El gobierno provincial podría contar con la ley de presupuesto 2022 y la de política tributaria para antes de fin de año tal como anhela la administración de Omar Perotti. Un indicio lo dio el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la provincia, Fabián Palo Oliver, al dialogar con La Capital tras escuchar al ministro de Economía, Walter Agosto. “Para nosotros es fundamental que la provincia tenga un presupuesto porque es la principal herramienta que tiene un Ejecutivo máxime como lo que ha pasado a nivel nacional” dijo.
El ministro dijo que los fondos para compensar los de Conurbano en los conglomerados Santa Fe y Rosario están previstos en el presupuesto que está en discusión. “El tema del financiamiento es importante, sobre todo teniendo en cuenta que la provincia tiene que afrontar el año que viene amortizaciones de deuda por un monto significativo”, indicó.
“En marzo vence una cuota de 125 millones de dólares de los bonos que la provincia emitió en 2016 y eso es una instancia importante no solo por la cifra que eso significa, sino por las dificultades que hoy se ven en materia económica y cambiaria", justificó al sostener que la provincia no tiene esos dólares que debe “procurar, adquirir en el mercado único como cualquier provincia con las dificultades que hoy imponen las restricciones vigentes”, indicó.
Por esa razón “no hay que perder tiempo en poder procurarlos financieramente”, precisó el ministro. En cambio, “lo que sí la provincia tiene que tener una perspectiva para, en primer lugar, ir juntando los pesos para poder comprarlos”, dijo.
El presupuesto provincial que la semana pasada aprobaran de forma unánime los senadores santafesinos fue una instancia previa a que la Cámara de Diputados de la Nación rechazara aprobarle el presupuesto al gobierno del presidente Alberto Fernández. Esa circunstancia otorgó otra expectativa a la cita de Agosto en la Cámara baja provincial. Ya no sólo le requerían precisiones sobre las cifras enviadas y resueltas en el Senado que ahora deberían considerar en ese cuerpo, sino que se requería saber cuánto afectaría a la “ley de leyes” provincial la carencia de su similar referencial a nivel provincial.
En rigor, el presupuesto provincial se elabora teniendo como marco los datos macro que el gobierno central plasma en su cálculo de gastos y recursos para el período siguiente. Por tal razón, la iniciativa que el Senado santafesino aprobó la semana pasada y remitió a Diputados no sólo prevé recursos por unos 850.000 millones de pesos; gastos por 851.000 millones y un superávit ínfimo de algo más de 570 millones, sino que todos estos cálculos se hicieron en base a una tasa de crecimiento anual del 4% y una inflación estimada para el 2022 del orden del 33%.
Esas cifras, por muy controversiales que fueran, ya no existen. Y peor aún, las previsiones de inversión que el presupuesto nacional contemplaba para Santa Fe también. Alguna de ellas esperadas y reclamadas como el puente entre Santa Fe y Santo Tomé o una cláusula sobre cómo la Nación saldará con la provincia el monto de la deuda estimada en 130 mil millones de pesos por detracción indebida de coparticipación, sobre la cual falló la Corte Suprema de Justicia.
La noticia del fallo de la Corte que, más allá de un logro político provincial importaba una sensible y aun cuando prudentemente no se incorpora al presupuesto provincial en discusión, importará una aireación a las arcas públicas provinciales para el ejercicio venidero.
Pero como recordó el mismo Agosto al salir de reunión en la Legislatura “la normativa establece que el marco fiscal para elaborar los presupuestos provinciales es el presupuesto nacional” y señaló ya son 16 las provincias que “han aprobado sus presupuestos con independencia de este desfasaje vinculando la pauta de inflación prevista con la pauta de inflación real porque los presupuestos tienen mecanismos de actualización para hacer frente a tal situación que en un país con tal inercia inflacionaria son necesarios”.
La comisión y todos los demás diputados que quisieron (no fueron pocos por lo que el encuentro debió realizarse en el mismo reciento del cuerpo) citaron a Agosto para que explique cómo se gastaron los recursos en el 2021. Algo que no pocos candidatos opositores se preguntaron en la reciente campaña electoral. Ayer la socialista Clara García recordó que algunas áreas sensibles, a la luz de las cifras, estuvieron subejecutadas en sus previsiones presupuestarias.
Al ingresar a la Legislatura, poco antes de las 11.45, Agosto no hizo declaraciones y pocas fueron las que desgranó al salir fiel a su lacónico estilo aunque no se lo notó a él y parte de su equipo aspecto desanimado.
Otro indicio lo dio el también socialista diputado, Rubén Giustiniani, para quien el ministro hizo “una defensa sólida” del presupuesto. Aunque sostuvo que desde su bloque, Igualdad, le cuestionaron tres aspectos: “las participaciones porcentuales en el total de tres ministerios estratégicos como lo son el de educación, salud y seguridad, son menores para el año que viene respecto al actual; el plan Incluir que se mantiene en 4.000 millones para el 2022 ignorando la inflación y el difícil contexto económico social; y el presupuestar considerando una inflación del 33% para el año que viene que es subestimar recursos que luego pueden ser manejados con discrecionalidad por el gobierno”.
El proyecto que Diputados deberá resolver si convierte o no en ley contempla como ya se informó en este diario una ampliación a unos 12 mil millones de pesos el programa Billetera Santa Fe una iniciativa a la que la Casa Gris considera un éxito por la aceptación que tuvo en comerciantes y consumidores y la contribución no menor que significa su uso en el blanqueo de las operaciones comerciales minoristas.
Otro programa emblema del gobierno de Perotti es el Boleto Educativo Gratuito al que para 2022 se le destinan presupuestariamente unos 5 mil millones y también para el otro eje de su esquema de promesas como es el Plan de Conectividad, para extender internet a toda el territorio haciéndolo accesible a toda la población, cuya ley fue aprobada este año por la Legislatura.
La inversión pública asciende a 116.898 millones, equivalente al 14% del gasto total, con obras y equipamiento en infraestructura vial, agua potable, salud, seguridad, infraestructura escolar y cultural y vivienda, incluyendo la inversión real directa y los gastos de capital.
