La reforma del sistema financiero sigue siendo una deuda pendiente

La reforma del sistema financiero argentino, una deuda pendiente que todos los gobiernos democráticos optaron por eludir hasta ahora, asoma como una posibilidad con ciertas chances de convertirse en realidad en el horizonte político nacional.

El descrédito del  capitalismo especulativo que dejó la crisis estadounidense, los flacos niveles de credibilidad de los bancos locales después del corralito y el corralón de 2001 y la certeza de que conseguir un crédito es una tarea inhumana, impulsan las ansias del kirchnerismo de terminar con la legislación vigente desde la época de Alfredo Martínez de Hoz, arquitecto de las finanzas de la dictadura.

Carlos Heller, presidente del Banco Credicoop y diputado electo porteño por el Frente para la Victoria, es el autor del proyecto de reforma de la ley de entidades financieras que impulsarán desde el Ejecutivo y con el que se intentará volver a darles a los bancos una impronta de servicio público. En trazos gruesos, la iniciativa —que en la última semana desde el gobierno aseguraron no está entre las prioridades urgentes— busca redireccionar y democratizar el acceso al crédito, garantizar un mayor subsidio de tasas para las pymes y lograr que las entidades minoristas tengan banca de inversión.

Desde lo ideológico, se trata de instalar un nuevo modelo que priorice las inversiones en la producción por sobre la ruleta especulativa.

Herencia negra

El sistema financiero argentino se rige todavía hoy según la ley de entidades financieras sancionada por el gobierno militar en marzo de 1977.

Esa legislación, hecha a medida de la desregulación de la economía ordenada por Martínez de Hoz, armó un modelo sustentado en la concentración, privatización y extranjerización de las entidades.

Se trataba de que los bancos replicaran el rumbo económico de la dictadura privilegiando la especulación sobre el financiamiento a la producción y reduciendo al máximo las posibilidades de intervención del Estado.

La aniquilación de las herramientas estatales para orientar el mercado de capitales llevó a que los bancos optaran por asignar recursos hacia los sectores que les aseguraran la mayor rentabilidad en el plazo más corto.

"La ley 21.526 que heredamos de la dictadura desreguló fuertemente el sistema financiero, pues establece que los bancos comerciales pueden realizar todo tipo de operaciones que no sean prohibidas por la ley, que son muy pocas. Es el mercado, es decir, la política de los grandes bancos privados, la que asigna las operatorias, la aplicación de los fondos, los costos y la rentabilidad”, explicó Heller.

El directivo recalcó además que, por todas estas características, el destino del crédito es determinado exclusivamente por la oferta y la demanda y de acuerdo a las políticas de rentabilidad de los bancos, lo que genera conductas pro-cíclicas que llevan a tomar riesgos altos en los auges y recortes crediticios en las crisis.

“También las tasas de interés, principal costo de los créditos a la producción, son determinadas por el mercado, y en momentos críticos en los que las empresas necesitan financiamiento para sortear la crisis, éste desaparece o resulta extremadamente caro”, agregó el diputado electo porteño.

Un ejemplo gráfico de lo que significa la ley es el tamaño del sistema financiero local en términos relativos comparado con el resto de América latina: “El valor de los créditos otorgados en relación al PBI es de sólo el 12% en la Argentina, cuando el promedio para América latina es del 37% y en Chile supera el 70%.

Además, sólo el 50% de la población está bancarizada, lo cual indica la imposibilidad de llegar a una gran parte de las familias que necesitan servicios financieros de todo tipo”, apuntó el presidente del Credicoop.

A pesar de sus largos años de vigencia, la ley tampoco pudo generar un mercado de crédito para inversión a largo plazo y, al contrario de lo que es norma en la mayoría de los países, no establece criterios acerca de la presencia mínima de las entidades en las distintas provincias. Esto, más la sucesión de crisis bancarias, se tradujo en una fuerte concentración geográfica de las sucursales en Capital Federal y las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

El proyecto ideado desde el búnker de Heller propone una nueva ley que interprete al sistema financiero como un servicio público, pero confeccionada desde el interés de los usuarios y no de las entidades. Por eso hablan de “ley de crédito productivo y cobertura universal de servicios financieros”.

La idea es impulsar la construcción de un amplio mercado de crédito bancario centrado en el crédito productivo y el hipotecario para la vivienda, un objetivo de máxima ya que se arrancaría desde un nivel extremadamente bajo de financiación de la economía.

Democratizar el crédito

“Uno de los objetivos principales es democratizar el crédito puesto que las carteras de préstamos bancarios reflejan una alta concentración por deudor. Por ello, la ley fomentará los préstamos a las pymes”, subrayó el político. La intención es que la nueva legislación, de ser efectivamente sancionada, pueda garantizar la cobertura universal para toda la población argentina y llegue hasta las localidades más pequeñas, y a todas las familias.

 Otra pata fuerte es la voluntad de fortalecer las ventanillas crediticias del Estado para ayudar a financiar proyectos a través de la creación de un banco público de desarrollo. 
“Dado que una de las mayores debilidades del sistema financiero es la inexistencia de crédito productivo a largo plazo, resulta necesario establecer las normas para la constitución de un Banco Nacional Público de Desarrollo al estilo del Bndes brasileño, para que se impulse el préstamo productivo a largo plazo y esté orientado a fomentar el desarrollo de los sectores más dinámicos”, detalló Heller.

Resistencias a la vista

Como cada vez que la cosa va en serio, las mayores resistencias a la renovación del sistema financiero argentino llegarán desde las antípodas ideológicas al proyecto.

“Esta nueva ley que proponemos debe regular las distintas modalidades de prestación de los servicios financieros, un tema que está en el primer plano de la discusión internacional ante la fenomenal crisis financiera que se gestó en los países centrales por la aguda desregulación”, dijo Heller, para quien pase lo que pase los grandes conglomerados financieros seguirán “intentando evitar todo tipo de regulaciones”, un atentado directo a sus altas tasas de ganancia.