Desazón y perjuicio: qué dicen las víctimas de un agente de Bolsa rosarino acusado de fraude

"Empecé a invertir allí en 2020 por ser uno de los agentes de Bolsa más importantes de capitales locales. Hicieron una muy buena campaña publicitaria para captar clientes. Invertí legalmente en una empresa que debió estar fiscalizada por el órgano de control. Y me cagaron. Todavía no puedo recuperar lo que es mío".

Como muchos de los 172 inversores de todo el país que se declararon damnificados Brian Cigno, de 34 años, es una persona que sabe cómo funciona el mercado. Pero que fue incapaz de ver venir que la empresa bursátil Guardati y Torti SA (GyT SA), de positiva reputación en su segmento, se quedaría con todos sus ahorros que, a 20 meses de su colapso, aún permanecen cautivos.

Ocho directivos de la compañía están imputados por utilizar fondos de una cuenta de los ahorristas para afrontar urgencias de GyT Plus, una empresa agrofinanciera con enormes dificultades, controlada por la misma operadora de bolsa. Próximamente se ampliarán las imputaciones contra los controlantes de esa firma. Hasta ahora están imputados por quedarse de modo ilícito con fondos de 42 inversores por 2 millones de dólares y 29 millones de pesos.

En las historias personales de las víctimas brota con recurrencia un planteo. La reiteración es que el accionar de Guardati y Torti como agente de liquidación y compensación (Alyc) lastima el funcionamiento del mercado porque destroza un reaseguro esencial: la confianza que un ahorrista deposita en el intermediario, que es el agente de bolsa, cuando le cede su dinero para comprar títulos, bonos u operaciones a futuros en granos o divisas.

"Muchos opinólogos de mercado ruegan al público inversor que canalice sus ahorros por el mercado. Le piden que no compren dólar blue ni hagan inversiones en negro", observa Brian, que él mismo hizo una pasantía en el Rofex, el mercado de futuros de Rosario. "Pero acá actuando de manera legal con un agente de bolsa nos fundieron. Recientemente la Municipalidad de Rosario tomó deuda en el mercado de capitales para financiar sus gastos. ¿De dónde sale esa plata? De ahorristas, de pymes que operan con agentes de bolsa. Si en ese esquema aparece gente inescrupulosa que usa la confianza para hundirla no solo le provoca un daño terrible a los particulares sino a todo el sistema, sobre todo a los agentes a los que no se les ocurriría hacer lo que esta gente hizo: robarle a los clientes para tapar sus agujeros", apunta.

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La desazón y el enfado corren por partes parejas porque los directivos, aducen las víctimas, son personas acaudaladas, que enajenaron activos de ahorristas pequeños con maniobras que les valieron la suspensión de la Comisión Nacional de Valores primero y la acusación de un fiscal por administración fraudulenta después.

"Estamos hablando de familias multimillonarias de la ciudad, de fuerte patrimonio y que viven en los mejores edificios con vista al río. En esa condición habría sido más fácil que metieran la mano en el bolsillo para desprenderse de inmuebles propios, lanchas, vehículos para responder. En lugar de eso tomaron fondos de sus clientes para cubrir su pasivo y nos mandaron a la cola de la convocatoria de acreedores. Una muestra de mala fe, de nula entidad ética, un abuso de la confianza tremendo", sostuvo Cigno.

Los ahorristas recuerdan que los jueces Nicolás Vico Gimena y Facundo Becerra ordenó allanamientos a cajas de seguridad vinculadas a cuatro directivos de Guardati y Torti donde, según sostienen, se verificaron en marzo tenencias por 700 mil dólares. Ese dinero según el planteo del fiscal Sebastián Narvaja era para decomisar para evitar la consolidación de un ilícito presunto y disponer un fondo para el futuro resarcimiento de las víctimas. Pero la defensa interpuso un reclamo para que no se pudiera cautelar el contenido de los cofres por insuficiente fundamentación para los allanamientos. El camarista Javier Beltramone encontró razonable el planteo y dejó sin efecto la incautación de los fondos, que fueron devueltos a los dueños de las cajas de seguridad.

