La cantidad de concursos y quiebras terminó en nivel estable

Aunque la cantidad de concursos y quiebras escaló durante el primer semestre y se proyectaba un récord de presentaciones, finalmente 2015 terminó con niveles similares a los de 2014. Los especialistas barajan dos explicaciones: el lanzamiento de planes nacionales y provinciales de refinanciamiento de deudas impositivas, y el hecho de que la relación entre la cantidad de expedientes y situación económica no es directa ni inmediata.

   A lo largo de 2015 se iniciaron 220 concursos y quiebras en los tribunales rosarinos. De ellos 156 (el 70,91%) corresponden a personas físicas y 64 (el 29,09%) a personas jurídicas.

   Se trata de valores muy parecidos a los de 2014, tanto en términos absolutos como proporcionales. En efecto, en ese año se registraron 218 expedientes, de los cuales 153 fueron protagonizados por consumidores y 65 por empresas.

   Sin embargo, en la feria judicial de mitad de año se advertía que si se mantenía la tendencia del primer semestre 2015 concluiría con una cantidad más cercana a los 270 de 2013, el pico de presentaciones de los últimos años. Es que entre febrero y junio se abrieron 116 causas, pero en el segundo semestre sólo se iniciaron 104.

   Para el abogado Federico Tjor, integrante del Estudio Golber y Asociados, esto puede deberse a factores estacionales. Como resaltan los profesionales encargados de este tipo de expedientes, la apertura del concurso preventivo de acreedores o la quiebra no refleja necesariamente la coyuntura económica: la vía judicial es el resultado de un proceso de mediano plazo, en el que se conjugan factores macro y micro con incapacidades de las personas y las empresas para afrontar financieramente sus deudas.

   En tanto, la contadora Soledad Zelada, directora de Rainoldi & Zelada Consultores de Empresas, planteó que los planes nacionales y provinciales de regularización de obligaciones con el estado pueden haber aliviado provisoriamente a las compañías y postergar la crisis. “En muchas empresas la deuda impositiva es importante, y diferirla a diez años –como posibilita el plan de la Afip– es una herramienta que ayuda a seguir o disponer fondos para proveedores y sueldos”, indicó.

Sectores. Con respecto a los procesos vinculados a empresas que tienen mayor impacto social que las de consumidores, Zelada y Tjor afirmaron que “no hay ningún sector que se destaque” sobre otros en cantidad de causas.

   Sin embargo, sí resaltaron en varios casos “el aumento de estructuras de costos, que no han podido trasladar a precios”, lo que generó “incumplimiento de facturas, y atrasos en pagos a proveedores y sueldos”.

   En el sector metalúrgico, se pidió el concurso de Ferro Aceros SRL y Metales Rosario SA y entraron en quiebra Metalúrgica Tengram SA, Méndez Hermanos SRL, Indametal SRL, Construgas SRL e Ivaldi Metalúrgica SRL.

   En gastronomía y alimentación, se produjo el concurso preventivo de acreedores de Gastronómica Oeste SRL, Gastronómica Stylo SRL, alimentos El Toto SRL y Juadi, y la quiebra de Poet Catering SA y la parrilla Don Leo.

   Por su lado, en salud se dictó la quiebra de Medilab y el Instituto Dorrego, y el concurso preventivo del Sanatorio Plaza, mientras que en el sector agropecuario se avanzó en el concurso preventivo de Agro Delta y se dictaminó la quiebra de Dos Aperos SA y Aceitera Cañada de Gómez SRL.

   Además, se produjo el concurso preventivo de la empresa de seguridad Bec Protection SRL y el pedido de quiebra de la compañía de higiene Servecol SRL y de CTD, dedicada a la logística.

Incertidumbre. Para los especialistas la asunción reciente del nuevo gobierno impone cautela en las proyecciones para el 2016. “No está claro nada”, señaló Zelada, y agregó: “Se han tomado medidas puntuales, pero desconocemos la política tributaria, el plan económico, las decisiones en cuanto a tasas de interés”.

   Por su lado, Tjor caracterizó que a partir de la sucesión política “se plantea un escenario interesante”, por un “cambio de reglas de juego”. No obstante, advirtió, “en todo partido hay quienes ganan y quienes pierden”.

   Entre los sectores beneficiados mencionó el agropecuario, el financiero, el inmobiliario y aquellos favorecidos por la desregulación del mercado cambiario y la devaluación. La situación de la industria es particular, recalcaron, ya que la liberación de las importaciones se comporta como un arma de doble filo: facilita la provisión de insumos pero también la entrada de productos que compiten con la producción local.

   En cada caso, resaltó Zelada, se pondrá en juego “la habilidad del empresario para adaptarse y rediseñar lo que haga falta”. “Hay empresas que son más rápidas, y otras que lo reconocen más tarde, cuando ya están complicadas”, afirmó. En cuanto a personas físicas, el encarecimiento del crédito podría gatillar un aumento de las quiebras de consumidores.

“Frente a una irresponsabilidad financiera, una mayor tasa de interés para financiar la deuda de tarjeta va a hacer que el deudor se presente mucho más rápido”, sostuvo Tjor.

   Además, empresas y particulares deberán afrontar un año para el que las principales consultoras prevén una inflación entre el 35 y el 40 por ciento, fogoneada por la suba de los alimentos y los servicios públicos.

Pero, sobre todo, habrá que ver cómo se resuelve la pulseada paritaria, que configura estructuras de costos e ingresos de los distintos agentes económicos, factores clave detrás de las presentaciones judiciales.

   “Va a ser un equilibrio muy difícil de mantener”, reconoció Tjor, y añadió: “Ahí va a estar la pericia del equipo económico, hoy en día no podemos más que esperar”. Para el profesional, el escenario será incierto “hasta marzo, o incluso más”.