El agronegocio, y en especial la soja transgénica, es el corazón del modelo extractivo argentino. En la actualidad nuestro país se encuentra entre los cuatro principales productores mundiales de soja transgénica, con casi 24 millones de hectáreas cultivadas.40 Desde fines de los años 90, cuando se aprobó la soja transgénica, la expansión del agronegocio implicó la reestructuración global del sistema agrario tradicional (lógica de ganadores y perdedores), y no obstante ello fue muy difícil abrir un debate social, político y ambiental sobre sus implicancias.
El agronegocio en la Argentina se caracteriza por el uso intensivo de biotecnologías que cumplen los estándares internacionales (semillas transgénicas a través de la técnica de siembra directa), lo cual posicionó a nuestro país como uno de los mayores exportadores mundiales de cultivos transgénicos. Estas innovaciones implicaron un gran desarrollo del sector agroalimentario y un salto en la escala de producción, e incrementaron notablemente su peso relativo en las exportaciones y la economía. Este modelo agrario se extendió no solo en la región pampeana, sino también en las áreas marginales, esto es, en el Norte y Litoral del país, y hoy ocupa alrededor de 26 de 33 millones de hectáreas sembradas, de las cuales el 90% está dedicado a la soja. La rentabilidad del sector agroalimentario se vio favorecida por la salida de la convertibilidad en el año 2002, y por las constantes y sucesivas devaluaciones de la moneda local, como asimismo por el boom de los precios internacionales de productos primarios y el consenso de los commodities.
El modelo de agronegocios es responsable del mayor problema socioambiental de la Argentina, nuestro Chernóbil en potencia. Por otro lado, a diferencia de la megaminería, es un modelo más complejo debido a su capacidad para articular actores sociales y económicos diferentes y por la red de empleos y servicios que genera. Mientras en el sector semillero encontramos a las grandes multinacionales (Monsanto, Syngenta, Cargill) y unos pocos grupos económicos locales, en el circuito de producción surgieron otros actores económicos, entre ellos, los “terceristas” (que cuentan con el equipamiento tecnológico), los “contratistas” (suerte de “productores sin tierra” entre los que se incluyen actores extraagrarios, como los pools de siembra y los fondos de inversión) y, por último, los pequeños y medianos propietarios (muchos de ellos devenidos rentistas porque alquilan sus propiedades para el cultivo de la soja). La expansión del modelo de agronegocios produjo el surgimiento de organizaciones empresariales vinculadas al sector agroindustrial, entre las que se destacan la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) y la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea), así como organizaciones por cadenas de producción como Maizar (maíz), Acsoja (soja), Aagir (girasol), ArgenTrigo (trigo) y Acta (Asociación de Cámaras de Tecnología), que nuclean, entre otros, a los proveedores de fertilizantes, agroquímicos y semillas. Estas organizaciones, a diferencia de las tradicionales Sociedad Rural Argentina (SRA), Federación Agraria Argentina (FAA) o Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), presentan una integración vertical que abarca desde la producción primaria hasta sectores de servicios ligados a la nueva trama productiva.
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Desde los inicios, la concentración económica es uno de los rasgos propios del modelo de agronegocios. Así, mientras Monsanto controla el 90% del mercado de semillas transgénicas, Novartis es la primera empresa agroquímica a nivel mundial. La coronación de este proceso, que se inició en los años noventa con la irrupción de la soja transgénica, es el intento permanente de una nueva “ley de semillas” hecha a medida de las grandes transnacionales semilleras. Esto vendría a cerrar el capítulo de aquellos años e implicaría la privatización total del sistema agropecuario argentino.
Al compás del avance mundial del agronegocio y el monocultivo de la soja, la Argentina ha perdido diversidad y muestra una clara tendencia al acaparamiento de tierras. El modelo sojero conlleva una territorialidad cada vez más excluyente, que arrincona a las poblaciones campesinas e indígenas y condena al ocaso al mundo chacarero. La expansión de la frontera agropecuaria se realizó a costa de una violentísima deforestación y ocupación territorial, pero también de la reducción y desaparición de otros actores agrarios. Esto implicó la eliminación de comunidades que vivían en los montes y bosques deforestados. Hubo expulsión y asesinatos de campesinos que defendían su territorio y un éxodo de pequeños productores, que dejaron el campo para malvivir en los cordones de las grandes áreas metropolitanas.
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Viale y Svampa, los autores de un libro clave.
Según el Grupo de Estudios Rurales, la técnica agrícola de siembra di- recta impactó fuertemente en el uso de mano de obra, que disminuyó entre un 28 y un 37%, lo cual generó un fuerte éxodo de la población rural hacia las ciudades. Asimismo, los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) confirman la concentración de tierras: el 2% de las explotaciones agropecuarias representa el 50% de la tierra, mientras que el 57% de las explotaciones agropecuarias (las más pequeñas) tienen solo el 3%. Los resultados preliminares del último Censo Nacional Agropecuario (realizado en 2018) dan cuenta de que la explotación agropecuaria queda cada vez en menos manos. El 1,08% del total de los emprendimientos agrarios utiliza el 36,4% de los terrenos productivos del país. Asimismo, el Censo señala que hay alrededor de ochenta mil productores menos que hace dieciséis años. La mutación y reconfiguración del sector contribuyó a crear un modelo de “agricultura sin agricultores”, como subrayan tantos especialistas en el tema.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2016), la Argentina está entre los diez países que más deforestan a nivel mundial: unas 300 mil hectáreas anuales en promedio. Durante los últimos treinta y cinco años se perdieron 12 millones de hectáreas de zonas boscosas solamente en la ecorregión del Gran Chaco argentino. La ley nacional de protección del bosque nativo, sancionada en 2008, continúa desfinanciada mientras se suceden los desmontes para el avance de la soja transgénica o la ganadería. Los impactos sanitarios y ambientales del agronegocio se hacen sentir. Las cosechas récords de soja van acompañadas por la pérdida de bosques nativos, la degradación acelerada de los suelos, la contaminación del agua y los pueblos fumigados con agrotóxicos. Por lejos, esta se ha convertido en la mayor problemática socioambiental de nuestro país, debido a su extraordinaria extensión y proporción de ocupación territorial.
La Argentina consume más del 9% de toda la producción de glifosato del planeta y es el país donde se utilizan más litros de glifosato por habitante a nivel mundial. Los datos muestran que en la cosecha 1948/1949, la Argentina utilizaba solo diez mil litros de agroquímicos, cifra que aumenta a 3,5 millones en los años sesenta. A partir de 1996 (cuando se autoriza la utilización de la semilla transgénica de soja), a los ya 69 millones de agroquímicos tradicionales se sumaron 250 millones de litros de glifosato, que en nuestros días alcanza la friolera de 500 millones de litros anuales fumigados sobre los campos, pero también sobre pueblos y hasta escuelas rurales. Según estudios científicos, incluso nuestros grandes ríos, como el Paraná, proveedores de la mayor parte de la población, están contaminados con agrotóxicos.
