Detuvieron al presidente del directorio de Vicentin

El presidente del directorio de Vicentin, Omar Scarel, fue detenido ayer por un pedido de la Fiscalía de Delitos Complejos de Rosario, que entendió que el ejecutivo violó la disposición judicial que impedía vender activos de la empresa. Los fiscales lo imputarán el jueves por desobediencia, al entender que ya comprometieron el traspaso de las acciones de Renova, la empresa procesadora de granos que creó en sociedad con la multinacional Viterra.

Vicentin ya había vendido a su socia el 16% de las acciones a fines de 2019, casi en simultáneo con la declaración de default por u$s 1.400 millones. El resto de su participación es parte de los activos que propone vender para pagar parte de la deuda a los acreedores. Para los fiscales, esa operación ya se acordó, a pesar de que a fines de 2020 se dictaron cautelares que lo impedían.

En el marco del concurso de acreedores que se lleva adelante en los tribunales comerciales y civiles de Reconquista, Vicentin presentó este año una propuesta de cancelación de deuda, con fuertes quitas, que incluye la venta de las acciones que le quedan en Renova.

Esa propuesta está en sintonía con un acuerdo de “asociación estratégica” tejido con Viterra (ex Glencore), la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Bunge. Luego de varias extensiones del llamado período de exclusividad por parte del juez del concurso, Fabián Lorenzini, Vicentin logró el aval de la cantidad de acreedores necesaria para que se aprobada. Pero resta alcanzar la venia de la mayoría del capital adeudado, lo cual requiere el acuerdo de los acreedores más grandes.

Según dejo trascender Vicentin en las últimas semanas, estaría a punto de acceder a esa mayoría, ya que tendría el OK de los bancos extranjeros, a los que les debe unos u$s 500 millones. Cabe recordar que estas entidades están entre los que denunciaron penalmente por estafa a los directivos de la cerealera de Avellaneda, en Rosario. Esta investigación es la que lleva adelante el fiscal de Delitos Complejos, Miguel Moreno, y en el marco de la cual se pidió ayer la detención del histórico contador de la compañía.

Los fiscales que investigan a Vicentin entienden que la venta de las acciones de Renova, la empresa que comparte con Viterra y que es dueña de la planta de procesamiento de soja más grande del mundo, ya está “perfeccionada”. Y por eso ordenaron su detención por “desobediencia”. Es que a partir de una medida cautelar solicitada por la Fiscalía, la Justicia prohibió a Vicentin, a fines de 2020, disponer de sus activos para evitar un vaciamiento.

Tiempo antes, Gustavo Feldman, el representante legal de Olzen, una de las empresas acreedoras de Vicentin que inició la causa penal, pidió a la Fiscalía que reclame la detención inmediata de Scarel.

En un escrito les advirtió que los escritos presentados por la empresa el 29 de abril y el y 6 de mayo al juzgado en el que se tramita el concurso, la empresa afirma, entre otras cosas, que la venta de las acciones que actualmente posee en Renova permitirá obtener los fondos necesarios para la realización de los pagos comprometidos a los acreedores en su propuesta, que contempla quitas de hasta el 80%.

“La propuesta contempla pagos para los cuales se deben ejecutar contratos celebrados con los interesados estratégicos, que implican la venta de bienes y acciones cuya disposición se encuentra vedada por las cautelares dispuestas a pedido de la fiscalía, sin advertir de esto a los acreedores y sin siquiera mencionar su existencia en los contratos que celebró con los interesados estratégicos”, señaló Feldman.

Y en ese punto, refiere a un anexo de la propuesta presentada por Vicentin en el que se hace referencia a un acuerdo de compra de acciones de Renova por parte de Viterra, que la cerealera de Avellaneda aceptó y que se efectivizará durante la “fecha de cierre”, que sería la homologación del concurso (ver aparte).

En el marco de los operativos judiciales realizados ayer, también hubo varios allanamientos solicitados por el fiscal Sebastián Narvaja, de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos y realizados por integrantes de la División de Inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Uno de los operativos se realizó en Rosario, más precisamente en la zona de Puerto Norte, donde se encuentran las oficinas de Renova. Trascendió que se habría secuestrado allí material electrónico.

Vicentin salió a criticar la medida judicial y pedir que la situación “se rectifique de manera inmediata”. En un comunicado enviado a prensa, la firma consideró que la decisión de detener al directivo es “injustificada, arbitraria y desmedida”. En el mismo texto remarcan, además, que todos los miembros del directorio de la compañía “han estado siempre a derecho, a disposición de la justicia y han prestado su colaboración cada vez que esta les ha sido requerida”. El año pasado, la Justicia les fijó una fianza de u$s 10 millones a cambio de no ser detenidos.