Sergio Longo es un inversor que vive en la ciudad de Buenos Aires. "Llegué a Guardati y Torti en agosto de 2019 por un agente productor que me recomendó una inversión. Ofrecían una tarifa buena y buen servicio. Hasta febrero de 2020 operé sin ningún problema. Pero ese mes corrieron rumores de un problema financiero en la empresa. Al 7 de febrero no respondían comunicación ni por whatsapp ni por teléfono. Y quedaron suspendidos inmediatamente por la CNV", recuerda.

Hay un prejuicio generalizado contra inversores en la bolsa, sostiene Longo. "Los inversores no somos especuladores sino trabajadores o profesionales que frente a un pequeño ahorro invertíamos en títulos de alguna empresa o bonos del Estado a cambio de una renta. En este contexto al dejar de operar G&T se produjo primero un perjuicio porque tardaron 40 días para liberar los títulos. Justo se dio el contexto del comienzo de la pandemia en que las mayoría de los activos caían de valor a nivel mundial en un 30 a 40 por ciento y nos vimos imposibilitados de deshacernos de esos títulos", sostiene.

El ahorrista remarca que los saldos líquidos que están en custodia del agente bursátil debe estar a resguardo para realizar operaciones que encomiende el inversor. "Esos saldos líquidos que no puede usar el agente ni nadie fueron usados para prestarle a G&T Plus que era una agrofinanciera. Eran dos empresas distintas. Claramente hubo una violación y un perjuicio porque prestó esa plata que está prohibido por las normativas de la CNV. Cuando la CNV advirtió lo ocurrido suspendió a GyT que nunca devolvió los saldos líquidos", sostiene.

"Entendemos que hay un claro delito y hasta ahora no han dado respuesta más que presentarse a concurso. Hay dos perjuicios: el lucro cesante por haber inmovilizados nuestros títulos esos 40 días y los saldos líquidos fueron retenidos indebidamente y nunca devueltos. Hay personas que tras vender una propiedad en lugar de poner el dinero en la caja de seguridad decidieron, para hacer una ganancia mínima, volcaron antes de reinvertir sus fondos allí, que fueron manoteados indebidamente. No hay muchos antecedentes de algo así", sostuvo.

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Brian Cigno describe el target de buena parte de los damnificados: un renglón de personas de entre 25 y 40 años, que salvo excepciones no tiene gran volumen de capital comprometido, un promedio en su mayoría entre los 2 y 5 mil dólares, cantidad no obstante muy importante para un estrato medio. "Somos operadores semiprofesionales en el sentido que no vivimos de los activos financieros sino que tenemos un ahorro en la actividad. Yo en ese momento hacía una pasantía en Rofex. La gran mayoría de damnificados abrimos cuentas por una cuestión de costos de comisiones. El público inversor más joven pide operar con comisiones bajas o cero por ser el argentino un mercado chico. Guardati y Torti ofrecía comisiones muy bajas para operar como futuros que es una herramienta que se opera en el corto plazo como a días o semanalmente".

Cigno se dice tomado por una impotencia terrible porque una vez que se hizo pública la suspensión de GyT no les quedó más que pelear por el lado penal. "Los inversores como la CNV sabemos que los agentes de Bolsa no pueden utilizar el dinero de los comitentes para fines discrecionales o particulares del propio agente. Lo que hicieron fue librar cheques a favor de proveedores o clientes de la agrofinanciera GyT Plus. Y está demostrado en la investigación es que la empresa atravesaba dificultades financieras desde antes de que cayera Vicentin y que toda esa información se ocultó en los estados contables por lo que los inversores y la CNV no tuvieron una alerta temprana. Se falsificaron los balances sumado a la incapacidad de la CNV de fiscalizar a cada agente del mercado. Fue un cóctel explosivo que provocó un desmanejo en este agente y cortó por el lado de los inversores", aduce.

