Economía

"Estos tipos, además de asesinos, eran chorros"

La inflación para 2018 se ubicaría cerca del 23 por ciento anual, lo que indica que las tasas que pagan los bancos son neutras"

Domingo 25 de Marzo de 2018

El historiador Bruno Nápoli es autor, junto con Celeste Perosino y Walter Bosisio, del libro "La dictadura del capital financiero", en el que exponen la relación entre las corporaciones económicas, los organismos de control financiero y el gobierno militar durante la última dictadura. El libro recoge, entre otras cosas, las conclusiones de la investigación que ese mismo grupo de trabajo realizó durante tres años, hasta que el gobierno actual lo desmanteló, sobre los archivos de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Esta documentación se abrió durante la gestión de Alejandro Vanoli, a partir de una decisión que en parte fue impulsada por los pedidos de información que surgían de las causas judiciales por crímenes de lesa humanidad. Inédita para el caso del sector financiero, esta apertura permitió a los académicos confirmar, a través de la actas y documentos elaborados durante el proceso militar, la colaboración directa que este organismo, al igual que el Banco Central y el Banco Nación, prestaron a los grupos de tareas en el secuestro, tortura y desaparición de empresarios, banqueros y financistas. "El objetivo era la rapiña, desapoderarlos de sus empresas, no hay que olvidarse que estos tipos además de asesinos eran chorros", subrayó Nápoli en una entrevista con este diario, al recordar casos como los del Banco de Hurlingham e Industrias Grassi, entre otros. Pero el análisis de los documentos reveló, también, cómo los representantes de las cámaras empresarias les dictaban a los militares las leyes que, como la entidades financieras, cambiaron estructuralmente la economía argentina y que aun la condicionan como una "pesada herencia".

—¿Cómo llegaron a los archivos de la CNV?

—La Comisión Nacional de Valores es un organismo estatal que regula el mercado de capitales. Tiene que velar por la transparencia de las operaciones en la Bolsa y el Mercado de Valores hace más de 50 años. Durante la dictadura de la desaparición de personas, tuvo una actuación muy particular. Teníamos indicios de que había colaborado con el Ejército, proporcionándoles información sobre banqueros, empresarios y financistas, directamente en Campo de Mayo. A partir de eso, en causas judiciales _por ejemplo ladel Juicio a las Juntas_ la presencia de la CNV fue nombrada por algunos testigos. A partir de ahí, en 2012, se abrió a instancias de Pedro Biscay y Alejandro Vanoli un equipo interdisciplinario conformado por un antropóloga, un sociólogo y yo como historiador, nos abocamos a desclasificar ese archivo y analizar las actas del directorio, las resoluciones, las direcciones escritas y las comunicaciones con otros organismos, como el Banco Central y el Nación. Allí pudimos constatar una colaboración estricta y directa con el Ejército, porque se descubrió que la CNV mandó peritos directamente a trabajar en Campo de Mayo. Cumplían su horario directamente allí. Y su trabajo era proporcionarle información sobre empresas y empresarios al Ejército en el lugar donde tenían detenidos o secuestrados a varios banqueros y financistas. Esta colaboración no la prestó sólo este organismo sino que también había representantes del BCRA y del BNA. Es decir que los tres principales organismos estatales que tienen información de empresarios, y que tenían que velar por la transparencia del sistema financiero, actuaron directamente junto con el Ejército durante la dictadura. Nuestro trabajo fue descubrir esa información, ordenarla y democratizarla, es decir, hacerla pública. Es lo que hicimos en los tres años y medio que duró la oficina.

—¿Cuál fue el patrón de actuación de estos organismos?

—Primero hay que pensar que estos organismos, sobre todo BCRA y BNA estaban manejados por las personas que debían ser controladas por ellos. Representantes de bancos privados fueron nombrados directores de esas entidades. En el caso de la CNV, Juan Alberto Etchebarne, era amigo personal de Martínez de Hoz, y fue nombrado presidente. La colaboración fue dar información de empresarios, banqueros y financistas que eran detenidos o secuestrados. No les interesaba su filiacion politica sino saber qué tenían, cuántas empresas manejaban, ese tipo de cosas. Esa colaboración es la que presentaron estos tres organismos durante la dictadura.

—¿Eran un centro de inteligencia?

—Eran un espacio de inteligencia. Porque estos organismos tienen información privilegiada sobre las empresas, que no son de libre acceso. Ellos brindaban esa información abiertamente al Poder Ejecutivo y a los militares que secuestraban empresarios.

—¿Qué papel jugó la ley de subversión económica como instrumento legal para estas actividades?

