Economía

La era del despido: los caminos del ajuste laboral en la región

La presión sobre los trabajadores es una característica del actual modelo económico, que recrudeció desde los últimos meses de 2017.

Domingo 29 de Abril de 2018

Invisibilidad. El término que el gobierno nacional utiliza para definir al "crecimiento" económico, aplica al estado de situación de las industrias y puestos de trabajo que desaparecen todos los días. Una demolición persistente de las relaciones laborales orienta la política económica actual. La crueldad con la que se comunican e implementan los despidos acompaña el clima de época. Los vaciamientos intempestivos, la cadena y el candado, el "cartelito" fatal en los portones de las fábricas, se repiten como una moda trágica. La desocupación está angurrienta y motiva a legisladores y dirigentes gremiales a impulsar mecanismos para poner un límite a esta ofensiva.

Pablo Cerra, abogado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) se queja de la ausencia de una "ley preventiva o sancionatoria", que impida que un empresario puede desaparecer del mapa de un día para el otro, abandonar a sus trabajadores sin aviso, sin dar explicaciones ni para indemnización. "Y hasta es probable que más adelante, en alguna reunión social, sus amigos lo feliciten por 'lo bien que le salió', es el vivillo argentino", dijo.

El letrado laboralista explicó que en la legislación argentina sólo hay un articulado en el código penal vinculado a delitos contra el patrimonio, sancionado durante la última dictadura militar, el cual está vigente y puede invocarse frente a un conflicto laboral. La calificación se refiere al delito de desbaratamiento de empresas e insolvencia fraudulenta (artículos 174 inc. 6 y 179 inc. 2), que prevén condenas de hasta seis años de prisión para quien "maliciosamente afectare el normal desenvolvimiento de un establecimiento o explotación comercial, industrial, agropecuaria, minera o destinado a la prestación de servicios; destruyere, dañare, hiciere desaparecer, ocultare o fraudulentamente disminuyere el valor de materias primas, productos de cualquier naturaleza, máquinas, equipos u otros bienes de capital". Lo mismo le cabe a quien "maliciosamente destruyere, inutilizare, dañare, ocultare o hiciere desaparecer bienes de su patrimonio o fraudulentamente disminuyere su valor, y de esta manera frustrare, en todo o en parte, el cumplimiento de las correspondientes obligaciones civiles".

Tales artículos "podrían caberle tranquilamente a quienes alteran o impiden el funcionamiento de una empresa", señaló Cerra y recordó quela UOM estuvo a punto de invocar tal calificación en una denuncia penal que finalmente no se radicó en el marco de uno de los tantos capítulos de cierres y reaperturas de la fábrica de llantas de acero Mefro Wheels, que en los últimos tiempos representa un ícono del abandono empresario y estatal a una rama genuina de la industria. En este sentido cabe recordar que en pleno intento de salvataje por parte de los trabajadores, el gremio y el gobierno provincial, el gobierno nacional ofreció una serie de aportes económicos que no terminó de desembolsar, tampoco reubicó empleados (como había prometido) ni intervino mediante cupos o restricciones a la importación de llantas al país, por lo que desde su reapertura, en septiembre pasado, la fábrica no recibió ni un solo pedido. Cerró en marzo, casi 80 obreros quedaron en la calle y recientemente uno de ellos se quitó la vida.

El observatorio de UOM contabiliza, desde 2016, una pérdida de 1.500 puestos de trabajo en la provincia, entre los que se incluyen (por mencionar algunos de los casos más sonantes) los que se perdieron con el cierre de los talleres ferroviarios Rioro de Pérez, de la matricera rosarina Modelar, la firma Whestern Motors, y una de las últimas, la fábrica de acoplados y semirremolques Montebras, cuyos empleados jamás imaginaron que sus patrones aprovecharían el fin de semana largo de Semana Santa para vaciar los galpones del pasaje Chancay 3.481 y colocar candados. Se dieron cuenta de que se habían quedado sin trabajo cuando se presentaron a trabajar al día hábil siguiente y a través de una mirilla detectaron que adentro no quedaba nada.

"Dejar en la calle a los trabajadores de un día para el otro, como pasó en Montebras, es lisa y llanamente violencia y es un delito. Si un gremialista hace algo, es sancionado automáticamente, no sólo por la Justicia sino por la sociedad. Ahora, ¿qué le hacen un empresario que deja a 20, 50 o 100 familias sin sustento de un día para el otro? ¿Por qué no lo castigan?", indagó el secretario general de UOM Rosario, Antonio Donello.

"El empresario que descuenta la plata de un trabajador en concepto de aportes y no la deposita, está robando, al igual que el que los echa y no los indemniza. Entonces la Justicia los tendría que sancionar de la misma manera como lo hace con aquellos que roban o hurtan. Tendría que haber una norma, una ley donde los que cometan estos abusos sean sancionados no sólo moralmente sino condenados con prisión", sentenció el dirigente metalúrgico.

En ese sentido, el diputado nacional Luis Contigiani evalúa los términos de un proyecto de ley que presentaría en los próximos días, que propone la aplicación de un instrumento estatal preventivo para operar como revisor y asesor dentro de las empresas en crisis. Se trata de "un dispositivo dentro de un marco de políticas públicas que nos permita tomar la decisión en aras de rescatar o hacer viable o sustentable una empresa, o corregir defectos para salvar puestos de trabajo". Así se evitaría también que el empresario "tome una decisión de fraude, vaciamiento y de huida", explicó el legislador.

