En el primer caso, el presidente del Coloquio, Santiago Mignone, criticó que fuera aprobado por “mayorías circunstanciales” sin analizar su efecto fiscal. En el segundo, el titular de la UIA Daniel Funes de Rioja, advirtió que es una discusión “seria, que debe darse entre gente seria”.
Que el plan de los ejecutivos no es neutral quedó claro en cada intervención del congreso, y en los aplausos y silencios del público. Pero los ejecutivos mostraron intención de someterlo al escrutinio público. De hecho, el director ejecutivo de Idea, Daniel González, pareció dirigirse a los candidatos ausentes cuando se mostró a favor de que “la conversación entre los empresarios y la política sea pública”.
Los planes sociales y el empleo formaron parte del debate empresario.
Al trazar los objetivos del programa de Idea, elaborado por 60 socios de la entidad junto a distintas entidades empresarias, sindicales y sociales, así como universidades y centros de estudio, Mignone subrayó la necesidad de "consensuar un modelo de desarrollo para salir de esta realidad que nos agobia". De nuevo, expuso las condiciones de estos acuerdos: "Equilibrio presupuestario, reducción del gasto, estabilidad y menor intervención estatal".
La invitación al presidente del presidente del Banco Central de Perú, Julio Velarde Flores, reforzó las premisas ideológicas: "Yo solo puedo ser removido si compro bonos del Estado por encima de cierto nivel, si establezco un tipo de cambio diferencial o si fijo una tasa especial para un sector", subrayó la persona que conduce ese organismo desde 2006 y que renovó su mandato hasta 2026. Los aplausos para este manifiesto de independencia del sector financiero sólo fueron superados cuando reivindico la Constitución peruana porque garantiza el derecho de los ciudadanos de "tener ahorros en la moneda que quiera y en el país que quiera".
Sectores de alto impacto
Claro que, independiente de la valoración de la política económica, Perú cuenta con u$s 70 mil millones de reservas, mientras que en la Argentina ese indicador es negativo. Sin embargo, distintos sectores políticos y económicos comparten la certeza de que esto comenzaría a cambiar con la esperada recuperación de la cosecha, el desarrollo de Vaca Muerta y su ecosistema asociado y la expansión de actividades que, en rigor, ya vienen mostrando crecimiento en los últimos años. Buena parte de ellas, con políticas promovidas desde el Estado.
El Coloquio de Idea puso el foco en los “sectores de alto impacto” para el desarrollo: la agroindustria, la energía, la minería, el turismo y la economía del conocimiento. Actividades que hoy ocupan en conjunto a 6 millones de personas, exportan por u$s 70 mil millones, producen por u$s 170 mil millones y movilizan inversiones por u$s 19 mil millones.
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Roberto Alexander, vicepresidente primero de la entidad, y la directora Cecilia Giordano, expusieron el potencial de crecimiento agregado en cada uno de esos ítems, para los próximos diez años: aumento del 40% del empleo, del 160% en las exportaciones, del 60% en la producción y del 75% en la inversión. Hacia el interior de cada cadena, estas tendencias pueden hasta triplicarse.
Sofìa Vago, de Accenture, y Wanda Wigert, de Globant Argentina, destacaron el salto de la economía del conocimiento, que se convirtió en el tercer rubro exportación de la Argentina y que, como aclararon, no se limita a las firmas de IT sino a las firmas de base científica, las biotecnológicas, satelilates, de servicios de comunicación, etcétera. Este sector ocupa a 500 mil personas y espera duplicar la cifra en diez años. Hoy opera con pleno empleo y salarios por encima de la media, con una difusión geográfica muy marcada en todo el país.
El mercado laboral, un eje de análisis.
La certeza de que el desarrollo es federal y está en el interior del país fue una coincidencia de los representantes de los distintos sectores. Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol, contó el cambio de paradigma que significó el desarrollo de Vaca Muerta, que permitió achicar la factura de u$s 92 mil millones por la importación de energía entre 2011 y 2021 y que presenta un potencial exportador de u$s 36 mil millones en las próxima década. Plan Gas, inversiones como las del gasoducto Néstor Kirchner y, aunque no lo hayan mencionado, la nacionalización de YPF, contribuyeron a este desarrollo que tiene posibilidad de difundirse con inversiones en upstream, infraestructura y petroquímica. El gran salto sería la posibilidad de exportar GNL. Una planta para hacerlo requiere una inversión de u$s 7 mil millones.
Un sector más tradicional pero a la vez en permanente como la agroindustria, también está llamado a tirar del tren. Mariano Bosch (Adecoagro) e Ignacio Lartirigoyen apuntaron los nuevos horizontes del sector: valor agregado en origen, bioeconomía y sustentabilidad, con la vista puesta en la industria de los bonos de carbono. Paula Cristi, de Despegar.com, comentó entre otras cosas que el turismo genera un millón de empleos y que presenta un “crecimiento sostenido en los últimos 24 meses”. Franco Mignaco presidente de Exar, e Ignacio Celorrio, de Lithium Americas, pronosticaron un salto exportador deu$s 1.800 millones a u$s 3.800 millones.
La doxa empresaria refresca su recetario para que estos sectores alcancen su potencial: baja de impuestos, libre disponibilidad de dólares, menor intervención del Estado, “reglas claras”, etcétera. Con mayor o menor consenso en torno de estas afirmaciones, lo notable es que estos desarrollos ya se están produciendo, desde hace varios años, y con mayor intensidad bajo administraciones políticas que no son siempre las más festejadas por los empresarios.