—La ley de subversión económica del año 74, se sancionó en democracia. Pero es la ley que utiliza Videla duplicando las penas y modificando algunos artículos, para poder perseguir activos económicos de organizaciones armadas. La dictadura no actuó desde la ilegalidad en términos superficiales. Había una ley y había que hacerla cumplir. Era una normalidad fraguada, como la llamamos nosotros. La ley establecía pautas para castigar a una empresa que no cumplía con los deberes patrióticos. Ahora, al aplicar esa ley, se secuestraba y se robaba. La excusa era la subversión económica pero el objetivo finalmente fue el desapodeamiento de esas empresas. El robo de los bienes que tenían esos empresarios, banqueros y financistas. No el de todos, pero sí de algunos. Porque no hay que olvidar que además de asesinos estos tipos eran chorrros. Los militares robaron muchísimo. Robaron a través de los pedidos de dinero que hicieron al Tesoro vía deuda externa. Las FFAA en el 78 y 79 pidieron muchísimo dinero del cual nunca rindieron cuentas. Unos 5 mil millones de dólares en préstamos. Y cuando el Tesoro se los reclamó a fines del 82 y principios del 83, con una dictadura ya en retirada, dijeron que no darían cuenta de esa plata porque no pidieron tanto. Lo cual hace suponer que había un doble negocio. Por un lado, estaba el pedido que hacían las Fuerzas Armada al Tesoro, supuestamente para comprar armas, pero por otro lado, los mismos militares dicen que los banqueros pedían el doble.

—La investigación histórica sobre la relación entre el poder económico y la dictadura adquirió mayor relevancia en los últimos años.

—Sí. La oficina de derechos humanos de la CNV fue el primer equipo que entró a un archivo del sistema financiero y lo democratizó. No había antecedentes y, de hecho, no hay ninguna comisión de valores del mundo que tenga una oficina de derechos humanos y, mucho menos, que se investigue a sí misma. Es absolutamente original. Después se armaron otros equipos que intentaron avanzar en la Casa de la Moneda y el BCRA. Eduardo Basualdo entró por unos meses al archivo del BNA. Fue interesante. Pero fue tan reciente que casi no nos quedó tiempo para avanzar sobre la pata civil de la dictadura. Porque hubo un cambio de gobierno a los tres años y se desmontaron todos los equipos.

—¿Cómo fue el desmantelamiento?

—Fueron quitándoles funciones. Nos mandaron a otras áreas a los que estábamos en esos equpos, para desinflar las investigaciones. Fueron desarmándolos tácitamente, sin declararlos.

—¿Por un tema ideológico o de encubrimiento?

—Hoy los que gobiernan te manejan con una lógica muy similar. Hacer negocios a través de estructuras estatales para llenarse de dinero. El caso más claro es el del ministro de Finanzas, Luis Caputo, que emite deuda y la compra él. Es claro que el modus operandi es muy parecido. Ocupar lugares del Estado para hacer negocios para los históricos grupos de poder.Juegan de los lados del mostrador. En la dictadura pasó lo mismo. El dirigente de la SRA pasó a ser secretario de Agricultura y presidente de la JNG. Los de Adeba manejaban los principales bancos públicos. Además de cambiar la legislación. Porque la dictadura de la desaparición de personas hizo algo muy importante que fue modificar la legislación económica a través de la ley de entidades financieras, que jamás se modificó en democracia. La ley de Aduanas, que terminó creando un centro mafioso, es una ley de Videla. La ley de inversiones extranjeras, que con algunas modificaciones, sigue vigente. Fueron leyes que modificaron para siempre las formas de hacer negocios. Y si uno sigue avanzando, lo que encuentra son nombres similares a los que están operando hoy. El grupo Socma, arranca en el 73 con seis empresas, termina la dictadura con 46 empresas. Crece exponencialmente, tomando deuda en dólares, es decir capitalizándose con autorización del Banco Central, y nunca pagándola. Estos grupos tomaron deuda, se llenaron de plata y nunca la devolvieron. Y el Estado se los permitió. Por eso son liberales muy particulares estos: odian al Estado pero lo quieren ocupar siempre. No lo quieren largar bajo ningún punto de vista.

—¿También es una normalidad fraguada?

—Claro, porque hasta ahora no es ilegal emitir deuda y comprarla vos mismo. Cuando la legislación cambie podremos perseguirlos. Mientras tanto, pueden seguir haciéndolo. Es un conflicto de intereses en una ley de ética pública que no respeta nadie. Pero es absolutamente legal manejar la cosa pública de esa manera. Porque tenemos una herencia de 400 leyes heredadas de la dictadura. Es es la pesada herencia, la legislación que armó la dictadura por orden de los sectores financieros. En nuestro libro ponemos las transcripciones de las reuniones que tenían Martínez de Hoz. Todos los representantes del sistema financiero se reunían con los militares que integraban la CAL y les dictaban las legislaciones que tenían que aprobar. En nuestro libro lo pusimos textual. Incluso encontramos algunos documentos que dan cuenta de que algunos militares consideraban exagerado lo que reclamaban los civiles. Pero los civiles ganaron la pulseada. Simplemente porque a las FFAA llenarse de dinero vía deuda. Estos tipos cambiaron la legislación, abrieron la economía, empezaron a llover dólares y todos agarraron, las grandes empresas y las FFAA. La alianza con el sector financiero fue clara. Llenarse de dinero, financiar una dictadura mientras ellos hicieron el trabajo sucio.

—¿Cuántos empresarios fueron secuestrados o en la dictadura?

—Nosotros trabajamos sobre 150 casos de banqueros empresarios y financistas. Tal vez haya más. Los secuestros tuvieron como objetivo el robo básicamente. Pero al mismo tiempo, la dictadura vino a fortalecer algo que estaba de hace 20 años antes gestándose lentamente en Argentina, que era la financierización.


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