De acuerdo al Ceso, este efecto reducirá en 40.636 millones de pesos el déficit fiscal (0,3 puntos porcentuales del PBI). Previo a la devaluación, la baja comprometida en el rojo primario era de 164.533 millones de pesos. Ahora, "restan ajustar gastos por 123.897 millones de pesos (un punto porcentual)" para alcanzar el objetivo de un desequilibrio de 2,7% del PBI. Esa reducción "intentará ser descargada sobre las provincias, la obra pública y los trabajadores del Estado", señaló el centro de estudios. El incremento en la partida de intereses por deudas nominadas en divisas, el déficit financiero prácticamente no varía por el efecto de la devaluación.
El Ceso también consideró demasiado optimista la meta inflacionaria comprometida por el gobierno con el Fondo, que llega al 32% en 2018. Para el centro de estudios, la inflación proyectada para este año será del 36%. "Sabemos que las devaluaciones suelen tener un fuerte impacto inflacionario; al tiempo que el plan de dolarización de tarifas deja poco margen de maniobra y potencia los costos que conlleva el aumento del dólar", señalan los economistas, que consideran que "la gran apuesta del gobierno parece ser la licuación de salarios reales".
En el frente externo, los economistas trazaron dos escenarios posibles, partiendo de una base "optimista", según la cual la recesión y la devaluación "reequilibran" la cuenta corriente.
En el primer caso, que sería el mejor de los mundos posibles, el gobierno consigue estabilizar el mercado de cambios y el ingreso de dólares por los proyectos de infraestructura PPP compensa la fuga de capitales. En ese caso, señala, se cumplirán las metas de reservas internacionales comprometidas, sumando 5.500 millones de dólares respecto de junio de 2018, y se eliminará el déficit de cuenta corriente. "Aun así, los abultados vencimientos de deuda de 2019, junto a la disminución del monto del crédito del FMI, mermarían las reservas si no logra restablecerse el acceso a los mercados voluntarios de deuda", indicó.
En el segundo caso, la fuga de capitales continúa al ritmo de primer semestre de 2018. En el segundo, las reservas caerían en 2019, incumpliendo con el acuerdo, hasta un nivel similar al diciembre de 2015, aunque con vencimientos de deuda mas abultados a los de aquel entonces. "En ese caso, la meta de incremento de reservas pactadas con el Fondo no se cumpliría y el 2019 cerraría con un nivel similar al que asumió Mauricio Macri, aunque dejando a su sucesor vencimientos de deuda externa mucho más abultados con un mercado financiero internacional saturado de papeles argentinos".
Desde la consultora Economía & Regiones (E&R), los próximos trimestres "tendrán variaciones desestacionalizadas negativas, con menos inversión, caída del consumo, recesión, destrucción de empleo, aumento del desempleo y más pobreza e indigencia". Y aunque considera que esta situación sería peor sin el acuerdo con el Fondo, asegura que las metas comprometidas con el organismo no son suficientes para evitar los riesgos de un descalabro.
"Con las nuevas metas fiscales se necesitan más de 45 mil millones de dólares de financiamiento de aquí a fin de 2019; sin embargo, sólo entrarían 35 mil millones de dólares de organismos internacionales hasta diciembre de 2019", aclaran. De allí se desprende que el gobierno necesitaría colocar más de 10 mil millones de dólares adicionales en el mercado de deuda, "asegurando altas tasas de interés hasta el final del mandato".
Nuevos rounds
En el análisis de E&R "es probable que haya nuevos rounds de corrida cambiaria, que la estanflación sea más dura y prolongada de lo que la mayoría de los agentes piensan y que algunos de los condicionamientos del acuerdo con el FMI sean puestos en jaque". Un ejemplo es la pauta de inflación, que "muy probablemente exceda los límites superiores de la banda de tolerancia para las metas y en consecuencia el gobierno debe hacer seguramente consultas" con el organismo internacional.
En cuanto al déficit fiscal, la consultora considera que será más fácil cumplir las de 2018 que las de 2019. Para alcanzarlas, subraya, el gobierno se para sobre tres pilares fundamentales: ajuste tarifario, congelamiento de ingresos y reducción del salario de los empleados públicos y ajuste en la obra pública.
Al igual que el Ceso, advierten que el cumplimiento de los compromisos de déficit fiscal primario impactan sólo marginalmente en el financiero, por el aumento del peso de la deuda. "Al finalizar el 2019 estaremos con un déficit financiero total de 5% del PBI, un 0,9 punto porcentual menor al del 2015", señalaron.
Volver al 2002
El diputado nacional santafesino Luis Contigiani elaboró un análisis sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que garantiza "ajuste para la mayoría de los argentinos, para pagar la fiesta de unos pocos".
"El eje para bajar el déficit fiscal es convalidar una buena inflación que permita licuar el gasto público, con salarios y jubilaciones aumentando por debajo de la inflación", señaló, y opinó que se busca un "esquema parecido al del 2002".
El legislador dijo que el tipo de cambio competitivo que exige el organismo "ya lo tienen, en exceso". Y consideró que es posible que las cuentas externas "estén en equilibrio o con superávit a comienzos del próximo año, sobre todo si se recupera la producción agrícola en la próxima campaña". La contracara será la recesión de los sectores que no tienen ingresos en dólares. Y que ya sufren las tasas de interés altas, otro de los compromisos asumidos con el FMI. "Estas tasas a están actuando sobre la cadena de pagos en casi todo el país, con especial perjuicio hacia empresas pymes", dijo.
Contigiani consideró que la economía argentina va rumbo a una recesión que se trasladará hasta los primeros meses del 2019. "En ese contexto, la desocupación, que se encuentra en torno al 9,1%, se prevé que supere los dos dígitos, para ubicarse en algún lugar cercano al 12% a comienzos del 2019", señaló. También se producirá "una fuerte caída en la actividad de las pymes en todo el interior del país, sobre todo de las vinculadas al mercado interno". En cambio, "tendrán dinamismo las cadenas de valor orientadas a la exportación".
La deuda pública, calculó, se ubicará en torno al 80% del PBI. Y aunque no descarta que a partir del segundo cuatrimestre de 2019, el gobierno nacional pueda mostrar superávit gemelos en sus cuentas, será al costo de un "fenomenal ajuste que recaerá sobre la mayor parte de la sociedad".
El plan, dijo, expresa "una brutal redistribución del ingreso, de carácter regresivo, en la sociedad argentina, tal vez más profunda que la del 2002, con la diferencia que aquella fue posteriormente revertida parcialmente, mientras que esta apunta a ser estructural, es decir definitiva".
El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), consideró que "en un contexto de reforma tributaria en marcha", el logro de las metas de resultado fiscal "se obtendrá básicamente a través de la baja del gasto público". E indicó que en el acumulado a 2020 el Ministerio de Hacienda prevé que las transferencias corrientes aporten 0,6 puntos porcentuales del PBI a la baja del peso del gasto primario, y se prevé que las transferencias de capital culminen el año 2020 con una participación equivalente al 0,03% en relación al PBI.
Sin embargo, la dimensión que tienen actualmente los programas de transferencias no automáticas, y los compromisos asumidos en el consenso fiscal con la provincia de Buenos Aires, "superan los montos establecidos como metas en los próximos año", advierte el Iaraf.
El economista Carlos Melconian vaticinó un panorama sombrío hasta finales de 2019, al sostener que "los 50.000 millones de dólares de crédito del Fondo Monetario Internacional no alcanzan", por lo que el país deberá volver a tomar deuda en los mercados antes de lo previsto.