbanos de todas las provincias, lo que provocó una fuerte tensión con los gobernadores, que encontraron en eso una actitud revanchista impropia de un jefe de Estado.

Por último, “la recaudación suele ser procíclica”, indicó Ceso y dada la estructura tributaria, en donde una parte importante de los impuestos dependen del consumo y los ingresos (IVA, Ganancias, Ingresos Brutos, etc) el fuerte ajuste fiscal podría generar una caída en la actividad económica, y por tanto, en la recaudación. “Podría entonces darse la paradoja de que el ajuste en el gasto como herramienta para lograr el tan ansiado equilibrio fiscal no sea tan eficaz porque los ingresos tributarios caen más de lo proyectado”, concluyó.