Estado y mercado
Probablemente algo de eso intentó marcar el presidente Alberto Fernández, cuando dijo en el Coloquio que “sabemos que hay problemas, pero estas cosas también suceden”. Se refería a los datos que exhibió sobre récord de inversión en obra pública, la expansión de la actividad industrial, el crecimiento ininterrumpido del empleo por 36 meses, el achicamiento del déficit en la balanza energéticas, los rescates sanitarios y económicos en la pandemia, los desembolsos públicos en ciencia y tecnología y el ingreso a los Brics, entre otras cosas. Nadie en el auditorio retrucó sus datos. Tampoco los tomó en cuenta. De hecho, una respetuosa pero tensa asistencia marcó su clara distancia con un gobierno al que objetan en cualquier circunstancia, y más con 120% de inflación y un dólar blue cercano a los $ 900.
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Más emoción les provocó Patricia Bullrich, que desplegó su solitaria localía en el congreso de Mar del Plata, rodeada de sus principales dirigentes. Prometió una ley que le ponga cepo a todos los cepos, ir con todo contra los que se les planten “diciendo a todo que no” y reducir el Estado, bajar impuestos y modificar la relación con las provincias. Cabeceó el centro de los organizadores del coloquio cuando dijo que modificará el régimen de indemnizaciones por despido para desarmar la “bola de nieve” en la que se convirtió a través de su sistema de actualización. “El pago será de tres salarios si trabajó tres años y diez si trabajó diez, no más”, sentenció no sin antes prometer un sistema “simple y barato” de regulación de las relaciones de trabajo.
Capital y trabajo
Un panel de economistas, empresarios y sindicalistas la había precedido. Precisamente, el tema de debate, entre otras cosas, estaba relacionado con una propuesta que desde el año pasado motoriza Idea para deflacionar el valor de las multas laborales. "Lo acordamos en el último coloquio pero no hubo avances", se quejó el CEO de Ford, Martín Galdeano.
El consenso que recordó involucra la eliminación del sistema de capitalización de intereses en las multas e indemnizaciones.
Sindicalistas y empresarios intercambiaron ideas en el Coloquio.
El presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, incluyó este modo de actualización en el listado de cosas que provocan el "miedo a contratar" en Argentina. Y que a su juicio es el principal responsable, más que las políticas recesivas o el cambio tecnológico, de que el empleo industrial pasara en los últimos 14 años de 1,5 millón a 1,2 millón de puestos.
En ese punto, Gerardo Martinez, de la Uocra, recordó que ese sistema de actualización fue dispuesto en los 90, cuando Domingo Cavallo dirigía la economía del país. Y que "si hay multas es porque hay infracción".
El jefe del sindicato de la construcción defendió en Idea el fondo de cese laboral que financia los costos de las desvinculaciones en su actividad, un sistema que los candidatos a presidente mas volcados a la derecha, quieren generalizar. De hecho, el sindicalista se reunió para hablar del tema con Javier Milei, el fantasma que recorrió el coloquio a partir de su ausencia.
Tanto que el economista Eduardo Levy Yeyati llevó el mapa de los "tres tercios" electorales al mercado laboral privado. Allí hay 30% de empleo en blanco, 28% en negro y 26% categorizado como independiente o monotributista. "Hay en este último segmento una porción de mejores ingresos pero la mayoría está vinculada con la economía social, incluido el 1,2 millón de beneficiarios del Potenciar Trabajo", describió.
En la intersección entre el trabajo no registrado y el universo de independientes hay 8 millones de empleos informales. En el Coloquio hubo mesas de intercambio tendientes a generar propuestas para aumentar los puestos de trabajo, mejorar su calidad y absorber por esa vía a los planes sociales.
Las propuestas consensuadas tuvieron que ver con mejorar los planes de primer empleo y la educación para el trabajo. La obsesión de los ejecutivos es “empalmar” a los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, con el mercado laboral.
Empleo, economía y sociedad
María Laura Alzúa, subdirectora del Cedlas e investigadora del Conicet, señaló que ese programa funciona más como un plan social que como un programa de empleo y analizó las razones del escaso éxito que tuvieron las políticas de empalme. Tiene que ver, dijo, con necesidades familiares, que “pueden ir desde no tener plata para el transporte o no no tener con quién dejar a sus hijos. El 66% de las beneficiarias son mujeres. También mencionó problemas de orientación vocacional falta de confianza y el “costo de oportunidad” de perder planes de empleo, cuyo ingreso se valora más por la estabilidad que por su magnitud.
En el marco del Coloquio, esos análisis se tradujeron en la propuesta de elevar el período de prueba en el primer empleo de tres a seis meses, crear un registro único de beneficiarios y mantener por 18 meses la titularidad del plan social mientras se afianza el nuevo puesto de trabajo.
La ex ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad de Buenos Aires, María Migliore introdujo la necesidad de acompañar los programas de empleo con los de integración sociourbana. En ese sentido, llamó a profundizar el plan de urbanización que se puso en marcha tras la sanción por unanimidad de la ley de barrios populares.
También advirtió que, para que funcionen como promotoras del empleo y la inclusión laboral deben ser complementarias con un programa económico adecuado. Un tema en el que la búsqueda de consensos choca con paradigmas y programas que exceden los postulados en el Coloquio.