De hacerlo, "sería pasible de sanciones, porque están violando procedimientos y normas laborales, convenios y podrían ser pasibles de figuras penales", advirtió.

De alguna manera este mecanismo de revisión y asesoramiento ya se está aplicando por estos días a partir de la inédita intervención del gobierno provincial en el desarrollo, producción y comercialización de la fábrica de cosechadoras Vasalli, acordada a fines de marzo tras un dilatado conflicto laboral. "No significa que el Estado se convierte en empresario, no se interviene desde el manejo de la rentabilidad", aclaró Contigiani.

"Partimos de la base que cada empresa se tiene que defender porque hay valores superiores, sociales, y que el capital evidentemente tiene una composición social. Hay valores fundamentales que defender como el trabajo y la producción, porque la realidad es más bien dialéctica y no lineal. No sólo la oferta y la demanda del mercado y la definición liberal de los criterios de competitividad son lo que definen la suerte de una empresa, sino a través de una realidad contrapuesta de intereses y que el Estado tiene que intervenir para salvaguardar una serie de derechos, de forma transparente", explicó.

"Por eso este intento casi experimental que estamos haciendo en Firmat, de meternos en la empresa, ver cómo se ejecutan las ayudas provinciales, cuál es el plan de inversiones, la estructura de costos, qué módulo o política de recursos humanos tiene, qué criterio organizacional productivo está abordando, cuál es la realidad o el diagnóstico sobre sus bienes de capitales, las horas de trabajo y producción, para tratar desde ahí, desde la intervención del estado, meternos en el barro para tratar de salvarla. Este dispositivo queremos llevarlo al marco legislativo y poder mostrar que es necesario tener un instrumento que ponga sobre la mesa una posibilidad más de defender una empresa, mucho más allá de los criterios limitados, interesados que definen la competitividad de la economía de mercado o del liberalismo económico", concluyó el diputado del Frente Progresista Cívico y Social.

A nivel provincial hay innumerables y frustrados intentos legislativos para la preservación de puestos de trabajo, aunque se impone "esta reaparición de las peores prácticas y consecuencias de los 90, con una serie de medidas y maniobras económicas para mantener la tasa de ganancia, concentrar o extranjerizar riquezas, despidiendo trabajadores o cerrando empresas", consideró el diputado Carlos Del Frade (Frente Social y Popular).

"Apenas arrancamos 2017 presentamos un proyecto antidespidos y lo cajonearon. Debemos llevar alrededor de cien iniciativas prohibiendo despidos, suspensiones, sancionando a las empresas multinacionales que echan por encima de 20 trabajadores, diciendo que es un delito contra la paz social y por lo tanto se considera en flagrancia, y que no se debe considerar sólo como un tema laboral sino como un delito contra la paz social. Muchos están relacionados a la responsabilidad empresarial, a la impunidad, a la evasión impositiva. Y ninguno prosperó. Somos minoría", lamentó.

"Claramente este es un gobierno de clase y que viene a consolidar una Argentina con la mitad de los trabajadores en blanco. De hecho, hoy hay 20 millones en total y solamente 10 millones están en regla. Sumado a ello la precarización de todos los convenios colectivos con muchos derechos como es el caso de los aceiteros, por ejemplo. Vamos a tener mucha desocupación, se eternizó prácticamente la precarización laboral para chicos de 30 años para abajo, creo que eso es lo peor, pero lo cierto es que siempre se pelea, se surge, se resurge, se pelea. Los trabajadores siempre se las ingeniaron para resistir y más temprano que tarde estas cosas se dan vuelta", auguró el legislador provincial.

A propósito del cierre de Mefro Wheels en marzo pasado y el suicidio la semana pasada de uno de sus ex trabajadores que causó conmoción e indignación en la comunidad gremial, la ministra de la Producción provincial, Alicia Ciciliani, expresó su pesar aunque opinó sobre esa fábrica y "todas en general", que "las empresas nacen y mueren, como nacen y mueren las personas".

"A los que tenemos que preservar es a los trabajadores, cómo se insertan en este fabuloso cambio de sistemas productivos, garantizando que la pérdida de trabajo en una empresa sea un tránsito con una red de contención que lo prepare para una nueva empresa", dijo.

El secretario general, Antonio Donello, la cruzó y la criticó porque "no le interesa ni está involucrada en un proyecto de la industria, que es lo que mueve a un país".

"Si las industrias se empiezan a morir, el país muere junto con ellas. Cuando una empresa nace es deber desde lo político, lo gremial y toda la sociedad de mantenerla abierta. Hay que buscar todos los medios para que no muera y hay que hacer nacer más empresas", concluyó el dirigente.

Para Adrián Dávalos, secretario general del Sindicato de Aceiteros de Rosario, "más allá de las formas, del cartelito o de la carta documento, lo que sucede no es nuevo". Hay, dijo, "un pacto para volver a más de cien años atrás".

"El capital viene por todo, quiere todo, está más que claro", vaticinó el dirigente del gremio que hoy resiste el ajuste.

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