El gobierno nacional envió finalmente una nueva versión de su plan de modificación del régimen de promoción de los biocombustibles. Fue en el marco de los cambios propuestos en el proyecto de ley ómnibus de desregulación económica. El capítulo relacionado con el biodiesel es el que pega más directo en Santa Fe, donde se encuentra la mayor cantidad de plantas. Si bien el nuevo articulado recoge mejoras propuestas por empresarios y funcionarios provinciales, las pymes del sector piden “mayor claridad” en su redacción y reglas que aseguren su continuidad frente al ingreso de las grandes empresas al mercado del corte obligatorio para abastecer al mercado interno. En estas horas habrá reuniones clave de representantes del gobierno santafesino y sus pares de distritos productores, con legisladores y funcionarios nacionales.
El nuevo texto que el Ejecutivo pretende que obtenga dictamen de comisión presenta muchas diferencias con el original, que prácticamente diezmaba al sector. Por ejemplo, se garantiza un piso de mezcla obligatoria de biodiesel con gasoil, que se eleva al 10% cuando se apruebe la nueva ley, al 11% el año próximo y al 12,5% a partir de 2026.
Desde ese piso, y en un plazo de no menos de tres años tras la aprobación del nuevo régimen, el gobierno propondrá al Congreso elevar el corte al 15%. En ese punto, podrán entrar al negocio las empresas petroleras, por el volumen excedente de esa tasa y con un tope del 15%.
También se avanzó en mantener la exención de los biocombustibles del impuesto a los combustibles líquidos y al impuesto al carbono.
La participación de las petroleras en el negocio, junto con la liberación de importaciones era uno de los puntos que preocupaban a la industria del biodiesel. Según el nuevo texto, por 18 años las mezclas deberán producirse en plantas argentinas. Aquí hay una primera objeción de las pymes del biodiesel, que entienden que “al hablar de mezcla, no hay claridad si no pueden importar la materia prima al 100%”. También piden precisiones sobre el producto sobre el cual se impone un techo de precio al “import parity” como condición para participar de las licitaciones por el corte obligatorio.
Pymes e integradas
Pero uno de los puntos más controversiales, desde el punto de vista de este sector, es el que tiene que ver con la liberación del mercado de abastecimiento interno. “Más allá de algunos compromisos genéricos de asegurar el equilibrio y los múltiples proveedores, se necesita que se reconozca que en esta industria hay dos segmentos bien diferenciados: el de las pymes y el de las grandes empresas integradas (aceiteras y productoras de biocombustibles) que son las que tienen la materia prima”, señalaron desde Casfer, la cámara santafesina que las agrupa.
El proyecto de ley ómnibus elimina los cupos y precios regulados que la actual ley otorga a las pymes. En cambio, abre la competencia entre grandes, chicas, integradas y exportadoras, a través de un sistema único de licitaciones. El único límite previsto es que nadie se quede con más del 14% del total del volumen en cada compulsa y que no adjudiquen más volumen que su capacidad instaladas.
En el sector consideran que, tal como está redactada esta nueva versión, el nuevo sistema es “inviable” para las pymes.
Para las próximas horas está previsto que referentes de los ministerios de Producción de Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Jujuy, que impulsaron cambios al texto original, se reúnan con diputados nacionales y también con funcionarios del gobierno nacional para seguir trabajando estos temas.
Santa Fe tiene 19 plantas de elaboración de biodiesel, que representa el 82% de la producción nacional y que generan empleo y valor agregado en origen.
El sector viene de atravesar un año complicado por la sequía, la baja de cortes y la desaceleración económica. Así, llegó a tener máximos de capacidad ociosa.