Con la mayoría del oficialismo, ampliada por aliados, el Senado se encamina a modificar la media sanción de una nueva ley de alquileres -cambiando la vigente aprobada hace tres años- que a su vez la oposición consiguió modificar en la Cámara de Diputados el 23 de agosto pasado, la cual achicaba el tiempo de contratos de tres a dos años y pasaba la indexación anual de un año, a cuatro meses.
La ley actual vigente, puesta en crisis por los índices de inflación que desactualizan contratos -y que a la vez se hacen impagables al momento de iniciar uno nuevo- contempla una indexación anual por un índice oficial (no discrecional) y la duración mínima de los contratos por tres años.
Ahora, con el retoque del Frente de Todos y sus aliados en el Senado, los contratos continuarán con duración mínima de tres años, pero se reduce a seis meses el período de tiempo para aplicar los aumentos.
Por otra parte, el índice de aplicación para concretar los aumentos seguirá surgiendo de una combinación entre aumento de salarios y costo de vida, no de presuntos “acuerdos entre las partes”, lo que en la práctica funciona como una imposición de la parte locadora (propietario).
En el plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto que se concretó este miércoles en el Salón Illia del Palacio quedó definido el dictamen de mayoría que impulsa el oficialismo, esta vez con todo el abanico de aliados acompañando, incluido el grupo que lidera el jujeño Guillermo Snopek, que protagonizó un desprendimiento en el verano pasado, y que dejó al oficialismo sin quorum propio.
Fueron 10 las firmas del dictamen de mayoría en Presupuesto, y otras nueve, en Legislación General. La rosca política y la negociación le dieron frutos al oficialismo, que ahora quedó a un paso de llegar al recinto con quorum, y la chance concreta de votar una nueva ley de alquileres con una cifra cercana a los 37, la mayoría absoluta.
La oposición en el Senado mantendrá el criterio que los guío en Diputados: insistirá con la media sanción tal cual llegó de Diputados, ofreciendo ese dictamen como de minoría.
Fuentes del oficialismo confiaron que la sesión por alquileres se haría el próximo jueves 21 de septiembre. El oficialismo cuenta a los soldados de a uno y semana tras semana. Entre problemas de salud, y viajes (por caso, un senador oficialista viajará con Sergio Massa a España, en los próximos días) podrían dejarlo sin quorum, y frustrar el trabajoso acuerdo conseguido con aliados, en un momento político adverso para el peronismo.
Además de la reducción de un año a seis meses en el tiempo mínimo para aplicar indexaciones por inflación, el nuevo dictamen agrega una novedad: habrá incentivos fiscales para aquellos propietarios de uno o hasta dos inmuebles que ofrezcan en alquiler, que le posibilitaría, según distintas estimaciones, un beneficio aproximado – durante los tres años del contrato- equivalente a un mes y medio del monto mensual de los alquileres.
Con todo, el gran desafío de esta nueva modificación de la ley de alquileres será que efectivamente los contratos sean inscriptos en los organismos correspondientes, condición indispensable para acceder a los beneficios impositivos. En la actualidad, según estimaciones, sólo el 10 por ciento de los contratos de alquiler se encuentran registrados, aun cuando la ley actual así lo obliga.
En el artículo 2, inciso b, el dictamen habla sobre las excepciones al plazo mínimo de tres años: “Habitación con muebles que se arrienden con fines de turismo, descanso o similares, y para cualquier otro fin temporario de interés del locatario. Si el contrato supera los tres meses, salvo prueba en contrario, se presume que no fue hecho con esos fines".
En cuanto al modo en que se ajustarán los contratos, el artículo 5 dice: “El precio debe fijarse con un valor único en moneda nacional, con actualizaciones por intervalo no inferiores a los seis meses”. El índice a aplicar surgirá del “coeficiente casa propia”, publicado en la actualidad por el Ministerio de Desarrollo territorial y Habitad.
Los beneficios impositivos para el propietario estarán en el tributo de Bienes Personales, y en los costos bancarios por débito y crédito (cuando se concretan las transferencias de los pagos mensuales) y también aplicará para el impuesto a las ganancias, aquellas personas alcanzadas por ese tributo.
Las posibilidades de que este dictamen prospere en el Senado, y obtenga media sanción, son altas. En ese caso, volvería a la cámara de origen, y ahí la oposición (para volver a revertir la iniciativa del Senado) necesitaría “insistir con su media sanción original”.
El dilema para Juntos por el Cambio, en Diputados, es que tendría altas dificultades para volver a reunir los 125 votos afirmativos que consiguió el pasado 23 de agosto. ¿Por qué?, porque en el nuevo acuerdo el Senado incluye a partidos provinciales que a su vez tienen su expresión en Diputados, y que en su momento votaron con JxC. Pero ahora, cambiarían apoyando el nuevo acuerdo.
Para “insistir” con un proyecto, modificado en la cámara revisora (como este caso), es necesario reunir al menos todas las voluntades originarias, o más, pero nunca menos.