Tras obtener un leve superávit fiscal en el primer semestre del año, el gobierno provincial busca acelerar el ritmo de obra pública y otros gastos que estima necesarios para cumplir con ese programa de gobierno. Por eso, el ministro de Economía, Pablo Olivares, advirtió que esos números azules probablemente no se repitan sobre el fin de año. “No tratamos de buscar superávit sino un equilibrio presupuestario, que permita pensar primero que hay que hacer y después lograr que tenga su correlato en los recursos”, señaló. Con esa misma línea, desde la cartera económica provincial ya se trabaja en la elaboración del proyecto de presupuesto para el año próximo.
“El superávit del primer semestre fue prácticamente una necesidad porque había que disminuir la deuda flotante porque el año pasado hubo muchas situaciones que llevaron a que la provincia tuviera déficit. Y con una deuda flotante muy alta es difícil encarar programas de gobierno o de obras”, señaló el funcionario.
El plan del segundo semestre, dijo, será superar el ritmo de obras actual. “Estamos haciendo un control para que los recursos y gastos caminen de la mano para lograr que el final de año nos encuentre con equilibrio. No tratamos de buscar superávit sino un equilibrio presupuestario, donde primero se piense lo que hay que hacer y después que tenga su correlato en los recursos”, indicó durante una entrevista con el programa radial La Banda Cambiaria.
Y agregó: “Cuando uno asume una gestión solo sabe con exactitud la cantidad de tiempo que va a tener, que es finita; por eso se empezó con intensidad para ejecutar con eficiencia la asignación del gasto. Por eso no tenemos el superávit en la cabeza sino la posibilidad de mantener un equilibrio a lo largo del tiempo”.
Olivares recordó que, “por instrucción del gobernador, se puso al Estado a hacer su propio examen de eficiencia”, lo cual “se reflejó en las tensiones que se han visto en la arena política santafesina”.
No ajustar, mejorar la eficiencia
El ministro aseguró que “Hemos puesto el foco no en ajustar, que significa bajar las prestaciones, sino en mejorar la eficiencia, que es tratar de mantenerlas o mejorarlas con el mismo nivel de gastos o menor. Y eso lo hemos hecho en la contratación de suministros para el servicio penitenciario, en el mantenimiento de rutas, el control del ausentismo, etcétera. Esto nos permitió liberar recursos para cosas mucho más importantes como la inversión en equipamiento”.
Esa estrategia acompañó la gestión del equipo económico en la obra social de los empleados públicos de la provincia, el Iapos, que en los hechos conduce. “En términos generales, todos los financiadores de la salud atraviesan una situación propia del cambio de precios relativos que aconteció a final del año pasado, cuando los precios de la salud fueron por un ascensor y el resto por la escalera. Iapos es uno más de los que está atravesando esa situación pero, por su carácter de obra social y de grandes dimensiones, a veces es utilizado como referencia en materia de aranceles y también es una arena política donde tratan de pescar distintos actores para sacar su posicionamiento. Nosotros logramos revertir un déficit de $ 8 mil millones en el primer trimestre y cerrar en equilibrio el primer semestre. Y en el segundo semestre vamos a buscar las eficiencias y recomponer a aquellos prestadores que realmente demostraron que las prácticas que hacían no podían sostenerse con los aranceles vigentes. Un alivio es que los precios tienden a crecer a una variación mucho menor”, dijo.
En relación con el Iapos, el gobierno implementó esta semana la orden de consulta digital para el Iapos. “Pensamos primero en una mayor comodidad para el afiliado, pero también para los propios prestadores, esto permitirá tener una mayor trazabilidad y también nos ocupa que el profesional cobre en tiempo”, dijo el ministro de Economía.
En simultáneo, señaló, “aprovechamos esta medida para avanzar en un tema tabú, como el plus médico. Es un problema que tenemos que abordar, sin una lógica persecutoria, y sabiendo que no es la generalidad”.
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“Como primer punto, se trata de compensar al afiliado que entiende que se le ha percibido algo que no corresponde. En lugar de decirle que no pague y ponerlo en una situación incómoda, lo hacemos al revés. Que pague pero al mismo tiempo le damos la posibilidad de informar a su obra social, que lo va a compensar, y después va a abordar la cuestión del plus. Trabajamos en una mejora del arancel profesional. Mientras, la obra social gestiona para que esta práctica se vaya reduciendo y eliminando hacia el futuro”.
El presupuesto 2025 de Santa Fe
En paralelo, el equipo económico empezó a trabajar en julio en la formulación del proyecto de presupuesto 2025. “Todas las áreas del Estado han estado previendo las necesidades para el año para luego armonizar los recursos con los gastos y ver la prioridad y lo que se denominan los techos presupuestarios”, explicó Olivares.
El Estado nacional todavía no comunicó las proyecciones macrofiscales que esperan las provincias para hacer sus propios cálculos. Pero mientras las esperan, en Economía provincial hacen “algunas conjeturas” para ir avanzando.
El proyecto de presupuesto provincial tiene el 30 de septiembre como fecha límite de presentación, aunque es frecuente la prórroga de esos plazos. “Lo sano es que haya un tiempo razonable del debate presupuestario en el poder legislativo y al mismo tiempo que el gobierno el Estado tenga su presupuesto para ese año. Las fechas están porque justamente es lo que en su momento se ha previsto que son los tiempos razonables para un análisis concienzudo”, puntualizó Olivares.
Por otra parte, el ministro confirmó que la provincia adherirá al blanqueo de capitales instrumentado por el gobierno nacional, aunque se sigue evaluando la posibilidad de cobrar una alícuota extra por la exteriorización de activos que no hayan pagado impuestos provinciales.
“Analizamos todo, el blanqueo es un tema muy sensible y, aunque creemos que hay que acompañar, en términos de dar previsibilidad, la política económica nacional, hay que cuidar que el blanqueo sea para quienes tienen cuestiones tributarias pendientes y no cuestiones vinculadas con el delito”, señaló. El blanqueo, advirtió, “tiene que ir en sintonía con la política de seguridad que tiene la provincia”.
“Luego está en cómo se soluciona una cuestión elemental de Justicia entre el que accede al beneficio y el que pagó. Es una dimensión que va a tener que analizarse. A nivel nacional se cobra un impuesto que, si bien es cierto que se coparticipa en las provincias, es por perdonarle impuestos nacionales. La provincia va a adherir y eso involucra impuestos provinciales”, señaló.