Cuando un cliente deposita sus ingresos en un agente busca buena fe, alega Cigno. "Fue una trampa cazabobos, utilizar una comisión baja para perjudicar al cliente. Si uno analiza la secuencia de los hechos está claro lo que pasó: atraer gente mediante publicidad que anunciaba comisiones bajas para después cagarlos".

Rodrigo Vicente, de Santa Fe, operaba desde mayo de 2020. "La había elegido por la publicidad que se hacía de su trayectoria entre los traders que operamos de manera continua en el mercado de capitales. Soy un operador experimentado por lo que hacía operaciones a través del sistema. Solicité la extracción del saldo de mi cuenta el 6 de febrero porque al cierre del mercado circulaban versiones de que había caído en cesación de pagos. No se podía cargar nada en el sistema. Justo había ingresado 15 mil dólares dos días antes para cancelar una deuda en pesos de una caución bursátil. Transferí esos dólares para poder cubrir esa caución tomadora. Tuve un perjuicio doble: no pude cancelar la deuda y me tomaron la guita", se lamenta.

Sostiene haber llamado a Alexis Torti que era parte del directorio. "Me respondió que no estaba al tanto de ningún inconveniente. Se hizo el sota cuando las redes estaban explotando. La pérdida estimada en ese momento para mí eran dos millones de pesos que a un dólar a 57 pesos suponían unos 35 mil dólares aproximadamente. Me bloquearon el teléfono. Fue algo totalmente armado y de mala fe".

En febrero pasado el fiscal Narvaja acusó a ocho directivos de la empresa GT SA que controla Guardati y Torti. Los mismos socios tienen una acopiadora de granos y corretaje llamada GYT Plus SA. Uno de los imputados es el presidente del directorio, Angel Torti, quien hasta el momento en que trascendió la investigación era vocal de la Bolsa de Comercio de Rosario, cargo al que en esa ocasión renunció.

Las maniobras ilícitas que les adjudica el fiscal consiste en operaciones de transferencias bancarias y de compraventa de dólares y de títulos valores de parte de la sociedad bursátil GT SA para fondear las operaciones de la firma GYT Plus SA, con conocimiento que ésta se encontraba en cesación de pagos. Eso se hizo según la imputación en provecho exclusivo de la corredora de cereales que, según el balance correspondiente al 30 de setiembre de 2019, contaba con un pasivo corriente de 1.697 millones de pesos y un patrimonio negativo de algo más de 746 millones de pesos.

De acuerdo al fiscal, al concretar estas acciones los miembros del directorio causaron una pérdida de liquidez y un daño patrimonial en la sociedad bursátil, que implicó una denuncia penal de 42 inversores, que hasta el día de hoy no recuperaron sus ahorros. Los denunciantes iniciales a la CNV fueron 172 personas.

El fiscal imputó además un segundo hecho a los miembros del directorio consistente en haber certificado y autorizado el balance del ejercicio finalizado al 30 de septiembre de 2019 incompleto y con información falsa, reflejando una situación que no se correspondía con la realidad económica de la sociedad de bolsa GyT SA.

"Soy una persona que opera en el mercado y que perdí con GyT aunque en mi caso no con mucho dinero", dice Teddy, un inversor que tiene una cuenta en twitter con inversores que lo siguen. "Lo que recuerdo en ese momento es que me llegaban muchos mensajes trágicos de damnificados que la pasaron muy mal. Me apena cómo se fue mucha gente del mercado. Destacaría casos de amigos que operaban derivados financieros, que no es algo con lo que uno empieza, y dejaron de operar. El mercado es básicamente confianza. Y esto es un golpe muy fuerte. Hay una herida de GyT que está abierta".

El trámite penal sigue en curso con los ocho directivos en libertad ya que nunca se pidió una medida de prisión en contra de ellos. En ocasión de la imputativa los defensores de Guardati y Torti, Cristian Scoponi y Lisandro Martínez Gorostiaga, sostuvieron que no hay delito de parte de los involucrados por el fiscal. Adujeron que ante las situaciones de dificultad financiera las dos sociedades, tanto la cerealera como la bursátil, se concursaron para afrontar sus obligaciones con los acreedores.∏