El Sindicato de Conductores Navales (Siconara) rechazó el proyecto de ley presentado en el Congreso que transforma el régimen de navegación de cabotaje en la Argentina.
El Sindicato de Conductores Navales denunció un intento para flexibilizar el ingreso de embarcaciones de bandera extranjera. Alertan sobre el impacto en el empleo y la soberanía
El gremio de conductores navales defendió la actual ley de cabotaje.
El Sindicato de Conductores Navales (Siconara) rechazó el proyecto de ley presentado en el Congreso que transforma el régimen de navegación de cabotaje en la Argentina.
La propuesta, presentada por el diputado nacional por Corrientes Diógenes González (UCR), flexibiliza el marco de operación de embarcaciones de bandera extranjera en la hidrovía Paraná-Paraguay. Por ejemplo, las habilita a operar en diversos puertos argentinos dentro de un mismo circuito.
Fernando Ramírez, secretario general del Siconara Rosario, denunció que el legislador “muestra una peligrosa ignorancia y una preocupante falta de patriotismo”.
Y denunció que detrás de esta iniciativa están “las grandes agroexportadoras”, a las que “solo les importa bajar costos logísticos para aumentar sus ganancias, aunque eso signifique destruir trabajo argentino, entregar nuestra soberanía y vaciar a nuestra marina mercante”.
El dirigente recordó que mientras “algunos sectores políticos y económicos en nuestro país impulsan la eliminación del cabotaje nacional, la apertura indiscriminada a banderas extranjeras y el debilitamiento de los convenios colectivos de trabajo”, las principales potencias del mundo “avanzan exactamente en sentido contrario”.
Citó el caso del “Plan de acción marítimo de América” que presentó recientemente el gobierno de los Estados Unidos, por el cual se reconoce de manera explícita que el control de la navegación, la construcción naval, los puertos y la marina mercante constituyen asuntos estratégicos de soberanía nacional, seguridad económica y defensa del empleo.
El Ejecutivo estadunidense plantea fortalecer su marina mercante nacional, construir más buques bajo bandera propia, recuperar astilleros, formar trabajadores marítimos, proteger el cabotaje, limitar la dependencia extranjera, financiar el desarrollo naval con recursos del Estado y defender su industria marítima frente al avance extranjero.
En ese sentido, Siconara Rosario reafirmó “la defensa irrestricta de la ley de cabotaje y del trabajo argentino embarcado, la necesidad de una marina mercante nacional fuerte, la recuperación de la industria naval y el control soberano de nuestras vías navegables”.
En otro orden, aunque siempre en relación con la hidrovía, sobre el fin de semana se conoció que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) señaló irregularidades en el proceso de licitación de las obras de dragado y balizamiento. Ese órgano, especializado en la investigación de hechos de corrupción y de irregularidades administrativas, informó una serie de cuestiones “que merecen reproche administrativo y que podrían derivar en consecuencias penales”. Incluso se aludió a un “posible direccionamiento de proceso”. La PIA integra la Procuración General de la Nación como órgano especializado en la investigación de hechos de corrupción y de irregularidades administrativas.
Por Nicolás Maggi
Por Florencia O’Keeffe
