Los trabajadores de la planta de Dow de Puerto San Martín fueron a reclamar por la defensa de la fuente de trabajo a la Legislatura pero se quedaron con las manos vacías. Diputados no trató el proyecto que declara la utilidad pública de esa fábrica, al que el Senado dio media sanción. El diputado provincial Carlos Del Frade (FAS) acusó a la vicegobernadora Gisela Scaglia de “cajonear” la iniciativa y no mandarla a la Cámara baja. Aseguró que presentará una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La multinacional Dow anunció a principios de octubre el cierre de la planta de polioles de Puerto San Martín, lo que implica destruir 120 puestos de trabajo y poner en riesgo otros 3 mil vinculados a la cadena de valor que se abastece con sus insumos. Un intento similar había ocurrido en 2021, pero no pudo concretarlo por la decisión política de las administraciones nacional y provincial de aquel momento. En este nuevo capítulo, el Ministerio de Trabajo de la provincia dictó la conciliación obligatoria, que vence el lunes próximo. La empresa ya avisó que ejecutará el cierre una vez que finalice esa tregua legal.
Los trabajadores nucleados en el Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (Soepu) se apostaron desde el comienzo del conflicto en las puertas de la fábrica y reclamaron apoyo político para evitar la desaparición de una rama de producción fabril. El 17 de octubre, el Senado votó un proyecto de ley que declara a la planta de utilidad pública y sujeta a expropiación. Una iniciativa idéntica a la que se aprobó en 2021. Para el secretario general del gremio, Mauricio Brizuela, su sanción definitiva le da una buena herramienta de negociación al gobierno provincial para presionar a la firma a que vende su unidad productiva en lugar de cerrarla.
Los trabajadores se movilizaron a la Legislatura este jueves esperando que los diputados actuarán en sintonía con los senadores, que votaron el proyecto por unanimidad, y la votaran sobre tablas.
Desde principios de la semana, el bloque de diputados del Frente Amplio por la Soberanía (FAS) venía alertando la intención de cajonear la iniciativa. El miércoles advirtió sobre la falta de convocatoria a la comisión de Asuntos Laborales y el jueves convocó a una conferencia de prensa, junto a los dirigentes del Soepu, para exigir su tratamiento sobre tablas. “El gobernador le tiene miedo a la palabra expropiación pero esa posibilidad está en la Constitución y la provincia tiene la obligación de defender a la industria y los trabajadores”, dijo Del Frade. Su colega Fabián Palo Oliver aseguró que “el oficialismo provincial tiene la oportunidad de diferenciarse del gobierno de Milei respaldando el proyecto que viene del Senado”, mientras que Brizuela, del Soepu, aclaró que “el proyecto no obliga a la provincia a poner ni un peso, solo es una herramienta para posibilitar la apertura de un proceso que permita vender la planta, cuya producción hoy es monopólica”.
Ya en el recinto, Del Frade acusó a la vicegobernadora Gisela Scaglia de no girar a Diputados el proyecto del Senado a la Cámara baja para evitar su tratamiento.
Afuera, los trabajadores de Dow y sus familias hacían una dramática guardia frente a la Legislatura. “Es llamativo que los que en 2021 acompañaron nuestra lucha hoy ni siquiera den la cara, parece que el slogan de Santa Fe Productiva solo vale en campaña, o cuando están en la oposición”, dijo el secretario general del Soepu.