La fiscalía federal pidió ayer que la ex presidenta Cristina Fernández, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner y el detenido empresario Lázaro Báez, entre otros, sean citados a declaración indagatoria en la causa Hotesur, sospechados de asociación ilícita y lavado de activos.
La página web de la Procuración General de la Nación (fiscales.gov.ar) informó que el pedido fue firmado por el fiscal federal Gerardo Pollicita y su adjunto Ignacio Mahiques, y que elevaron el requerimiento al juez federal Julián Ercolini.
Para los funcionarios del Ministerio Público, Néstor Kirchner y su esposa y sucesora, más Báez, "se habrían dedicado a llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos, evidenciando una matriz de actuación propia, en lo que la comunidad internacional ha definido como hechos de corrupción administrativa".
Pollicita y Mahiques consideraron que habrían perpetrado los delitos de "asociación ilícita" y "lavado de activos" mediante las adjudicaciones de obras públicas a Austral Construcciones, de Báez, y el supuesto alquiler por éste de los hoteles de los Kirchner.
La solicitud de los fiscales también alcanzó a otros 20 imputados, entre ellos, Romina Mercado, presidenta de Hotesur e hija de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner; Osvaldo Sanfelice, administrador de los hoteles de los Kirchner, y Víctor Manzanares, contador de la familia.
La lista incluyó a Martín Báez (hijo de Lázaro), Patricio Pereyra Aranda, Ricardo Leandro Albornoz, Edith Magdalena Gelves, Adrián Esteban Berni, Julio Mendoza, Myriam Costilla, Carlos Alberto Franchi, Emilio Carlos Martín, Jorge Ernesto Bringas, César Gerardo Andrés, Alberto Oscar Leiva, Martín Samuel Jacobs, Fernando Javier Butti, Lisandro Donaire, Cristina Magdalena Olender y Patricia Daniela Blasco.
Los fiscales, además, solicitaron el juez que "disponga la inhibición general de bienes sobre cada una de las personas acusadas".
La sociedad Hotesur es propietaria del hotel Alto Calafate, en Santa Cruz. La líder del GEN, Margarita Stolbizer, denunció en 2014 que el hotel podría ser un alojamiento fantasma para hacer negocios con el empresario Lázaro Báez y pidió que se investigue si la sociedad tenía los papeles en regla ante la Inspección General de Justicia (IGJ).
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