La Policía Federal realizó ayer allanamientos simultáneos en Santa Cruz que incluyeron dependencias de los gobiernos provincial y municipal con la finalidad de secuestrar documentación vinculada con la sociedad Los Sauces, de la familia de la ex presidenta Cristina Fernández, en el marco de una causa por presunto lavado de activos de origen ilícito. En paralelo, la Sala II de la Cámara Federal confirmó ayer el procesamiento con prisión preventiva de Lázaro Báez y ordenó al juez Sebastián Casanello investigar a la ex mandataria por la "cuantiosa adjudicación de obra pública" al dueño de Austral Construcciones (ver aparte).
Ante la ofensiva judicial en su contra, Cristina contraatacó: "Podrán hacer mil allanamientos más, podrán televisarlos, podrán meterme presa, su claro objetivo", alertó la ex mandataria a través de un texto difundido en las redes sociales, y agregó: "Lo que nunca van a poder tapar son las consecuencias de un plan económico que sólo distribuye pobreza para los trabajadores y las clases medias".
En ese contexto, Cristina ratificó sus denuncias por "abuso de poder" y "persecución política" por parte del gobierno y, sin nombrarlo, apuntó contra Mauricio Macri al recordar que tanto ella como el ex presidente Néstor Kirchner "nunca tuvimos cuentas en negro en el exterior o bienes no declarados en el extranjero sustrayéndolos del fisco argentino".
"No estamos en los Panamá Papers ni en ningún otro escándalo internacional", expresó, y agregó: "¿Alguien sabe si al presidente y a su familia —todos involucrados en el caso Panamá Papers— les allanaron sus casas, sus empresas o sus oficinas?".
En esa misma línea, también se preguntó: "¿Creerán que de esta manera lograrán disciplinar a la dirigencia política, sindical o social opositora? Tal vez podrán con algunos, o tal vez con todos. Conmigo no. No cuenten con ello".
Segunda carta. Más tarde, vía Facebook, Cristina publicó otra carta en la que vuelve a cuestionar a la Justicia y a dos miembros de la Sala II de Cámara Federal, la misma que ordenó a Casanello investigarla por la obra pública adjudicada a Báez. Recordó que Eduardo Farah y Martín Irurzun "se encuentran actualmente denunciados por el delito de prevaricato cometido en mi contra en la causa de la venta del dólar a futuro".
"Estas mismas personas, abusando de su posición como jueces de Cámara, se ponen al descubierto ahora con mayor claridad aún, como mis concretos y directos acusadores, pretendiendo imponerle a Casanello —a quien, repito una vez más, no conozco— la obligación de investigarme por hechos que ya se encuentran a conocimiento de otros juzgados".
De acuerdo a la segunda carta que escribió Cristina, a la que tituló "Estado de derecho, pobreza y desigualdad", el accionar de la Justicia en su contra pretende "instalar en la opinión pública que el anterior gobierno durante los doce años y medio de gestión tuvo como único propósito cometer delitos de manera indiscriminada. Se intenta crear un nuevo tipo penal: el delito de haber pertenecido al gobierno durante el período 2003/2015".
Y, a su vez, dijo que se trata de "distraer a la población mientras el ajuste y la debacle económica aumentan la pobreza, la desigualdad y la inseguridad de manera ya inocultable y exponencial".
Operativos en el sur. Por orden del juez federal porteño Claudio Bonadio, los efectivos de la Policía Federal realizaron operativos en propiedades situadas en las localidades santacruceñas de Río Gallegos, El Calafate y El Chaltén.
En primer término, ingresaron a la inmobiliaria Sancho San Felice, donde trabajaba Máximo Kirchner hasta que asumió como diputado nacional.
También buscaron información en dos complejos de departamentos situados en Mariano Moreno al 800 y en Alvear y Tucumán, en el centro de Río Gallegos, que fueron construidos por la empresa de Lázaro Báez y serían propiedad de Los Sauces.
Asimismo, la prensa constató el ingreso de personal de Policía Federal en la Gobernación de Santa Cruz y en el edificio de la Municipalidad de Río Gallegos.
También se allanó un edificio situado a dos kilómetros del Palacio Municipal, donde funciona el Departamento Tierras de la comuna riogalleguense.
Bonadio dispuso los procedimientos en la provincia de Santa Cruz para secuestrar documentación relacionada con la sociedad Los Sauces porque sospecha de maniobras de lavado de dinero.
La causa es la que inició la diputada nacional Margarita Stolbizer, quien amplió la denuncia días atrás y extendió la acusación contra la ex mandataria al delito de "asociación ilícita" y "enriquecimiento ilícito".
