Ni lerdos ni perezosos, los empresarios molineros se subieron al tren del dólar Prat Gay y ajustaron el precio de la bolsa de harina entre un 30 por ciento y 50 por ciento para cubrirse de la devaluación que prometió el referente económico del candidato presidencial de Cambiemos, Mauricio Macri, para el día después de asumir el gobierno si gana las elecciones.
La reacción, desacoplada de la situación real de costos en un mercado en el que el gobierno nacional habilitó enormes transferencias de ingresos de los productores primarios a la industria, es netamente especulativa y replica en el terreno de los artículos de primera necesidad, el stockeo y la pretensión de indexar en dólares que exhiben otros mercados, como el automotor. Los "ajustes preventivos", sobre los cuales advirtió esta semana el economista Rodrigo Alvarez, de la consultora Analytica, son viejos conocidos en Argentina. Brillaron durante el año 2013, por caso, como parte del dispositivo que presionó la devaluación de enero de 2014.
El antecedente no es alentador. La remarcación en aquella época continuó durante aquel enero caliente y más allá, hasta que sobre el segundo trimestre del año una serie de medidas monetarias y económicas, la menor actividad y programas como Precios Cuidados, pusieron algo de freno al deporte local de cubrirse "antes, durante y después".
Lo curioso del caso en estas dos semanas es que no es la presión de los actores económicos dolarizados la que fuerza la decisión política, sino que la señal del equipo del candidato que quedó mejor posicionado para la segunda vuelta es la que moviliza a estos sectores a stockearse, con la promesa de una paridad superior hasta en un 50 por ciento a la actual.
El olor a cambio de ciclo viene acompañado de un salto cualitativo en el mundo corporativo. Ya no se trata sólo de presionar en el mercado financiero, en las cuevas, en las rutas, en los silos o en las góndolas por los distintos pliegos reivindicativos de los sectores propietarios. Ahora cuentan con una herramienta política que las incluye, las articula y las conduce. Nace una suerte de populismo de la rentabilidad que subordina cualquier contradicción y contraindicación a la lucha por la libertad cambiaria.
Apuesta audaz. La inédita apuesta de transformar una devaluación en una promesa de campaña es más audaz que nombrar los ministros antes de la elección. En el remolino de emotividad política que guía esta etapa electoral introduce una propuesta económica materialmente regresiva en materia de distribución del ingreso. No puede ser otra cosa una medida que de movida baja el poder adquisitivo de los actores económicos que viven de su ingreso en pesos, que son la mayoría, a favor de los que atesoran o ganan, fuerte, en divisas.
Sólo dos factores pueden convertir esta sentencia en una virtud electoral. Uno es la creación del partido de los descontentos políticos que la propia presidenta invitó a formar a quienes la criticaban durante el demencial conflicto de la 125. Por múltiples razones, un conjunto importante de individuos y grupos sociales se fueron sumando a aquella entelequia hasta convertirlo en realidad, incluso al costo de entregar su propio interés material al pacto social de la rentabilidad empresaria y la valorización de los agrodólares.
El otro factor tiene que ver con la guerra de expectativas que se profundizó en la economía argentina tras las elecciones de 2013. Un fenómeno permanente en el mercado cambiario pero que peligrosamente quiere pasar a la economía regional, a menos de un mes del trapaso de gobierno.
El consenso social para devaluar y ajustar fuerte requiere convencer al electorado de que eso ya ocurrió y es producto de una crisis que apenas es reprimida por el actual gobierno. "Crear un diagnóstico de catástrofe para justificar un ajuste salvaje", denunció el ministro Axel Kicillof esta semana.
Lo cierto es que, si bien lejos de las mejores épocas de la posconvertibilidad, es difícil comprar el discurso sobre la existencia de una crisis económica que afecte en forma generalizada la vida de las personas. Más bien hay indicadores que muestran lo contrario, aún tomando en cuenta todas las dificultades que genera el cambio de ciclo económico global. La protesta que a diario hacen los economistas macristas sobre la venta de dólares a precio oficial releva de la necesidad de demostrar que la dolarización generalizada de costos a precios del contado con liqui es una construcción discursiva. Una coartada de indexación que tiene un sentido político: convocar a las expectativas para que ese discurso se transforme en realidad.
Pulsear para que los precios suban al ritmo de dólar que prometió Prat Gay es la fórmula para traspasar al actual gobierno el plan económico que incuba el referente macrista. Y el hecho que esta estrategia tenga viabilidad política también es una vieja factura que vuelve. La destrucción del Indec no fue gratis. Limitó la posibilidad del oficialismo de exhibir en estadísticas socialmente aceptadas lo que es una realidad comprobable en la calle. Y le dio a su contrincante la oportunidad de manipular su propio Indec, capaz de crear realidades a partir de erráticas consignas.