La corrida contra el peso de las últimas semanas no se explica por la incertidumbre electoral. Desnuda la vulnerabilidad del modelo económico puesto en marcha hace un año y medio. La tensión sobre las cuentas fiscales y externas interpela las certezas que guían a las actuales autoridades económicas. Esto es así porque ponen en evidencia la desconfianza que comenzaron a mostrar los "mercados", principales beneficiarios del programa económico; y porque resucitan los fantasmas de las crisis que sellaron las experiencias de programas similares, como la de Martínez de Hoz en el 76 y la de la convertibilidad, en 2001.
La curiosa épica libertaria asociada a la lucha contra el "cepo" ganó el corazón de la crítica y el público en las elecciones de 2015. Tanto que una de las pocas promesas de campaña que se cumplieron fue la pronta remoción de esas restricciones. Como lo advirtieron los economistas heterodoxos, el resultado inmediato e inevitable fue una megadevaluación, la segunda más grande desde 2002. Al revés de lo que profetizó el ex ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay, el efecto de esa depreciación fue una inflación demencial.
Meses antes, el propio Prat Gay había explicado en un reportaje de campaña una parte de lo que sería el programa económico. En términos resumidos, expresó la idea de provocar un shock de rentabilidad entre los sectores que tenían conflictos económicos y políticos con el kirchnerismo, lo cual redundaría en un proceso virtuoso de inversiones internas y externas.
Por vía de la política de reendeudamiento, desregulación financiera, levantamiento de restricciones cambiarias y libre circulación de capitales, fuertes bajas impositivas a las agroempresas y liberalización comercial interna y externa, el shock de rentabilidad claramente llegó a los sectores posicionados en dólares (por atesoramiento o por tener atadas sus ganancias a la divisa). La agroexportación pampeana o los grandes bancos de inversión atrincherados detrás del fallo de Thomas Griesa son ejemplos claros, no únicos, de los sectores beneficiados con esta valorización.
Pero la parte que no se cumplió de esa secuencia esperada fue la de la llegada de inversiones. Por fuera de los desembolsos en maquinaria e insumos que los empresarios del agro realizaron para reponer capital luego de varios años de moderación inversora por su disputa con el gobierno anterior, la lluvia de inversiones no llegó a garúa.
Menos en el caso de la inversión externa. La Cepal publicó el jueves un informe que, en algunos puntos, ya había sido anticipado hace unos meses. Señala allí que la Inversión Extranjera Directa (IED) cayó en Argentina 64% en 2016 respecto de 2015.
No tiene que ver, ciertamente, con la empatía que generaba el gobierno anterior en estos inversores. Sí con la existencia de restricciones a la salida de capitales, entre otras cosas, por remisión de utilidades o "pagos de deudas" de las filiales de multinacionales con las casas matrices. Acosada por la restricción externa, la administración anterior impuso tardíamente estos controles para evitar la sangría de divisas. El resultado fue una mayor reinversión, cierto que forzada, de utilidades.
El proyecto político y económico que luego se convirtió en gobierno se forjó, precisamente, en la lucha contra esas trabas. Logró consenso en torno de su programa, ganó y, al toque, liberó París. Se escribió acá en medio de esa euforia que era temerario pensar que la apertura del cepo era una medida diseñada para favorecer el ingreso de dólares. La idea era, más bien, llevárselos.
Hay buenos economistas que pueden explicar en detalle este proceso de fuga. El lego puede adivinarlo apelando a un ejercicio más rústico, pero no menos efectivo: leer en los diarios el grado de atesoramiento externo que tienen quienes conducen la política económica. En un esquema político dominado orgullosamente por ejecutivos, que ofertan al ciudadano su propia experiencia de acumulación como modelo general, la inferencia permite sacar conclusiones con poco margen de error.
En este esquema, la fuga de dólares, la demanda de divisas para atesorar, viajar o remitir a destinos extra frontera, fue una constante en este año y medio, y alcanzó niveles récord.
Un informe de la Umet la estima en unos 30 mil millones de dólares desde diciembre de 2015 a marzo de 2017.
El endeudamiento récord y las tasas altísimas de Lebac, que atraen a creciente número de inversores externos de portafolio que hacen gran diferencia en pesos en corto plazo, dolarizan las ganancias y fugan, son las fuentes casi excluyentes de provisión de dólares. La cuenta comercial no ayuda. El déficit del intercambio está en sus niveles máximos desde los 90.
Con plata prestada, y la tasa de interés en alto para estirar la bicicleta financiera, el Banco Central afrontó la corrida de estos días. Sacrificó 1.800 millones de dólares de las reserva.
La elección es la excusa perfecta para explicar esta tormenta en las narices del gurú del modelo. Puede tener su influencia en lo marginal. Pero la causa de la dolarización de grandes inversores está más allá de esa coartada.
Fueron economistas de la city como Carlos Melconian, agencias de inversión como Morgan Stanley y recientes informes de consultoras internacionales, los que hace unos meses empezaron a poner la pica en Flandes sobre los límites de la política de endeudamiento. En palabras de la consultora CreditSight: "El elevado y creciente déficit de las cuentas públicas, financiado con endeudamiento, constituye un factor preocupante para los inversores y convierten a la Argentina en un país riesgoso para la llegada de capitales".
En estos campamentos, la receta para salir de este atolladero es conocida en la historia económica de Argentina: ajuste fiscal, flexibilización laboral, endurecimiento de las condiciones jubilatorias, baja de impuestos a las empresas, succión de recursos a provincias y municipios. Si la fuga marca los límites del crédito, el ajuste es la forma de cobrarlo.
En los campos heterodoxos, la salida propuesta es que el Estado vuelva a recuperar su papel regulatorio.
